El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 07:17:49, hora local (UTC–6), y alcanzó una magnitud Mw = 8.1 El epicentro se localizó en el océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, cerca de la desembocadura del río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, con una magnitud de 8.1 Mw y una duración de 2 minutos.
El sismo afectó las zonas centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 07:19 debido al arribo de la onda sísmica (onda S) del sismo, hora local. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de México y de su capital, y superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes.
Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole para las grandes catástrofes —el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, 1986, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), diez años después, en 1996—, y debido también a lo generalizado de la inacción y a la minimización de las consecuencias por parte del Gobierno, encabezado a nivel federal por el entonces presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, la situación vivida en las cuarenta y ocho horas siguientes al sismo fue de un caos generalizado, que se palió considerablemente cuando la propia sociedad civil comenzó a auto-organizarse en las acciones de rescate y asistencia de las víctimas y los damnificados.
El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones: 3192 fue la cifra oficial, mientras que 20 000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. En cuanto a otros tipos de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos ocho mil millones de dólares, que unas doscientas cincuenta mil personas quedaron sin casa y que aproximadamente novecientas mil se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre, y la de remoción de escombros, incluso hasta diez años después (1995).[cita requerida] Al 2017, aún existían campamentos derivados de estos dos sismos.
Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversa índole, y abarcaron un sinnúmero de aspectos tanto de la Ciudad de México como del propio país: el alto número de víctimas y de heridos; la remoción de escombros y los esfuerzos de toda índole por lograr lo que en ese entonces se denominó vuelta a la normalidad; el cambio en el entorno urbano de diversas zonas de la ciudad por la creación de nuevos inmuebles que reemplazaron a otros o que ampliaron los existentes; la creación de nuevos espacios públicos, como parques, plazas y complejos de edificios en los espacios que dejaron las construcciones derrumbadas; la mayor participación política de la ciudadanía; el surgimiento de grupos políticos y de organizaciones no gubernamentales; el cambio político, que generó una mayor democratización de la capital del país en 1993, con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y la posibilidad de elegir a sus gobernantes en 1997; la modificación a nivel nacional de las legislaciones de construcción ya existentes, ajustadas a la realidad sísmica del país, y la creación de otras nuevas, tendentes a la cultura de prevención y de protección civil y de respuesta ante las grandes emergencias, además del desarrollo de la investigación en la prevención y estudio de la naturaleza sísmica mexicana.
Contexto de la situación política y económica del país
Pese a que había sido designado por la FIFA como sede de la XIII Copa Mundial de Fútbol para la competencia internacional de 1986, México enfrentaba la crisis económica de 1982, y era entonces presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, quien propuso un Programa Inmediato de Reordenación Económica, para combatir la inflación, proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo sostenido, eficiente y equitativo.
La inflación llegó en 1983 a una tasa anual de 117 %, y descendió al 60 % en 1984, al parecer debido al «manejo realista de la política cambiaria», que logró que la cotización del dólar con el peso en el año de 1984 fuera de $148.50, la cual cambió, en 1985, a $450.00. Además, ese año se llegó a perder temporalmente la mitad del mercado petrolero, se dio la caída del valor de las exportaciones petroleras, que determinó que los ingresos públicos por este concepto se redujeran de 9.7 % del PIB en 1984 a 8.4 % en 1985. Por otra parte, la participación en el PIB de los ingresos públicos no petroleros también disminuyó (de 20.8 % del PIB en 1984 a 20.2 % en 1985), como resultado primordialmente de la erosión en la recaudación tributaria provocada por la inflación y del deterioro en términos reales de los precios y tarifas del sector público.
El déficit en 1984 fue de 6.5 %; asimismo, el 37.5 % del presupuesto público se destinaba para el pago de la deuda pública, tanto interna como externa.
El gasto público se redujo un 40 % de inversión pública y un 16 % de gasto corriente. La reducción de la burocracia se dio «ajustando» el número de subsecretarías, oficialías mayores, contralorías, coordinaciones generales y direcciones generales del gobierno federal, de 690 unidades que existían en 1982 a 187 para julio de 1985. Por otra parte, en lo referente a fideicomisos y empresas paraestatales, de 1155 que integraban el sector público, se ordenó la fusión, liquidación y transferencia o venta de 482 entidades no estratégicas ni prioritarias.
Sin embargo, el discurso político de la crisis económica de aquel año afirmaba que «se había superado la emergencia», gracias a la reestructuración de buena parte de la deuda externa, que ascendía a 87 400 millones de dólares, el 53 % del PIB. Su vencimiento era a corto plazo, 46 % de la deuda debía de pagarse en un plazo no mayor de tres años y el 27 % durante 1983. Por tanto, dicha deuda resultaba impagable. No obstante, se habían llevado a cabo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos de bancos centrales de los 42 países acreedores. Además, se llegó a acuerdos con 634 bancos privados, que le prestaron dinero al país.
Gobierno de la Ciudad de México
La Ciudad de México no contaba propiamente con un gobierno local, por ser la sede de los poderes federales, y eran, por ende, sus autoridades gobernantes el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Sin embargo, los asuntos públicos del Distrito Federal eran despachados por el jefe del Departamento del Distrito Federal, también conocido como «regente de la ciudad», funcionario subordinado al presidente de la república. El titular era Ramón Aguirre Velázquez. La administración pública del Distrito Federal se regía por el Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, el cual se conformaba por su titular, el jefe de Departamento, quien se apoyaba en cinco secretarías: Gobierno, Desarrollo Social, Obras, Protección y Vialidad, así como las secretarías adjuntas; existía un oficial mayor, un tesorero, apoyado con tres subtesoreros; un contralor general; tres coordinaciones generales, veintiuna direcciones generales, y dieciséis delegados políticos.
Habitantes: En su tercer informe de gobierno, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado mencionó que la Ciudad de México tenía una población que superaba los diez millones de habitantes, a nivel nacional eran 78 millones. Por ello, el objetivo del gobierno consistía emprender acciones que mejoraran los servicios públicos básicos a favor del mayor número de habitantes.