Repsol, S. A. es una multinacional energética y petroquímica española, con sede social en Madrid, que fue fundada en 1987. Entre sus actividades están la exploración, explotación, producción, transporte y refinado de petróleo y gas. Además produce, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado, y vende gas natural. Desde 2018 comercializa también gas y electricidad en el mercado minorista español. En la lista Forbes Global 2000 del año 2020, Repsol fue clasificada como la 645.ª sociedad anónima más grande del mundo.
En su origen la empresa estuvo conformada por la agrupación de una serie de compañías estatales previamente pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). En 1987 se constituyó el grupo Repsol en el seno del INH como parte de las reformas en el sector público de hidrocarburos que emprendió el gobierno de la época de cara a su liberalización. En el momento de su creación Repsol constituía la principal compañía petrolífera de España. Durante sus primeros tiempos fue una empresa estatal, si bien en la década de 1990 fue pasando progresivamente a manos del capital privado. A partir de ese momento sus actividades se extendieron a otras partes del mundo.
En 2021 fue la empresa que emitió más toneladas equivalentes de CO2 en España con 10,7 Mt. Repsol fue responsable del 0,33% de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero a nivel mundial entre 1988 y 2015 y, por lo tanto, uno de los mayores contribuyentes al cambio climático que conlleva riesgos sustanciales «para la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico aumenten».
Desde comienzos de la década de 1960 el sector petrolífero español había atravesado profundos cambios, con un desarrollo de la industria del refinado. En ese tiempo hubo diversas iniciativas, tanto del Estado como del capital privado. Por parte del Instituto Nacional de Industria (INI) se promocionó la creación de sociedades como Refinería de Petróleos de Escombreras, la Empresa Nacional Calvo Sotelo o la Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona. Con ellas se articularon varios complejos petroquímicos repartidos por la geografía española: Escombreras, Puertollano y Tarragona. Las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973 llevaron a que el Estado apostase por una política de concentración que llevó al establecimiento de la Empresa Nacional de Petróleos (ENPETROL).
Durante la década de 1980 se produjo una reorganización del sector petrolífero español, en un proceso auspiciado desde el gobierno. En 1981 se constituyó el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) con el objeto de centralizar la gestión de la actividad pública en materia de hidrocarburos. El INH se constituyó a partir de las participaciones y derechos que el Instituto Nacional de Industria tenía en empresas como CAMPSA, ENPETROL, ENIEPSA, ENAGAS, PETROLIBER, Hispanoil o Butano. De cara al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, previsto para 1986, el INH debía acometer una serie de reformas en el sector público de hidrocarburos para adaptarlo a su funcionamiento dentro de un mercado no regulado. Durante los siguientes años se emprendió una política de reorganización y racionalización empresarial que llevaría a la fusión de varias sociedades del INH, como fue el caso de ENPETROL y PETROLIBER; esta última operaba desde 1964 la refinería de La Coruña.
En 1987 se creó el grupo Repsol en el seno del INH, constituyendo «la principal consecuencia de la reordenación del sector petrolero español». El presidente del INH, Óscar Fanjul, asumió la presidencia de la nueva empresa. Repsol quedó estructurada en cinco divisiones internas: Repsol Exploración (antigua Hispanoil), Repsol Petróleo (antigua Enpetrol), Repsol Butano (antigua Butano), Repsol Química (antigua Alcudia) y CAMPSA. Originalmente Repsol Química constituía una filial de Repsol Petróleo, si bien desde 1988 adquirió entidad propia al igual que el resto de divisiones de negocio. CAMPSA era formalmente una empresa independiente, si bien se encontraba controlada en un 60,8% por Repsol. El nuevo grupo empresarial tenía presencia más allá de España, en países como Portugal, Italia, etc.
En 1968 aparece por primera vez el logotipo de Repsol, originalmente referido a un lubricante de motor. Su nombre deriva del de la empresa fundadora, Refinería de Petróleos de Escombreras (REPESA), por su notoriedad y fácil pronunciación en diferentes idiomas. En la década de 1980, ante la inminente desaparición del monopolio estatal de petróleos, el INH se fijó el objetivo de crear una empresa de capital mixto público-privado, que explotase los activos petroleros del Estado. A la hora de buscarle nombre se realizó una encuesta a nivel de calle y las dos únicas palabras que la gente reconoció y asoció con el mundo del petróleo fueron CAMPSA (distintivo del antiguo monopolio) y Repsol, de modo que se eligió esta última para dar nombre a la nueva sociedad:
Tras su creación se impulsó una intensa campaña de publicidad que hizo de Repsol una de las empresas más conocidas de España.
En 1989 el Estado, a través del INH, inició la privatización de Repsol con una OPV del 26 % del capital de Repsol. Las acciones de la empresa pasaron a cotizarse en las bolsas de España y en la de Nueva York. Dentro de este proceso, a finales de 1989 el INH y Repsol suscribieron un acuerdo estratégico con la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) mediante el cual esta se hizo con un 2,9 % del accionariado de Repsol. Al mismo tiempo, Repsol adquirió el 34,3 % de las acciones que PEMEX poseía en la sociedad Petronor, que controlaba la refinería de Somorrostro. En 1991 se constituyó la empresa Gas Natural, en cuya creación participó Repsol aportando los activos de distribución de gas canalizado que poseía. En 1993 el monopolio estatal de petróleos finalizó y la CAMPSA quedó extinguida, dividiéndose sus activos comerciales entre las empresas petroleras en función de su cuota de mercado. «Campsa» pasaría a convertirse en una marca de Repsol.
En 1995 el INH fue disuelto, asumiendo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la participación estatal en Repsol. Para entonces la presencia del Estado en el accionariado de la empresa había dejado de ser mayoritaria, situándose esta en un 40,4 %. Entre 1995 y 1997 se celebraron tres nuevas OPV que llevaron a la completa privatización de la empresa. En 1997 el Estado vendió el 10 % restante de su participación en Repsol. Este proceso supuso la entrada en el accionariado de Repsol de actores como La Caixa Holding, Pemex, Sacyr Vallehermoso o Mutua Madrileña. Contando con una sólida situación financiera, la empresa inició una etapa de expansión que le llevó a controlar la mayor parte de Petronor ―que pasó a convertirse en su filial― y a entrar en mercados lejanos. En 1998, Repsol empezó a estudiar la posibilidad de acudir a la privatización de la empresa argentina YPF. Finalmente, en 1999 Repsol adquirió el 97,81 % de YPF por más de 15 000 millones de dólares y pasó a ser conocida como Repsol-YPF, constituyendo una empresa multinacional integrada de petróleo y gas natural. De este modo se convirtió en una de las mayores petroleras privadas del mundo, con operaciones en más de treinta países (empleando a más de 37 000 personas), pasando a ser también la mayor compañía privada energética en Argentina, en término de activos.
El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino expropiase sin indemnización la propiedad de YPF, declarando el 51 % del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51 % expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51 % restante al Estado Nacional. La presidenta argentina justificó la decisión al considerar que la empresa mantenía una insuficiente inversión y una escasa producción; lo que hizo que en el 2011, por primera vez desde que se privatizó la empresa en los años 90, Argentina tuviera que importar más gas y petróleo que el que produjo. Según algunos medios, podría tratarse de una medida anticonstitucional ya que el artículo 17 de la Carta Magna argentina señala que la expropiación por utilidad pública “debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada”. Repsol se defendió argumentando que desde la compra de YPF en 1999 hasta 2011 invirtió más de 20 000 millones de dólares estadounidenses en YPF, y duplicó el número de contrataciones fijas hasta superar los 16 000 empleados. Las inversiones anuales de YPF, durante la gestión de Repsol, fueron muy superiores a las de muchos otros operadores del país, según informes de la consultora Deloitte & Co.