Rodolfo Martín Villa (Santa María del Páramo, León, 3 de octubre de 1934) es un empresario y expolítico español. Ostentó varios cargos políticos de relevancia durante la dictadura franquista; en la Transición, formó parte de los equipos de gobierno de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo; y ya en democracia estuvo entre las filas de UCD, primero, y del Partido Popular, más tarde.
Comenzó su carrera política durante la dictadura franquista, donde ejercería diversos cargos como jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), secretario general de la Organización Sindical o gobernador civil de Barcelona. También ostentó el cargo de procurador en las Cortes franquistas. Tras la muerte de Franco, en diciembre de 1975 entró en el gobierno como ministro de relaciones sindicales, mandato durante el cual ocurrieron los sucesos de Vitoria de marzo de 1976. Por este motivo, entre otros, ha sido objeto de la denominada «querella argentina» por homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad: la jueza argentina María Romilda Servini lo procesó en octubre de 2021 por cuatro homicidios cometidos entre 1976 y 1978 —tres en los sucesos de Vitoria de 1976 y uno en los sanfermines de 1978—, procesamiento revocado en diciembre de ese mismo año por la Sala II de la Cámara Federal por «falta de mérito», resolución que no implicó el archivo de la causa. En septiembre de 2024, Servini rechazó una nueva petición de archivo formulada por la defensa de Martín Villa al considerar que los hechos imputados pueden constituir crímenes contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles; la decisión fue confirmada en octubre de ese año por la Cámara Federal. Permanece imputado por doce homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos entre 1976 y 1978.
En julio de 1976, fue nombrado ministro de la Gobernación —después renombrado como «del Interior»— en el primer gobierno de Adolfo Suárez. También se integraría en la UCD. En el contexto de la Transición, desde el ministerio emprendió la reconversión de las antiguas fuerzas de seguridad del régimen franquista. Durante estos años también hubo de hacer frente a la violencia practicada por diversos grupos terroristas, desde ETA o GRAPO a la extrema derecha; los asesinatos de ETA crecieron sustancialmente durante su mandato. Muy cuestionado, cesó como ministro del Interior en abril de 1979.
Volvería al gobierno en 1980, primero como ministro de Administración Territorial y posteriormente como vicepresidente del Gobierno —ya durante la presidencia de Lepoldo Calvo-Sotelo—. Tras el hundimiento electoral de la UCD se pasaría a las filas del Partido Popular, si bien con un perfil político mucho más bajo. Con posterioridad se ha dedicado al mundo de la empresa, mayormente en el sector privado, pero también privatizando en el sector público, como ocurrió con Endesa durante el gobierno de José María Aznar.
Nació en 1934 en la localidad leonesa de Santa María del Páramo. Su padre, Emilio Martín Fernández, era empleado de ferrocarriles de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y perteneció al Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio de la Hacienda Pública. Vinculado con el Sindicato Vertical durante la dictadura, llegaría a ser presidente del Sindicato nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas.
En 1962 fue nombrado jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), en sustitución de Jesús Aparicio-Bernal. Para esa época el SEU se encontraba inmerso en una grave crisis, con su militancia desmovilizada y carente de una verdadera actividad. Retuvo este puesto durante varios años, hasta 1964. Al año siguiente fue designado delegado provincial de Sindicatos en Barcelona, y posteriormente —1966— nombrado director general de Industrias Textiles del Ministerio de Industria. En noviembre de 1969 accedió a la secretaría general de la Organización Sindical Española, siendo nombrado también durante ese año miembro del Consejo del Reino. En 1974 fue nombrado gobernador civil —y jefe provincial del «Movimiento»— de Barcelona (1974). Además de estos puestos, también ejerció como procurador en las Cortes franquistas.
Participó en la Conferencia Constitucional (1967-1968) que elaboró la Constitución de Guinea Ecuatorial de 1968.
En diciembre de 1975, Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno posterior a la muerte de Franco —bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro—. La situación laboral que se encontró Martín Villa era muy complicada. Con los efectos de la crisis del petróleo de 1973, la economía española se resintió notablemente. Durante los primeros meses de 1976 las fuerzas sindicales de la oposición emprendieron una importante campaña de movilizaciones y huelgas que llegaron a sumar un total 17 731 huelgas. En este contexto se produjeron los Sucesos de Vitoria, durante los cuales varios obreros resultaron muertos por la represión policial. Cuando Martín Villa visitó a los heridos junto a Manuel Fraga, fueron increpados y uno de los familiares preguntó, en voz alta, si habían ido allí a «rematar a los heridos».
Después de ser nombrado Adolfo Suárez como presidente del Gobierno al comienzo de la transición democrática, Martín Villa pasa a desempeñar en julio de 1976 la cartera de Gobernación —cargo que desde julio de 1977 se renombró como «ministro del Interior»—. En el periodo de ministro de Gobernación quedan legalizados en ese ministerio los partidos políticos -la legalización del Partido Comunista lleva su firma-. Fue uno de los personajes clave de la transición. Se integró como independiente (sector azul o de exfranquistas) en la Unión de Centro Democrático, al tiempo que era designado senador real en las Cortes de 1977. Más tarde sería elegido diputado al Congreso por la Circunscripción electoral de León en la candidatura de la Unión de Centro Democrático.
De esta época algunos autores le han señalado como responsable de haber ordenado la destrucción de los archivos pertenecientes a la antigua FET y de las JONS, con la intención de destruir así pruebas incriminatorias.
En el Congreso de los Diputados fue presidente de la Comisión de Industria y Energía (1979-1980), de la de Presupuestos (1989-1996), de Justicia e Interior (1996-1997) y de la del Pacto de Toledo sobre las pensiones públicas.
A lo largo de su etapa como ministro del Interior, algunos miembros de las fuerzas de seguridad se vieron implicados en la organización de varios atentados terroristas contra determinados movimientos revolucionarios, como: caso Scala contra la anarcosindical CNT o el intento de asesinato a Antonio Cubillo (líder independentista canario). Llegó a tener a sus órdenes al conocido como «supercomisario» Roberto Conesa, famoso durante el franquismo por sus brutales prácticas de tortura con los detenidos. Al frente de la Dirección general de Seguridad puso a un hombre de su confianza, Mariano Nicolás García. En el inicio de su mandato fue disuelta la Brigada Político-Social de la Policía, que había perseguido los llamados por el franquismo "delitos de intencionalidad política".
En estos años también se acometió una reorganización de las antiguas fuerzas de seguridad del régimen franquista. A propuesta suya, el Gobierno envió a las Cortes a principios de 1978 la Ley de Policía que, entre otras reformas, hizo que las responsabilidades sobre actuaciones policiales fuesen juzgadas por la Justicia civil y no por la militar. También, de acuerdo con esa Ley el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada fueron reconvertidos en el Cuerpo Superior de Policía y en el Cuerpo de Policía Nacional, respectivamente. Sin embargo, entre muchos sectores existía la sensación de que la antigua policía franquista seguía estando muy presente en las teóricamente renovadas fuerzas policiales. Así pues, por ejemplo, hacia 1982 antiguos miembros de la Brigada Político-Social dirigían nueve de las trece jefaturas superiores de policía que existían por todo el país.