En la región oriental de la República Democrática del Congo, en la provincia de Kivu del Norte, se extienden las minas de Rubaya, un lugar cuyo nombre evoca tanto la riqueza mineral que encierra el subsuelo como la miseria y el peligro que rodean a quienes trabajan en él. Estas minas son una fuente crucial de coltán, el mineral que contiene tantalita y que resulta indispensable para la fabricación de condensadores en teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos que definen la vida moderna. Con más del quince por ciento del suministro mundial de tantalita saliendo de este enclave, Rubaya ocupa un lugar estratégico en una cadena de suministro global que pocos consumidores conocen y que muy pocos estarían dispuestos a examinar de cerca.
El control de la zona está en manos del Movimiento 23 de Marzo, conocido como M23, un grupo armado que desde que tomó el control del área ha impuesto tributos sobre la extracción del coltán por un valor de más de ochocientos mil dólares al mes. En ese contexto, la supervisión de las condiciones de trabajo brilla por su ausencia. Los túneles mineros se excavan principalmente a mano, sin maquinaria adecuada, sin sistemas de ventilación fiables y sin medidas de seguridad dignas de ese nombre. Un solo pozo puede albergar hasta quinientos mineros trabajando simultáneamente. Las galerías se sobreexplotan durante años y se abandonan sin mantenimiento cuando el mineral empieza a escasear, dejando estructuras subterráneas cuya estabilidad nadie puede garantizar.
El 28 de enero de 2026, las fuertes lluvias que cayeron sobre la zona desencadenaron un deslizamiento de tierra de gran magnitud en el sitio minero de Luwowo, dentro de las minas de Rubaya. El primer corrimiento se produjo durante la tarde de ese día; un segundo deslizamiento ocurrió a la mañana siguiente, el 29 de enero. La combinación de ambos eventos desintegró varias de las minas que operaban en el área, sepultando a decenas de personas bajo toneladas de barro y roca.
Las primeras estimaciones hablaban de más de doscientas víctimas mortales, entre ellas mujeres y niños que se encontraban en las inmediaciones de los yacimientos. Sin embargo, las labores de rescate se vieron entorpecidas desde el primer momento por las difíciles condiciones del terreno: el barro dificultaba el acceso y hacía casi imposible recuperar los cuerpos. Alrededor de veinte mineros heridos fueron trasladados a hospitales de la localidad de Rubaya y de Goma, la ciudad más próxima de cierto tamaño.
A medida que avanzaron los días, el balance de víctimas no dejó de crecer. Un funcionario anónimo de la República Democrática del Congo declaró que los muertos ascendían a 227. El 2 de febrero, las autoridades confirmaron oficialmente más de cuatrocientas muertes en el siniestro. Entre las víctimas no solo había mineros artesanales: también murieron niños, pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de las minas y vecinos de poblados cercanos que quedaron destruidos por el corrimiento de tierra.
La respuesta de las autoridades fue, como tantas veces ocurre en estas tragedias, tardía y contradictoria. El gobernador de la provincia de Kivu del Norte designado por el M23, Erasto Bahati Musanga, ordenó la paralización de la minería artesanal en el sitio de Luwowo y dispuso que los residentes que habían construido refugios en las inmediaciones de las minas se reubicaran. Sin embargo, el 2 de febrero, con varios mineros todavía desaparecidos bajo los escombros, las minas fueron reabiertas.
El suceso desató una tormenta política en la que el Gobierno de la República Democrática del Congo y el M23 se culparon mutuamente. El ejecutivo congoleño emitió un comunicado de condolencias y acusó al movimiento rebelde de explotar ilegalmente los recursos minerales del país, mientras que el M23 respondió acusando al gobierno de politizar la tragedia. Detrás de ese intercambio de acusaciones yace una realidad que ninguno de los dos bandos tiene verdadero interés en resolver: el sistema que produce el coltán que alimenta los dispositivos electrónicos del mundo descansa sobre una estructura de explotación laboral, ausencia de regulación y violencia estructural que hace que catástrofes como la de Rubaya no sean accidentes imprevisibles sino consecuencias lógicas de un modelo insostenible.
El colapso de la mina Rubaya de 2026 se inscribe en una larga cadena de tragedias similares ocurridas en la región y en otras zonas mineras del continente africano. Más de cuatrocientas personas pagaron con sus vidas el precio de una cadena de suministro que el mundo desarrollado prefiere no examinar con demasiado detalle. La pregunta que queda en el aire, incómoda e inevitable, es cuántos teléfonos, cuántas computadoras y cuántos dispositivos llevan en su interior el coltán extraído de esas galerías cavadas a mano, sin luz, sin ventilación, sin que nadie garantice que sus paredes no van a ceder al primer aguacero intenso.
