El 6 de enero de 2021, una multitud de partidarios del presidente saliente Donald Trump tomó por asalto el Capitolio de los Estados Unidos mientras el Congreso sesionaba para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre del año anterior. Las imágenes de aquella jornada recorrieron el mundo y desencadenaron una crisis política de dimensiones históricas, que incluyó el segundo proceso de destitución seguido contra el mismo presidente, un hecho sin precedentes en la historia estadounidense.
Los antecedentes inmediatos del asalto se encontraban en las semanas previas, durante las cuales Trump y sus aliados habían sostenido sin pruebas que las elecciones de noviembre de 2020 habían sido fraudulentas y que la victoria de Joe Biden era ilegítima. El artículo de acusación presentado posteriormente señalaba, entre otras acciones, la llamada que Trump realizó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que modificara los totales de votos del estado para cambiar el resultado de las elecciones en su favor. Ese episodio se citó como parte del patrón de conducta que desembocó en los eventos del 6 de enero.
Pocas horas antes del asalto, Trump había pronunciado un discurso frente a la Casa Blanca en el que instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. A continuación, la muchedumbre irrumpió en el edificio, interrumpió la sesión de certificación del Congreso y provocó una jornada de caos y violencia que dejó muertos y heridos. La respuesta política fue inmediata: funcionarios demócratas y republicanos del gobierno federal exigieron la remoción del presidente del cargo antes de la expiración de su mandato, que estaba prevista para el 20 de enero.
Las herramientas constitucionales disponibles para ello eran varias. La primera posibilidad era la renuncia voluntaria del propio Trump, que habría convertido a Mike Pence en el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos por un período de apenas unos días, siendo el presidente con el mandato más breve de la historia. Habría constituido además solo la segunda renuncia presidencial voluntaria en la historia del país, después de la de Richard Nixon en 1974 a raíz del escándalo Watergate. La segunda opción era invocar la Sección 4 de la vigésima quinta enmienda constitucional, que permite al vicepresidente y a la mayoría del gabinete declarar al presidente incapaz de ejercer sus funciones. De haberse aplicado esa vía, Pence habría asumido los poderes presidenciales de manera interina, siendo la primera vez en la historia que se hubiera invocado esa sección específica de la enmienda. La tercera posibilidad era aplicar la Sección 3 de la decimocuarta enmienda, que inhabilita para ejercer cargos públicos a quienes incurran en insurrección o rebelión contra la Constitución.
El martes 11 de enero de 2021, nueve días antes de la toma de posesión de Biden, se presentó a la Cámara de Representantes el artículo de acusación formal contra Trump, firmado por más de doscientos copromotores, que le imputaban haber incitado acciones ilegales en el Capitolio. El miércoles 13 de enero, la Cámara votó a favor de proceder con el impeachment por 232 votos favorables frente a 197 en contra. Los 222 demócratas que integraban la Cámara votaron unánimemente a favor, mientras que 10 representantes republicanos se sumaron al bloque mayoritario, constituyendo el grupo más numeroso de congresistas del partido del propio acusado que votaban en contra de él en un proceso de este tipo.
Trump se convirtió así en el primer presidente de la historia de los Estados Unidos en ser sometido a un juicio político en dos ocasiones distintas. Los nueve gerentes de juicio político designados por la Cámara, encabezados por el representante Jamie Raskin como gerente principal, entregaron formalmente el artículo de acusación al Senado el 25 de enero. El juicio quedó programado para comenzar el 9 de febrero de 2021.
A diferencia del primer proceso de destitución contra Trump, que había sido presidido por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, este segundo juicio fue presidido por el presidente pro tempore del Senado, Patrick Leahy, dado que Trump ya había abandonado el cargo. El resultado final del proceso en el Senado fue la absolución, al no alcanzarse la mayoría de dos tercios necesaria para una condena, aunque un número significativo de senadores republicanos votó a favor de declarar la culpabilidad del expresidente, en otra señal de la fractura interna del Partido Republicano.
El conjunto de estos eventos marcó un punto de inflexión en la historia política contemporánea de Estados Unidos, reabriendo debates constitucionales sobre los límites del poder presidencial, la naturaleza de la responsabilidad política y los mecanismos previstos por el sistema americano para hacer frente a situaciones de crisis institucional extrema.
