El 1 de mayo de 1707 entró en vigor una de las transformaciones políticas más duraderas de la historia de las Islas Británicas: el Acta de Unión, por la que los reinos de Inglaterra y Escocia dejaron de ser entidades políticas separadas y se fusionaron en el nuevo Reino de Gran Bretaña. Lo que durante siglos había sido una frontera de guerras, rivalidades y desconfianzas mutuas quedó borrado de un plumazo legislativo, aunque los debates, presiones e incluso sobornos que condujeron a ese resultado revelaron cuán complejo era el proceso.
La unión dinástica entre ambos reinos ya tenía un siglo de historia en 1707. Desde el 24 de marzo de 1603, cuando Jacobo VI de Escocia ascendió al trono inglés como Jacobo I de Inglaterra, los dos países compartían monarca, pero sus parlamentos, leyes e instituciones nacionales seguían siendo completamente independientes entre sí. Habían existido intentos fallidos de unificación parlamentaria en 1606, 1667 y 1689, pero ninguno había prosperado. La unión personal era real; la unión política, una asignatura pendiente.
Los factores que finalmente impulsaron la unión en 1707 fueron tanto de orden político como económico, y respondían a intereses distintos en cada lado de la frontera. Para Inglaterra, la preocupación central era la sucesión protestante al trono. El Acta de Establecimiento de 1701 excluía expresamente a los católicos de acceder a la corona inglesa. Sin embargo, en 1703 el Parlamento escocés había aprobado su propia Ley de Seguridad, que solo garantizaba un monarca protestante sin comprometerse a que fuera necesariamente el heredero de la Casa de Hannover, lo que abría la posibilidad de que Escocia eligiera un rey diferente al de Inglaterra tras la muerte de la reina Ana, situación potencialmente peligrosa para la estabilidad del conjunto.
Para Escocia, los motivos eran principalmente económicos. El llamado proyecto Darién había sido un desastre financiero de proporciones históricas: un infructuoso intento del reino escocés de establecer una colonia en el istmo de Panamá que arruinó a buena parte de la nobleza y de la clase mercantil del país. Muchos de los que habían invertido grandes sumas en esa aventura veían en la unión con Inglaterra una oportunidad de obtener compensación por sus pérdidas. Además, la Ley Extranjera de 1705 había impuesto sanciones económicas sobre el comercio escocés, y la unión eliminaría esas barreras.
El tratado constaba de 25 artículos, de los cuales 15 se referían a materias económicas. Cada artículo fue votado por separado en el Parlamento escocés, con comisiones especializadas encargadas de debatir los más controvertidos. El artículo primero, que sentaba el principio político de la unificación de las coronas, fue aprobado el 4 de noviembre de 1706. La ratificación final llegó el 16 de enero de 1707, con una mayoría de 110 votos contra 67.
Ese margen de victoria, sin embargo, no refleja exactamente el estado de la opinión pública escocesa. Fuera del Parlamento, la hostilidad hacia la unión era extensa y se expresó en protestas, peticiones y disturbios populares. El triunfo de los unionistas en la cámara debió mucho a la falta de cohesión de las facciones contrarias, a la presión financiera y a algo menos honroso: el soborno. Cerca de 20.000 libras esterlinas fueron entregadas al barón de Glasgow para ser distribuidas entre los parlamentarios. El comisionado de la reina Ana, el duque de Queensberry, recibió 12.325 libras, la mayor parte de las cuales se destinaron al pago de agentes y espías. El poeta Robert Burns lo resumiría un siglo después en un verso célebre: "somos comprados y vendidos por el oro inglés".
El artículo 15 del tratado garantizaba más de 398.000 libras esterlinas, el llamado "Equivalente", que serviría en parte para compensar a los inversores del proyecto Darién. La tramitación del acta en el Parlamento de Westminster fue notablemente más tranquila que en Escocia: la cámara estaba dominada por los whigs, favorables al establecimiento de la Casa de Hannover en el trono, y la oposición tory fue relativamente moderada.
Los términos de la unión preservaron importantes instituciones escocesas. La Iglesia de Escocia, de confesión presbiteriana, continuó sin cambios. El sistema legal escocés mantuvo su independencia y sigue siendo distinto al inglés hasta el día de hoy, con el Court of Session como tribunal superior. La educación también quedó fuera del alcance de la unificación. Escocia retuvo así su identidad en los ámbitos jurídico, religioso y educativo, incluso al perder su parlamento propio.
El legado del Acta de Unión de 1707 es objeto de debate permanente en la política británica. Fue el fundamento sobre el que se construyó el Reino Unido moderno, una potencia que durante los siglos XVIII y XIX dominó el mundo. Sin embargo, las tensiones identitarias que precedieron a la unión nunca desaparecieron del todo, y el debate sobre la independencia escocesa en el siglo XXI demuestra que las cuestiones planteadas en 1707 siguen vivas más de tres siglos después.
