La sublevación de Cataluña, también conocida como guerra dels Segadors o guerra de los Segadores, fue uno de los conflictos internos más graves que sacudieron la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII. Extendida entre 1640 y 1652 en su fase principal, y concluida definitivamente en 1659, esta revuelta marcó un punto de inflexión en la historia de la Corona española y en la identidad política del Principado de Cataluña.
El conflicto tuvo su origen en una acumulación de tensiones que venían creciendo desde décadas atrás. A principios del siglo XVII, Castilla arrastraba una profunda crisis estructural: su población había mermado considerablemente, su economía se desmoronaba y las remesas de metales preciosos provenientes de las Indias llegaban tarde y en cantidades cada vez menores. Como señalara el historiador Joseph Pérez, Castilla se hallaba exhausta tras un siglo de guerras casi continuas. Esta decadencia repercutió directamente en los ingresos de la Hacienda real, situación que se agravó en 1618 con el inicio de la guerra de los Treinta Años y en 1621 con la reanudación de la guerra de los Ochenta Años contra las Provincias Unidas de los Países Bajos, tras el vencimiento de la Tregua de los Doce Años.
Ante este panorama, el conde-duque de Olivares, valido del rey Felipe IV, diseñó una estrategia ambiciosa para reestructurar la monarquía compuesta de los Austrias. Su proyecto quedó sintetizado en el lema latino Multa regna, sed una lex, es decir, muchos reinos pero una sola ley, entendiendo que esa ley debía ser la de Castilla. En un memorial secreto fechado el 25 de diciembre de 1624, Olivares expuso a Felipe IV sus planes de uniformizar las leyes e instituciones de todos los reinos. Dos años después, en 1626, presentó oficialmente la llamada Unión de Armas, un esquema mediante el cual todos los territorios de la Monarquía Hispánica contribuirían proporcionalmente en hombres y dinero para su defensa común.
Cataluña, como el resto de los territorios de la Corona de Aragón, recibió con profunda hostilidad estas medidas. El Principado contaba con fueros e instituciones propias que garantizaban su autonomía, y la imposición de nuevas cargas fiscales y militares chocaba frontalmente con sus tradiciones jurídicas. A la resistencia política se sumaron los abusos materiales cometidos por las tropas reales acantonadas en el territorio a causa de la guerra con Francia, una contienda enmarcada en la guerra de los Treinta Años. Estos soldados, mercenarios de diversas procedencias, saqueaban poblaciones, cometían desmanes y generaban un profundo resentimiento entre la población local.
La chispa definitiva se produjo el 7 de junio de 1640, festividad del Corpus Christi, en una jornada que pasaría a la historia como el Corpus de Sangre. Ese día, una multitud de campesinos y segadores que habían llegado a Barcelona para las festividades, agravados por los ultrajes sufridos, protagonizaron una explosión de violencia en la ciudad. El hecho más trascendente de aquella jornada fue el asesinato del conde de Santa Coloma, noble catalán que ejercía como virrey de Cataluña, cuyo cuerpo fue hallado en la playa adonde huyó intentando escapar de la turba.
Los sublevados justificaron su rebelión principalmente con argumentos religiosos, acusando a las tropas reales de haber profanado iglesias y cometido sacrilegios. De manera especial, el tercio comandado por el napolitano Leonardo Molas fue señalado por haber robado e incendiado la iglesia de Riudarenas, incluso con el Santísimo Sacramento presente. Escritores e intelectuales del bando contrario, como Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca, quien había estado acantonado como soldado en la región, negaron estas imputaciones y argumentaron que el origen del conflicto residía en la negativa de los lugareños a dar alojamiento a las tropas.
Tras el Corpus de Sangre, la Generalitat de Cataluña, liderada por el conseller en cap Pau Claris, tomó la decisión de buscar el amparo de la Corona francesa. En enero de 1641, Pau Claris proclamó la República Catalana bajo la protección del rey Luis XIII de Francia, aunque apenas días después, ante la complejidad jurídica de la situación, se rectificó y Cataluña se puso bajo soberanía francesa como condado. Esta alianza permitió a los catalanes resistir durante años la presión militar castellana.
La guerra se prolongó durante más de una década con altibajos en la fortuna de ambos bandos. El empuje castellano fue recuperando territorios paulatinamente, hasta que en 1652, tras un prolongado asedio, Barcelona capituló ante las fuerzas de Felipe IV. El rey, siguiendo una política de moderación, respetó los fueros y privilegios catalanes, lo que facilitó la reintegración del Principado a la Monarquía Hispánica.
Sin embargo, el conflicto no quedaría cerrado del todo hasta 1659, cuando la firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia puso fin oficialmente a la guerra. Este acuerdo tuvo consecuencias territoriales duraderas: el condado del Rosellón y la mitad del condado de Cerdaña, hasta entonces integrantes del Principado de Cataluña, pasaron definitivamente a la soberanía del Reino de Francia.
El legado de la guerra de los Segadores resultó profundo en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista territorial, la cesión del Rosellón supuso una fragmentación permanente del territorio catalán a ambos lados de los Pirineos. Desde el político, la revuelta evidenció los límites del proyecto centralizador de Olivares y la resistencia de los territorios periféricos a la uniformización. El valido fue apartado del poder en 1643, en parte como consecuencia de los fracasos de su política.
La memoria colectiva catalana preservó este episodio como símbolo de resistencia frente al centralismo castellano. El himno nacional de Cataluña, Els Segadors, surgido precisamente de aquella época convulsa, perpetúa hasta hoy la memoria de los campesinos que se alzaron aquel Corpus de 1640. Pocas revueltas del siglo XVII europeo dejaron una huella cultural tan duradera en la identidad de un pueblo.
