El 2 de agosto de 1937, el Congreso de los Estados Unidos adoptó una ley que cambiaría para siempre la relación de ese país con el cannabis: la Marihuana Tax Act, o Ley de Tasación de la Marihuana. Su texto no criminalizaba directamente la posesión o el consumo de la planta, pero establecía un gravamen tan oneroso y un sistema de sanciones tan severo que, en la práctica, hacía imposible cualquier uso legal de la marihuana para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
La ley alcanzaba a todos los eslabones de la cadena vinculada al cannabis: importadores, productores, industriales, comerciantes e intermediarios de cualquier tipo, pero también a los consumidores e incluso a los profesionales de la salud que recetaban o empleaban la planta en sus preparados, incluyendo médicos, dentistas, veterinarios y farmacéuticos. Cualquier infracción conllevaba penas que podían llegar a multas de hasta dos mil dólares y condenas de hasta cinco años de prisión, castigos pensados para disuadir no solo el tráfico sino también el uso cotidiano.
El arquitecto de esta legislación fue Harry J. Anslinger, comisario del Federal Bureau of Narcotics, la Oficina Federal de Narcóticos. Anslinger había dedicado más de una década a construir una campaña mediática e institucional orientada a obtener una regulación federal sobre el cáñamo. Su estrategia combinaba la exageración de los riesgos de la droga con argumentos que, en muchos casos, tenían ribetes claramente racistas, asociando el consumo de marihuana con comunidades afroamericanas, mexicanas e inmigrantes en general, a quienes se presentaba implícita o explícitamente como amenaza social.
La elección del término marihuana en lugar de cannabis o hemp tampoco fue casual. La grafía en inglés marihuana, transcripción de la pronunciación mexicana del término, era la fórmula usual en los documentos federales de la época y cumplía una función retórica: reforzar la asociación entre la sustancia y los inmigrantes mexicanos, a los que buena parte de la población anglosajona miraba con desconfianza. Esa misma ortografía sirvió como base jurídica para la ley HR 3037, votada por el Congreso en 2005, referida al cultivo del cáñamo industrial.
La única voz institucional de peso que se opuso de forma pública a la campaña de Anslinger fue la del alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia. En 1938, La Guardia creó una comisión investigadora para estudiar los efectos reales del cannabis y, en 1944, publicó los resultados de ese trabajo en el célebre informe conocido como La Guardia Committee Report, que contradecía de manera frontal las afirmaciones más alarmistas de Anslinger y ponía en cuestión los fundamentos científicos de la ley.
La Marihuana Tax Act se mantuvo vigente durante más de tres décadas, hasta que su constitucionalidad fue cuestionada de manera directa por Timothy Leary. Condenado en 1965 a treinta años de reclusión por posesión ilegal de marihuana en virtud de esa ley, Leary apeló la sentencia argumentando que la norma vulneraba la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que obligaba al infractor a incriminarse a sí mismo al intentar pagar el impuesto. La Corte Suprema de los Estados Unidos le dio la razón en 1969, declarando inconstitucional la Marihuana Tax Act.
En respuesta a ese vacío legal, el Congreso aprobó en 1970 la Controlled Substances Act, una ley de mayor alcance que clasificaba al cannabis junto con otras drogas consideradas de alto riesgo. Esta nueva regulación tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las fronteras estadounidenses: provocó el colapso de la producción de cáñamo en el país y contribuyó a la caída generalizada de su uso en la industria papelera a nivel mundial, perjudicando a sectores productivos que habían empleado la planta de manera legítima durante siglos.
La historia de la Marihuana Tax Act es, en última instancia, la historia de cómo una campaña de presión política sostenida, apoyada en el miedo y en prejuicios raciales explícitos, consiguió transformar en delito lo que había sido durante milenios un cultivo y un medicamento común. Su legado legal y cultural sigue siendo debatido en el siglo veintiuno, en un contexto en el que decenas de estados y países han comenzado el camino inverso hacia la despenalización y la regulación del cannabis.
