Tal Día como Hoy

Provincias Unidas del Río de la Plata

País de América del Sur (1810-1831)

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Las Provincias Unidas del Río de la Plata, también como Provincias Unidas en Sud-América,​ o simplemente Provincias Unidas, fue la denominación del Estado en formación​ conformado por el conjunto de entidades administrativas antes pertenecientes al virreinato del Río de la Plata que, tras la Revolución de Mayo, reconocieron a los gobiernos revolucionarios que lo sucedieron y no fueron reconquistadas por el Imperio español.

El 25 de mayo de 1810, en el marco de las guerras napoleónicas en Europa y la invasión napoleónica de España, se desató la Revolución de Mayo, que tras una asamblea del Cabildo de Buenos Aires decidió la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y lo remplazó por la Primera Junta. Los revolucionarios sostenían que, estando Fernando VII despojado de su trono, la cadena burocrática del Imperio español había dejado de ser legítima, volviendo al pueblo la «soberanía popular». Las nuevas autoridades afirmaron gobernar en nombre de Fernando VII hasta 1816, con la declaración de independencia «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli».

El nuevo gobierno establecido buscó consolidar su autoridad sobre el antiguo territorio virreinal. En ese contexto, el poder de Buenos Aires se puso de manifiesto en el inmediato envío de expediciones militares y políticas hacia distintas regiones del interior,​ lo que terminó en un rotundo fracaso en la mayoría de los casos. No consiguió someter a la intendencia del Paraguay, pese a la expedición militar emprendida en su contra por el brigadier Manuel Belgrano, por lo que este territorio se mantuvo independiente de facto desde 1811.​ Asimismo, durante la guerra de la Independencia hubo una victoria inicial en el Alto Perú con Suipacha (1810), pero después de unos años las derrotas en Huaqui (1811) y Viluma (1815) causaron la perdida del dominio de las intendencias altoperuanas,​ declarando su independencia en febrero de 1825 y dando origen al Estado del Alto Perú y posterior República de Bolivia. Por último, los conflictos con los lusobrasileños y con José Gervasio Artigas derivaron en la pérdida de la Provincia Oriental, cuyo proceso de separación, entre 1825 y 1828, culminó con la creación del Estado Oriental del Uruguay.

En 1814 se inició una crisis política que se profundizó hacia la década de 1820, desembocando en lo que se conoce como la Anarquía del Año XX, marcada por la disolución efectiva de las autoridades centrales que se habían intentado organizar desde Buenos Aires.​ Este proceso estuvo estrechamente vinculado al creciente enfrentamiento entre las tendencias centralistas del gobierno porteño y los sectores federales del interior, encabezados por José Gervasio Artigas, quien promovía la autonomía provincial y lideró la Liga de los Pueblos Libres, una confederación opuesta al control político y económico de Buenos Aires. Estas tensiones debilitaron progresivamente al poder central, especialmente tras el rechazo a la Constitución de 1819 por su carácter centralista.​ La crisis culminó con la caída del Directorio luego de la batalla de Cepeda (1820), tras la cual no existió una autoridad nacional capaz de imponer un orden político unificado.​ Esta fragmentación dio inicio al período de las autonomías provinciales, durante el cual las provincias consolidaron sus gobiernos y comenzaron a actuar de forma completamente independiente,​​ tendencia que continuaría durante más de tres décadas hasta el inicio del período de la «Organización Nacional».​

El 4 de enero de 1831, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos suscribieron al Pacto Federal. Este acuerdo representó un paso clave en la organización política del territorio, ya que estableció una alianza interprovincial con el objetivo de fortalecer la cooperación mutua, garantizar la defensa común y sentar las bases de un sistema confederal,​ transformando la denominación del país a la de Confederación Argentina. Con el tiempo, otras provincias se fueron incorporando a este pacto, ampliando su alcance e influencia en la configuración de la futura organización nacional.

En 1810, la Primera Junta utilizó en algunos documentos la expresión «Provincias del Río de la Plata»,​ mientras que la Junta Grande empleó por primera vez la expresión «Provincias Unidas» en su reglamento de división de poderes del 24 de octubre de 1811,​ que no fue aceptado por el Primer Triunvirato, que sancionó el estatuto provisional de 1811; es en este documento que se puede leer por primera vez presentó completo el nombre «Provincias Unidas del Río de la Plata».

El Congreso de Tucumán, al sancionar la declaración de independencia en 1816, utilizó el nombre «Provincias Unidas en Sudamérica»,​ probablemente se eligió por ser un nombre más inclusivo, y las fronteras del nuevo Estado aún no estaban definidas.​

«Argentina» se convirtió en el nombre más común durante la década de 1820. Proviene de argentum, que significa plata en latín, por lo que el nombre está relacionado con Río de la Plata. Dado que argentum significa plata, Argentina significa literalmente «relacionado con la plata».​

El Congreso General de 1824 usó «Provincias Unidas del Río de la Plata en Sudamérica». Sin embargo, la designación «Provincias Unidas del Río de la Plata» mantuvo su preferencia hasta que paulatinamente desapareció, luego de la firma del Pacto Federal en 1831.​

La designación «República Argentina», actualmente la oficial, fue adoptada originalmente por la Constitución de 1826. Sin embargo, en 1827, dicha constitución dejó de aplicarse. Tras el Pacto Federal se popularizó «Confederación Argentina» como designación del país, aunque ya se usaba con anterioridad.​

En 1860, la reforma constitucional celebrada en la Argentina recuperó todos los nombres históricos como nombres cooficiales del país, aunque se mantienen en desuso hasta hoy.​

Los gentilicios «rioplatense» y «argentino», que durante la época hispánica fueron utilizados para denominar a los habitantes criollos que vivían en torno a los grandes ríos de la cuenca del Plata, se generalizaron luego para referirse a los habitantes de las provincias al sur del río Pilaya; mientras que los gentilicios «peruano» y «altoperuano»​ mantuvieron su vigor en las al norte del río Pilaya, que permanecieron mayormente dominadas por los españoles.

Invasión napoleónica de España

En 1808 el Primer Imperio francés, gobernada por el emperador Napoleón Bonaparte, invadió España para asistir el motín de Aranjuez, una revuelta popular que obligó a renunciar al trono a Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. Napoleón luego intervino para que le cediera la corona a su hermano, José Bonaparte, y apresó a Fernando VII, lo cual fue recibido con gran oposición por parte del pueblo español, desencadenando la guerra de la Independencia española.​

A falta de un rey, se formaron varias juntas de gobierno para autogobernar las provincias españolas. El 25 de septiembre de 1808 la mayoría de las juntas provinciales se unieron para formar Junta Suprema Central, que dirigió la resistencia española contra Francia.​ En América las nuevas autoridades fueron ampliamente reconocidas, siendo en el virreinato del Río de la Plata nombrado Baltasar Hidalgo de Cisneros como virrey del Río de la Plata.​ Debido a las debacles militares ante el ejército napoleónico, que provocaron la pérdida de casi toda España, fue forzosamente disuelta el 31 de enero de 1810, obligando a sus miembros a refugiarse en Cádiz y ceder el poder al Consejo de Regencia de España e Indias.​

En 1807, el Imperio francés, confabulado con la monarquía española en el Tratado de Fontainebleau, había atravesado España para invadir el Reino de Portugal (importante y longevo aliado del Reino Unido), campaña que fue exitosa y permitió la conquista posterior de su propio aliado español. La corte portuguesa debió trasladarse a Río de Janeiro para escapar de la invasión francesa. El virreinato del Brasil fue elevado en estatus a reino debido a la situación sin precedentes, conformándose entonces el Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarbes. Desde allí, la reina consorte Carlota Joaquina de Borbón, y tras la invasión napoleónica de España un año después, vio la oportunidad política de resolver el vacío de poder que había surgido en los territorios españoles en América, especialmente el vecino virreinato del Río de la Plata.​

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