Se conoce como Revolución constitucional iraní o revolución constitucional persa al proceso político acontecido en Irán durante los reinados de Mozaffareddín Shah Qayar (1896-1907) y Mohammad Alí Shah Qayar (1907-1909), de la dinastía de los Qayar, que condujo a la instauración de un régimen de monarquía constitucional bajo Ahmad Shah Qayar (1909-1925) tras la institución de la primera constitución moderna del país y de un parlamento, la Asamblea de Consulta Nacional.
Durante el siglo XIX, la monarquía de los Qayar experimentó un proceso de desgaste y decadencia marcado por las derrotas militares frente a los imperios ruso y británico que se saldaron con la pérdida de los territorios caucásicos de la actual República de Azerbaiyán, Daguestán y Georgia occidental a favor de Rusia por el Tratado de Golestán al término de la Guerra ruso-persa de 1804 a 1813; los janatos de Ereván, Najicheván y Lankarán a favor también de Rusia por el Tratado de Turkmanchay al término de la Guerra ruso-persa de 1826 a 1828; y el este del Jorasán histórico con la región de Herat por el Tratado de París de 1857 tras la Guerra anglo-persa de 1856-1857.
En un imperio tradicional con un control reducido del territorio y fiscalidad de tipo feudal, a las pérdidas territoriales se sumó la penetración económica de empresas occidentales y rusas que, como en otras zonas de Oriente Medio en un período anterior, adquirían diversas concesiones monopolísticas de los soberanos de la dinastía Qayar. Con el fortalecimiento de las empresas occidentales y el endeudamiento de los soberanos —en particular y de forma llamativa, para sufragar largos y costosos viajes por Europa en los casos de Nasereddín Shah (1848-1896) y Mozaffareddín Shah Qayar (1896-1906)—, éstas fueron adquiriendo regalías de importancia considerable. Así, en 1862, Gran Bretaña adquirió todos los ingresos relativos al desarrollo en Irán del telégrafo; en 1872, el barón Paul Julius Reuter hubiera adquirido por 200 000 dólares y un 60 % de los ingresos anuales, de no ser por la furiosa reacción de Rusia y los medios prorrusos, el «derecho exclusivo a construir minas, ferrocarriles, tranvías, presas, caminos y plantas industriales»; en 1885, Reuter estableció el primer banco de Irán, el Imperial Bank of Persia con control total sobre la emisión de papel moneda; en 1891, Rusia estableció el Banque d’Escompte de Perse y el mayor británico G. F. Talbot adquirió el monopolio por 50 años de toda producción, venta y exportación de tabacos —que también hubo de cancelarse ante el movimiento popular de Protestas del Tabaco, anticipo del movimiento constitucionalista—; concesiones menores a compañías británicas fueron el derecho de navegación en el río Karún, la construcción de caminos y telégrafos en el sur del país, el establecimiento de fábricas de alfombras en Ispahán, Bushehr, Sultanabad y Tabriz; a compañías rusas, derechos de pesca en el mar Caspio, la draga del puerto de Anzalí, la perforación petrolera en el norte y la construcción de caminos y telégrafos de las fronteras septentrionales a Teherán, Tabriz y Mashhad. La concesión de mayor trascendencia fue la Concesión D’Arcy, por la que en 1901 el millonario londinense William Knox D’Arcy adquirió el derecho exclusivo de prospección y explotación petrolera por sesenta años en todo Irán, salvo las provincias del norte bajo influencia rusa.
En paralelo al debilitamiento político y económico del país durante el siglo XIX, parte de las élites iraníes buscaron soluciones a la decadencia en la adquisición de los modos de conocimiento, pensamiento y organización de la modernidad occidental. En 1851 se inauguró en Teherán, por iniciativa del sadr-e aʿzam Amir Kabir, la primera escuela politécnica de Irán, Dar ol-Fonún, centrada en la formación militar. En los mismos años el estado iraní comenzó a enviar estudiantes a Europa, que a su regreso traían consigo nuevos modos de pensar. Desde la corte, empezaron a aparecer los primeros periódicos. Aparecen los primeros intelectuales de tipo ilustrado como Zeinolabedín Maragheí (1840-1910) —autor de la primera novela en persa—, el rousseauniano Abdorrahim Talebof (1834-1911), los nacionalistas Mirzá Fathalí Ajundzadé (1812-1878) y Mirzá Agha Jan Kermaní (1853-1896), el diplomático armenio Mirzá Malkom Jan (1833-1908) —popularizador de la prensa y fundador de la primera logia masónica de Irán, la Faramushjané o «casa del olvido»—, o el panislamista Seyyed Yamaloddín Asadabadí (1838-1897) (conocido fuera de Irán como Al-Afghani), cuyos escritos prepararon el terreno del constitucionalismo entre las élites. Entre las masas religiosas, las prédicas de ulemas modernistas como Seyyed Yamaleddín Vaez y Malek ol-Motekallemín introdujeron las ideas de libertad y limitación del poder del soberano. A finales del siglo XIX y principios del XX, proliferaron las publicaciones en el exilio y dentro de Irán, oficiales y clandestinas, difundiendo la crítica al despotismo real y la exigencia de reformas.
Hito crucial en la oposición al gobierno de la dinastía Qayar fue el asesinato, el 1 de mayo de 1896, de Nasereddín Shah por Mirza Reza Kermaní, seguidor de Al-Afghani que, durante sus interrogatorios antes de ser ejecutado, reivindicó el magnicidio como un acto de lucha contra la opresión.
Suele citarse como desencadenante de la Revolución constitucional iraní el azote de tres respetados comerciantes de azúcar del bazar de Teherán en diciembre de 1905 por orden del gobernador de la ciudad, Ahmad Alaoddoulé, por haber desobedecido órdenes reales de reducir los precios de venta en un período de grave inflación motivada por malas cosechas, una epidemia de cólera y perturbaciones en el comercio con el vecino imperio ruso debido a la guerra ruso-japonesa. Las autoridades aumentaban los impuestos indirectos, tratando de pagar un préstamo ruso de 23,5 millones de rublos al sah, avalado en 1900 con los ingresos aduaneros del reino, para su primer viaje de 17 meses por Europa. Uno de los apaleados era un respetado filántropo septuagenario, y otros dos eran seyyed. Los comerciantes, indignados, cerraron todo el bazar y, secundados por ulemas e intelectuales, proclamaron un «encierro» en la Mezquita Real (مسجد شاه, trl. masŷed-e Šâh, Mezquita del Imam Jomeini desde 1979), reclamando la destitución del gobernador y del administrador de las finanzas reales, el belga Joseph Naus, cuya aparición disfrazado de oriental durante las ceremonias de duelo del pasado mes de muharram había suscitado la cólera popular.
El sadr-e aʿzam de Mozaffareddín Shah Qayar, Einoddoulé, hizo que los desalojaran, en contra de la tradición de respeto de tales encierros. A continuación, un gran número de ulemas teheraníes se retiraron —a propuesta de Seyyed Mohammad Tabatabaí— al santuario de Shah Abdolazim, en Rey (a varios kilómetros al sudeste de la capital) y formularon una serie de reivindicaciones dirigidas al shah. La reclamación más destacada de los protestantes fue el establecimiento de una «casa de justicia», cuyas características no se especificaban. Tras aceptar el monarca, el 12 de enero de 1906, la creación de la institución —que sería la génesis de la Asamblea Consultiva Islámica—, los ulemas abandonaron la protesta y regresaron a Teherán, donde fueron recibidos por una multitud eufórica.
Sin embargo, el sah parecía retractarse y, en una atmósfera ya revolucionaria, un oficial de la guardia cosaca mató a un seyyed, provocando un nuevo bast de protesta en junio de 1906, esta vez en Qom, dirigido por Tabatabaí, Seyyed Abdollah Behbahaní e incluso el monárquico sheij Fazlollah Nurí, que amenazaban con hacer emigrar a todos los ulemas a Nayaf y Karbala, lo que privaría al país de servicios religiosos (y jurídicos). Casi de inmediato, se produjo un gran tercer bast de entre 12 000 y 14 000 bazaríes de Teherán en el jardín de la embajada británica. Las reivindicaciones eran entonces la destitución del administrador belga de las aduanas y del sadr-e aʿzam, reparaciones por disturbios acaecidos en Kermán, la paralización de la construcción del banco ruso en el terreno de un cementerio y, sobre todo, el establecimiento de la «casa de justicia», cuya reclamación se convirtió de manera gradual en la de constituir un parlamento de representantes electos y la limitación constitucional del poder real.