El 31 de marzo de 1964 marcó el comienzo de uno de los períodos más oscuros y complejos de la historia contemporánea de Brasil. Un golpe de Estado depuso al presidente democráticamente elegido João Goulart e instaló en su lugar una dictadura militar que gobernaría el país durante más de dos décadas, hasta la asunción del primer presidente civil, José Sarney, el 21 de abril de 1985.
Los antecedentes inmediatos del golpe se remontan a los primeros años de la década de 1960. Brasil arrastraba desde comienzos de 1964 graves problemas económicos: la inflación era elevada, las reservas se deterioraban y el clima de inversión era frágil. El presidente João Goulart impulsaba un programa de reformas de base que incluía la reforma agraria, la nacionalización de refinerías privadas y otras medidas que sus adversarios caracterizaban como una peligrosa deriva hacia el comunismo. Las tensiones entre Goulart y la oposición derechista, que incluía a sectores militares, empresariales y eclesiásticos, se habían vuelto irreconciliables.
En ese contexto, las fuerzas armadas actuaron. El gobierno de los Estados Unidos, que en el marco de la Guerra Fría y el Plan Cóndor apoyaba activamente a movimientos que desplazaran a gobiernos percibidos como favorables a la izquierda en América Latina, brindó asistencia logística y económica al nuevo régimen desde sus primeros días. El primer presidente del período fue Humberto de Alencar Castelo Branco, que asumió tras el golpe y marcó el carácter inicial del proceso.
Durante los primeros años, entre 1964 y 1967, el sistema político mantuvo un carácter netamente militar en la práctica. Sin embargo, en 1967 el régimen se autoinstitucionaliz adoptando una constitución civil que establecía un modelo de Estado burocrático-autoritario. Bajo esa nueva carta magna, el presidente no era elegido por sufragio popular sino designado por ambas cámaras del Congreso Nacional, y poseía poderes casi absolutos. Para garantizar la supervivencia del régimen, la constitución instauró un bipartidismo forzado: la Alianza Renovadora Nacional, conocida como ARENA, era el partido oficial de facto, mientras que el Movimiento Democrático Brasileño, el MDB, funcionaba como una oposición tolerada pero sin posibilidades reales de triunfo.
Entre 1967 y 1978 se realizaron cuatro elecciones parlamentarias, en todas las cuales la ARENA retuvo la mayoría en ambas cámaras bajo acusaciones de fraude electoral e intimidación. Aunque la constitución permitía en teoría que el presidente fuera civil, los cuatro presidentes elegidos durante el régimen fueron militares, lo que garantizó la influencia permanente de las fuerzas armadas en la política del país.
El régimen alcanzó su apogeo en 1970 con el llamado milagro económico brasileño, un período de crecimiento acelerado que atrajo inversiones extranjeras y generó popularidad para el gobierno incluso entre sectores que padecían la represión política. Ese contexto económico favorable amortiguo por un tiempo las críticas y dio al régimen una legitimidad de facto que sus mecanismos represivos solos no habrían podido sostener.
A partir de 1974, bajo la presidencia de Ernesto Geisel, el panorama económico comenzó a deteriorarse. El impacto de la crisis del petróleo, la deuda externa creciente y la inflación persistente erosionaron el consenso que el milagro había construido. Las elecciones parlamentarias comenzaron a reflejar el creciente descontento: el MDB fue obteniendo resultados cada vez mejores, poniendo en evidencia las limitaciones del modelo bipartidista diseñado para perpetuar el dominio oficial.
En 1979, con la llegada de João Figueiredo a la presidencia, se legalizó la creación de nuevos partidos políticos. La medida buscaba originalmente fragmentar a la oposición y facilitar el continuismo del régimen, pero tuvo el efecto contrario: revitalizó la vida política y abrió espacios para la reorganización de fuerzas contrarias a la dictadura. En ese mismo período, el colapso progresivo de las dictaduras militares en Perú, Uruguay, Argentina, Chile y otros países del cono sur aislaba internacionalmente al régimen brasileño y reforzaba las presiones para la transición.
En 1985 se realizó la última elección indirecta del período. El candidato del MDB, Tancredo Neves, triunfó por amplio margen sobre el candidato del oficialismo. Sin embargo, Neves falleció antes de asumir el cargo y fue reemplazado por su vicepresidente, José Sarney, que tomó posesión el 15 de marzo de 1985 y con ello puso fin formalmente al régimen militar. Sarney restauró las libertades civiles, programó la elaboración de una nueva constitución que fue aprobada en 1988, y restableció la elección directa del presidente de la república, sellando la transición definitiva a la democracia.
El saldo de la dictadura incluyó masivas violaciones a los derechos humanos, aplastamiento de la libertad de prensa, persecución política sistemática y la eliminación de todas las garantías democráticas durante sus períodos más represivos. La memoria de ese pasado, con sus desaparecidos, sus exiliados y sus presos políticos, es una herida que la sociedad brasileña continúa procesando en el presente.
