El Reino de Italia (en latín, Regnum Italiae o Regnum Italicum; en alemán, Reichsitalien) fue un conjunto territorial circunscrito al norte de la península itálica, incorporado y vinculado jurídicamente al Sacro Imperio Romano Germánico desde la coronación imperial de Otón I en Roma en el año 962.
La vinculación del reino de Italia en el sistema imperial supuso que lo que quedaba de sistema administrativo de época carolingia fuera minado tanto por la ausencia del soberano, que confiaba en los poderes feudales locales, como por el desarrollo comunal, y por las querellas del emperador con el papa, que polarizaron la vida italiana entre güelfos y gibelinos.
El Gran Interregno liquidó el poder efectivo del emperador, no solo en Italia sino en la misma Alemania, pero aún retuvo la autoridad jurisdiccional para legitimar los gobiernos locales. Debido a las querellas internas, el sistema comunal de las ciudades se transformó en señorías o en repúblicas, de entre las cuales solo los regímenes fuertes y poderosos, con capacidad para contratar fuerzas mercenarias, pudieron someter a ciudades vecinas creando Estados territoriales.
La intervención francesa a partir de 1494 alteró las relaciones de poder en la península y atrajo de nuevo la atención del emperador en los asuntos italianos. Las paces de Bolonia en 1530 convirtieron al emperador en árbitro de Italia, pero la hegemonía en Italia recayó en los reyes de España hasta que en la guerra de sucesión española el emperador recobró un papel de preponderancia. Tras estabilizarse las relaciones de poder entre las dinastías rivales de Habsburgo y Borbón, la Revolución francesa y su extensión a Italia supuso la liquidación de la autoridad imperial en Italia y pocos años después en el propio Berlín.
El reino de Italia en el Imperio carolingio
En el año 774 Carlomagno, rey de los francos, incorporó el reino lombardo a sus dominios. La conquista carolingia de Italia no supuso la migración de un pueblo, sino que se introdujeron y distribuyeron en la región contingentes armados provenientes del norte de los Alpes, que se establecieron principalmente en las ciudades y puntos estratégicos para controlar tanto las rutas de comunicación terrestre y fluvial como los núcleos lombardos. También se asentó una clase dirigente franca que obtuvo tierras de confiscaciones a la Iglesia y a los lombardos, o provenientes del fisco real. Esto no supuso una ruptura con respecto del anterior reino lombardo, pues el reino mantuvo su individualidad como Italia o Langobardia, Pavía continuó siendo la capital, y asimismo se mantuvo durante más tiempo un poder real con carácter y autoridad públicos y un sistema administrativo que vinculaba Pavía con las demás ciudades mediante el uso de funcionarios públicos. Además se mantuvo un corpus legal formado por las leyes lombardas y las capitulares carolingias; la legislación de los reyes lombardos fue confirmada por los carolingios. En este sistema, los condes (comites) eran los agentes públicos de la administración central, representantes del rey en los condados.
Pero el poder público ofrecía una protección insuficiente ante las exacciones por los grandes propietarios quienes, armados y beneficiados con terrenos, pretendían crear un grupo territorial más homogéneo y compacto. De este modo, se desarrolló la relación de vasallaje, que era una forma de encomienda en la que un hombre libre entraba en obediencia y prestaba un servicio militar a un poderoso a cambio de protección y asistencia; de este modo, los guerreros, que eran hombres libres y propietarios de tierras, se transformaron en clientela de un señor. Por otro lado, el abuso de poder de los funcionarios públicos en beneficio de sus intereses particulares requirió que el rey los contrarrestara con sus propios vasallos, los vassi dominici, encomendados personalmente a él. Además de los vassi dominici, el soberano utilizaba al orden eclesiástico para supervisar a los funcionarios públicos, controlar ciudades y rutas de comunicación, y obtener obediencia del pueblo, y a su vez empleaba a leales para el gobierno de abadías y obispados, seleccionados de entre la misma aristocracia militar y a los que recompensaba con donaciones a la Iglesia y con inmunidades. La necesidad de que el rey contara con el poder eclesiástico produjo en la Italia carolingia el desarrollo de la inmunidad (mundeburdium) de obispos y abades, de modo que ningún funcionario público pudiera intervenir para ejercer algún tipo de poder militar o jurisdiccional, con lo que el rey privaba a sus propios funcionarios de autoridad en las tierras eclesiásticas, lo que originó la asunción de la autoridad señorial por obispos y abades, que gozaban de autonomía respecto de los funcionarios públicos.
Con las divisiones del Imperio carolingio tras el Tratado de Verdún (843), las grandes familias aristocráticas, que habían recibido de los reyes carolingios privilegios, tierras y cargos a cambio de su vasallaje, enraizaron regionalmente, estableciendo su propia red clientelar, quedando limitadas sus posibilidades de acción e influencia política a una determinada región del Imperio carolingio. Y por ello, ante la ausencia de descendencia masculina tras la muerte de Luis II en el año 875, los magnates pasaron a disponer la elección de los nuevos soberanos, no solo para asegurar la pervivencia del reino, sino asegurarse el mantenimiento de su poder político. Por su parte, los papas establecieron el vínculo entre el título imperial y el reino de Italia, ya que la defensa del papado solo se podía llevar a cabo si el emperador tenía su base en Italia.
La deposición de Carlos III en 887 y su pronta muerte dieron a la aristocracia del reino italiano total libertad para la elección de un rey que residiera en Italia. La política básica del rey consistió en emplear la donación como medio de negociar con los magnates, equilibrar facciones y establecer alianzas; mediante las diplomata se concedían privilegios a la Iglesia y a la nobleza afín. Ante las correrías húngaras de la primera mitad del siglo X, la autoridad pública fue incapaz de garantizar la protección territorial, lo que produjo, por un lado, la fortificación defensiva de territorios sin intervención real por parte de señores laicos, comunidades religiosas y ciudades, lo que tuvo que ser aceptado por el rey en un proceso denominado incastellamento y, por otro lado, que facciones de la aristocracia buscaran reyes rivales más competentes, con los subsiguientes conflictos armados entre reyes.
Los principados territoriales de los siglos X y XI
La situación de subordinación política a Alemania del regnum italicum mantuvo el poderío regional de los grandes principados territoriales y otros condados más reducidos:
A mediados del siglo X, la marca de Ivrea se había reducido en tamaño; el resto de su antiguo territorio había sido dividido entre nuevas marcas: la de Susa, que comprendía Auriate, Turín, Albenga, Alba y Ventimiglia; la marca aleramica, que abarcaba Monferrato, Acqui y Savona; y la marca obertenga, que englobaba Génova, Tortona y Bobbio. Estos principados territoriales estaban en manos de las familias de Arduino de Turín, de Aleramo de Montferrato —de cuya descendencia se desgajarían pequeñas marcas como las de Saluzzo, Savona, Ceva, Clavesana o Incisa—, de Otberto de Luni —conde palatino centrado en Liguria—, y de los condes de Pombia, que habían adquirido la menguada marca de Ivrea. Junto a estos principados se hallaba el poder creciente de poderosos obispos. En el segundo tercio del siglo XI, Humberto manos blancas, feudatario en el Arelato, ayudó al nuevo soberano germánico Conrado II a apoderarse del reino de Arlés tras el fallecimiento de Rodolfo III de Borgoña en 1032, lo que le valió la investidura de Maurienne y Tarentaise. Su hijo Otón de Saboya incorporó por matrimonio la marca de Susa; estas posesiones permitieron a los condes de Saboya dominar los tres pasos alpinos más importantes entre Francia e Italia: el Gran San Bernardo, el Pequeño San Bernardo y el del Mont Cenis.