La radiodifusión pública son los servicios de radio, televisión y otros medios de comunicación electrónicos que reciben financiación de los contribuyentes y tienen vocación de servicio público. Dependiendo de cada país, las empresas pueden financiar su mantenimiento con impuestos generales, una tasa específica o donaciones voluntarias, y en algunos casos también se acepta la emisión de publicidad. La primera compañía pública de radiodifusión creada fue la British Broadcasting Corporation (BBC) de Reino Unido, que a su vez es la organización de este tipo más grande del mundo.
Las compañías de radiodifusión pública pueden ser nacionales o locales, dependiendo del país y su modelo de televisión. En algunos países corre a cargo de una única organización nacional, como la BBC, pero en otros puede haber múltiples organizaciones regionales agrupadas bajo una corporación nacional, como la ARD. En Estados Unidos las radiodifusoras públicas locales emiten programas de las organizaciones PBS (televisión) y NPR (radio), producidos por las estaciones afiliadas.
Casi todos los países del mundo cuentan con radiodifusoras públicas, aunque su funcionamiento varía notablemente. En Europa, las empresas públicas jugaron un papel importante en el desarrollo de la radio y de la televisión. Por el contrario, en Estados Unidos y otros países de América el inicio de estos medios corrió a cargo de la iniciativa privada, por lo que los grupos públicos tienen menor relevancia.
No existe un modelo estándar de radiodifusión pública, aunque la mayoría de este tipo de empresas tienen unos procedimientos comunes. Los grupos de radio y televisión públicos deben cumplir un servicio público, y entre sus programas debe haber espacios informativos, culturales y educativos. Con la competencia de medios de comunicación privados en aquellos países donde estén permitidos, los canales públicos deberán cubrir las necesidades de la población que no quede cubierta con la oferta comercial. Esto no queda restringido a la oferta pública, ya que en muchos países —especialmente en Europa— los canales privados están obligados a cumplir una serie de requisitos para mantener su licencia en abierto. Por ejemplo, en Reino Unido el canal Channel 4 es de titularidad privada, pero está sujeto a obligaciones de servicio público.
En 1985, la Unidad de Investigación de Radiodifusión del Reino Unido definió las obligaciones de estas empresas en los siguientes términos:
Universalidad geográfica. Los canales de radio y televisión deberán tener cobertura nacional y llegar a toda la población, sin excepciones. Generalmente, el criterio de cobertura queda cubierto cuando hay varias estaciones en todo el país que retransmiten la señal de un grupo público —caso de PBS en Estados Unidos— o, como sucede en Europa, hay un ente público de radiodifusión con el suficiente número de repetidores y transmisores propios.
Dar servicio a todos los públicos, garantizando la libertad de expresión y respondiendo a todos los intereses.
Dar servicio a las minorías del país. El término puede referirse a minorías étnicas, sociales o lingüísticas, y muchas empresas públicas dan servicio a través de franjas horarias en su programación, canales propios e incluso grupos de radiodifusión específicos. Ejemplos de ello son SRG SSR en Suiza, S4C en Gales o Special Broadcasting Service en Australia.
Reflejar la comunidad y su identidad nacional. Este apartado hace énfasis también a la necesidad de apostar por la producción propia.
Imparcialidad. El grupo público debe ser independiente del Gobierno, aunque también puede referirse a una independencia de la mayoría social o de los anunciantes. Esta situación no se da en muchos estados, especialmente aquellos con poca tradición democrática.
Financiación directa. El ente público deberá financiarse directamente con el dinero del contribuyente. Por ejemplo, mediante donaciones voluntarias (Estados Unidos) o un impuesto específico (Reino Unido). El punto excluiría las aportaciones directas del Estado.
Programación de calidad. En principio, la radiodifusión pública competirá en audiencias con los canales privados, y deberá preocuparse por la calidad de sus espacios.
Debe dar libertad de creación. Por ejemplo, crear códigos de autorregulación en lugar de censurar la programación.
En ocasiones, es posible que algunas corporaciones públicas no cumplan con estos preceptos. Uno de los más polémicos es la imparcialidad, porque en muchos países la radiodifusión pública está controlada directamente por el Gobierno, que puede utilizarlos como herramienta política, especialmente en aquellos casos en los que se financia mediante impuestos generales. Del mismo modo, se considera que sin medios públicos, las cadenas privadas pueden obviar puntos de vista minoritarios sobre la base de su línea editorial o a los patrocinadores. Para garantizar la imparcialidad, algunos países han regulado por ley el papel de los medios públicos, para remarcar su independencia de poderes políticos (elección del presidente del medio por un consejo independiente) o económicos (supresión de la publicidad comercial).
Además de estos puntos, el Parlamento Europeo ha añadido como recomendación la necesidad de diversificar la oferta, aprovechando tecnologías como internet, para llegar al público joven y mantener el interés por los medios de comunicación públicos.
Uno de los puntos esenciales para considerar a un grupo de radiodifusión como público, es que se financie directamente con el dinero del contribuyente. El método más extendido en Europa es el pago de un impuesto específico, conocido en la mayoría de países como canon televisivo. Se llama así porque, cuando apareció la televisión, los gobiernos de cada país introdujeron una tasa anual especial a las personas que poseyeran un televisor. Además de los particulares, el medio puede cobrar recargos a otros actores, como las compañías de telecomunicaciones o las emisoras comerciales. El método se utiliza en países como Alemania, Reino Unido, Suecia o Finlandia, y sirve para que la televisión pública pueda competir con los canales privados. Incluso en algunos países, como Noruega e Islandia, la única señal en abierto es la de la televisión pública, mientras que los privados son de pago. El cobro de una tasa se justifica para mantener una independencia económica y política.
Otro método de financiación es la donación voluntaria a los grupos públicos, utilizado en Estados Unidos para Public Broadcasting Service y National Public Radio. Se recauda menos dinero y el grupo público parte en desventaja respecto a la oferta privada, pero a su vez garantiza una programación alternativa y minoritaria, que cubre a públicos sin voz en los medios comerciales. Cualquier persona que lo desee puede aportar dinero al grupo, que además puede organizar telemaratones o vender sus productos para recaudar fondos. Este modelo genera una responsabilidad de los usuarios para con su medio de comunicación.
Sin embargo, existen también otros métodos de financiación. Uno de ellos es la aportación directa del Gobierno al medio, a cargo de los presupuestos generales. El otro método es la publicidad comercial, como anuncios, patrocinios y emplazamiento. En Italia, además de un canon, la RAI puede emitir anuncios, para competir con el principal grupo privado del país, Mediaset, con el que mantiene una situación de duopolio en el mercado televisivo.