El primer proceso de destitución de Donald Trump fue uno de los episodios más polarizantes de la historia política reciente de los Estados Unidos, un procedimiento constitucional que puso en evidencia las profundas fracturas del sistema institucional estadounidense y que concluyó el 5 de febrero de 2020 con la absolución del presidente en el Senado.
El origen del proceso se remonta al 12 de agosto de 2019, cuando un oficial de inteligencia no identificado presentó una queja formal ante Michael Atkinson, inspector general de la Comunidad de Inteligencia, amparándose en la Ley de Protección de Denunciantes de la Comunidad de Inteligencia. El informante, identificado posteriormente como Alexander Vindman, alegaba que el presidente Trump, junto a otros altos funcionarios de su administración, había presionado a líderes de Ucrania para que investigaran al exvicepresidente y entonces precandidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter Biden, en relación con las actividades empresariales de este último en el país.
La denuncia fue entregada al Congreso el 25 de septiembre de 2019 y publicada al día siguiente. Una semana después, el 5 de octubre, un segundo informante se presentó ante las autoridades con un elemento de notable relevancia: afirmaba tener conocimiento de primera mano de la llamada telefónica del 25 de julio de 2019 entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, conversación que se encontraba en el corazón de la investigación.
El contenido de esa llamada era clave. La Casa Blanca publicó una transcripción parcial que confirmaba que Trump había solicitado a Zelenski que investigara a los Biden, sugiriendo que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudy Giuliani para avanzar en el asunto. El teniente coronel Vindman, presente durante la conversación, señalaría más tarde que la Casa Blanca solo hizo pública una versión parcial y que la transcripción no recogía todo lo que se había hablado.
La investigación de la Cámara de Representantes reunió el testimonio de varios funcionarios de peso. El embajador Bill Taylor declaró sobre las presiones ejercidas sobre Ucrania; Laura Cooper, máxima autoridad del Pentágono en materia de política ucraniana, aportó su perspectiva desde el ámbito de la defensa; Fiona Hill, exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional, y al menos otros seis funcionarios de la Casa Blanca corroboraron distintos aspectos de las acusaciones.
El caso se centraba en la acusación de que Trump había bloqueado la entrega de ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso, utilizando esa asistencia como palanca para obtener investigaciones perjudiciales para su rival político. El 17 de octubre de 2019, Mick Mulvaney, jefe de gabinete en funciones, reconoció públicamente que Trump sí había bloqueado la ayuda, aunque más tarde matizó sus declaraciones.
La respuesta de la Casa Blanca al proceso de destitución fue de resistencia frontal. El asesor jurídico Pat Cipollone envió una carta a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, comunicando que el Ejecutivo no cooperaría con la investigación, aduciendo una larga lista de objeciones procedimentales, entre ellas que la Cámara en pleno no había votado formalmente para iniciar el proceso.
Pelosi había anunciado el inicio formal de la investigación de destitución el 24 de septiembre de 2019. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó finalmente dos cargos contra Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso. El proceso pasó entonces al Senado, donde los republicanos tenían mayoría. Tras un juicio de varias semanas, el Senado absolvió a Trump de ambos cargos el 5 de febrero de 2020, con una votación prácticamente dividida por líneas partidistas.
El primer proceso de destitución de Trump dejó varias lecturas históricas. Fue el tercer juicio político contra un presidente en la historia de los Estados Unidos, después de los de Andrew Johnson y Bill Clinton. Demostró la capacidad del Congreso para iniciar un proceso de control institucional frente al Ejecutivo, pero también la dificultad de llegarlo a término cuando el Senado responde a lealtades partidistas antes que a criterios de verificación de los hechos. Las acusaciones sobre Ucrania y la relación entre política exterior e intereses electorales quedaron en el centro del debate político durante meses.
