El Salvador, el país más pequeño y densamente poblado de América Central, llegó a la segunda mitad del siglo XX cargado con siglos de desigualdad estructural, concentración de la tierra y exclusión política de las mayorías. La guerra civil que devastó el país entre 1979 y 1992 no fue un estallido repentino sino la culminación de décadas de tensiones acumuladas que hundían sus raíces en la historia más profunda de la nación centroamericana.
Desde la independencia de España en 1821, El Salvador había vivido en un estado casi permanente de inestabilidad política. Después del fracaso del proyecto federal centroamericano, el país promulgó su primera Constitución como estado unitario en 1841, pero los enfrentamientos entre liberales y conservadores impidieron cualquier estabilización duradera. El triunfo definitivo de los liberales en 1871 abrió paso a la llamada República Cafetalera, una sucesión de gobiernos controlados por los grandes terratenientes dedicados al cultivo del grano. En 1881 y 1882, el presidente Rafael Zaldívar decretó la abolición de la propiedad comunal y el ejido, medidas que muchos historiadores consideran como un factor clave en la concentración de la tierra que alimentaría el descontento social durante el siglo siguiente.
Tras el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo en 1913, el poder quedó en manos de la Dinastía Meléndez Quiñónez, que gobernó hasta 1927 siguiendo un modelo de dictadura civil modernizante orientada a impulsar las exportaciones cafeteras y construir infraestructura pública. Las contradicciones internas de ese sistema estallarían con especial violencia en 1932. La crisis económica desencadenada por la caída de los precios del café tras el crack de 1929 hundió a los campesinos en la miseria. El gobierno de Arturo Araujo, que había llegado al poder tras unas elecciones en las que competían diversos candidatos de distinto perfil ideológico, entró en crisis y fue derrocado por un golpe militar el 2 de diciembre de 1931. El poder pasó al general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente constitucional del gobierno depuesto, iniciando un período de autoritarismo militar que se prolongaría con distintos rostros hasta finales de los años setenta.
La situación política y social del país se deterioró de manera acelerada durante la década de 1970. Las elecciones de 1972 estuvieron marcadas por el fraude en favor del candidato oficial, frustrando las esperanzas de reforma del opositor José Napoleón Duarte. El modelo económico agroexportador había generado una de las distribuciones de la riqueza más desiguales del continente, con una oligarquía terrateniente que controlaba la mayor parte de la tierra cultivable mientras la mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza extrema. Organizaciones guerrilleras de distinto signo comenzaron a actuar en el campo y las ciudades, y la represión gubernamental se intensificó de manera paralela.
El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 marcó formalmente el inicio del conflicto armado tal como se reconoce históricamente. Una junta militar-civil intentó inicialmente abrir paso a reformas, pero la violencia se disparó desde ambos lados. En 1980 fue asesinado el arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Romero, mientras celebraba misa, un crimen que conmocionó al mundo entero. Ese mismo año, diversas organizaciones guerrilleras de orientación marxista se unificaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, nombrándose así en honor al líder comunista Agustín Farabundo Martí, quien había participado en la frustrada insurrección campesina de 1932. En enero de 1981, el FMLN lanzó su ofensiva general final, sin lograr el levantamiento popular masivo que esperaba pero demostrando una capacidad militar suficiente para sostener una guerra prolongada.
Durante los doce años del conflicto, el país vivió una espiral de violencia de enorme intensidad. La Fuerza Armada de El Salvador aplicó una estrategia contrainsurgente que incluyó masacres de civiles, la más documentada de las cuales fue la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, donde cientos de personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinadas por el Batallón Atlacatl. Los escuadrones de la muerte, vinculados a sectores de las fuerzas de seguridad y la oligarquía, asesinaron a sindicalistas, estudiantes, sacerdotes y cualquier persona sospechosa de simpatizar con la guerrilla. El FMLN, por su parte, realizó sabotajes, secuestros de personalidades y ataques contra la infraestructura económica. El saldo final del conflicto fue de aproximadamente setenta y cinco mil muertos y quince mil desaparecidos.
La solución negociada llegó tras años de conversaciones intermitentes que se intensificaron al calor de los cambios geopolíticos que siguieron al fin de la Guerra Fría. El 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec en Ciudad de México, el gobierno salvadoreño y el FMLN firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin formal al conflicto. Los acuerdos establecieron la desmovilización de las fuerzas guerrilleras, la reducción y reforma de la Fuerza Armada, la creación de una nueva Policía Nacional Civil y la transformación del FMLN en partido político legal. El Salvador iniciaba así una transición democrática frágil pero real, cargando con las cicatrices de una guerra que había dejado a toda una generación marcada por el trauma y la pérdida.
