La región del Catatumbo, enclavada en el departamento de Norte de Santander al noreste de Colombia, lleva décadas atrapada en un conflicto armado que el Estado colombiano nunca ha logrado resolver. Con un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 41,4 por ciento, muy por encima del promedio nacional de 14,1 por ciento, y con cerca del 50 por ciento de insatisfacción en las zonas rurales, el Catatumbo es una región históricamente abandonada donde los cultivos de coca se convirtieron en la única fuente de sustento viable para cientos de familias. Sobre ese sustrato de pobreza y olvido estatal, los grupos armados construyeron durante décadas un poder paralelo que el Estado nunca pudo desplazar.
La historia de la violencia armada en la región tiene raíces profundas. Entre 1973 y 1974 llegó el Ejército Popular de Liberación con el frente Libardo Mora Toro. El 31 de enero de 1979, el Ejército de Liberación Nacional tomó el municipio de Convención en una acción armada que marcó su entrada en la zona. En los años ochenta llegaron las FARC, y en los noventa los paramilitares del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada organización fue acumulando control territorial, población civil bajo su dominio y economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión.
El Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP representó una oportunidad histórica para romper ese ciclo, pero la desmovilización fue incompleta. Varios guerrilleros no se acogieron al acuerdo y otros retomaron las armas posteriormente, dando origen a grupos disidentes como el Frente 33, que operaba en el Catatumbo. El ELN, que nunca participó en aquel proceso de paz, había sido históricamente el grupo dominante en la región e incluso contribuyó a la creación de ese frente disidente tras la desmovilización de las FARC-EP.
Durante años, el Frente 33 y el ELN coexistieron de manera tensa pero relativamente controlada. La ruptura comenzó a gestarse en 2022, cuando el Frente 33 se aproximó al mando central de las disidencias de las FARC-EP y un nuevo comandante conocido como Richard tomó el liderazgo con claras ambiciones expansionistas en una región que el ELN consideraba su territorio histórico. La escalada de tensiones fue gradual pero inexorable, y los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, interrumpidos en varias ocasiones por acciones terroristas, no lograron contener la dinámica de confrontación.
El 16 de enero de 2025, en horas de la mañana, el ELN lanzó una ofensiva de gran escala contra las disidencias de las FARC-EP en el Catatumbo con el objetivo declarado de expulsarlas definitivamente de la zona. La violencia se desató con una intensidad que superó todo lo registrado anteriormente en la región. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, la crisis humanitaria y el desplazamiento forzado que se desencadenaron superaron incluso la peor emergencia conocida en el Catatumbo hasta entonces, que había ocurrido en 1997.
Las cifras del impacto sobre la población civil fueron devastadoras. Decenas de miles de personas huyeron de sus hogares en los primeros días, convirtiéndose en desplazados internos en una región donde los servicios del Estado ya eran casi inexistentes. Las masacres, los ataques a comunidades y el bloqueo de carreteras agravaron la crisis humanitaria, dificultando el acceso de ayuda. Los municipios del Catatumbo quedaron atrapados entre el fuego cruzado de los dos grupos armados, sin capacidad del Estado para garantizar la seguridad ni para atender a la población afectada.
Los antecedentes de la crisis habían sido señalados con claridad por las autoridades competentes. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en 2020, y en 2022 publicó un informe de seguimiento que reiteraba la gravedad de la situación. Human Rights Watch había documentado en agosto de 2019 la violencia en la región, estimando que la campaña de grupos armados había afectado directamente a entre 145.000 y 300.000 civiles. Las señales de alarma estaban sobre la mesa, pero la respuesta institucional fue insuficiente para prevenir la explosión de enero de 2025.
El conflicto del Catatumbo es, en última instancia, el reflejo concentrado de los problemas estructurales del conflicto armado colombiano: una región abandonada por el Estado, una economía rural sin alternativas lícitas viables, grupos armados que llenan el vacío de poder con violencia y economías ilegales, y procesos de paz que no alcanzan a todos los actores armados. La crisis de 2025 dejó en evidencia que sin una presencia real del Estado y sin alternativas económicas para las comunidades campesinas, el ciclo de violencia tiene plena capacidad de reproducirse, independientemente de los acuerdos que se firmen en las capitales.
