Panama Papers (en español «Papeles de Panamá») denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios». Son 11,5 millones de documentos filtrados (o 2,6 terabytes de datos) publicados a partir del 3 de abril de 2016. Los documentos detallan información financiera y de relaciones abogado-cliente de más de 214.488 entidades offshore
Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países. El 9 de mayo de 2016 el ICIJ publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License (ODbL, v1.0) y sus contenidos fueron liberados bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA3.0).
Fuentes y trabajo de investigación periodística
La persona que realizó la filtración contactó directamente con Süddeutsche Zeitung y no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, y que la comunicación se realizase de manera encriptada. Respecto de su motivación, habría respondido que su único interés es «hacer públicos estos delitos» y que entregaría el volumen completo (2,6 terabytes); la selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas. El primer contacto con la fuente, identificado por el periódico alemán con el seudónimo de John Doe, ocurrió en 2015 y tras casi un año de rigurosa investigación periodística, en la que participaron más de 400 periodistas de diversos países del mundo, se logró evaluar y sistematizar la información hasta darle la forma que tiene el informe detallado que se comenzó a publicar el 3 de abril de 2016, concitando gran expectación e interés.
Un poco antes de que el periódico alemán recibiera esta gran cantidad de datos, las autoridades alemanas de la oficina de impuestos le habían comprado a un informante no identificado una cantidad (mucho más modesta) de información referida a contribuyentes alemanes, también procedente de Mossack Fonseca, y habían empezado las primeras actuaciones.
La decisión del periódico alemán de compartir los materiales con el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) se debió a que esta organización ya había realizado investigaciones exitosas de gran envergadura en temas similares y que requerían cooperación internacional, proyectos en los que Süddeutsche Zeitung (SZ) había participado. Esta vez trabajaron equipos de más de 100 medios, provenientes de cerca de 80 países. Entre medios alemanes, aparte del propio SZ, colaboró también Norddeutscher Rundfunk y Westdeutscher Rundfunk; entre los equipos periodísticos británicos, destacan los de The Guardian y BBC; en Francia, participó un equipo de Le Monde y en Argentina, el diario La Nación; en Suiza, participó un equipo del periódico SonntagsZeitung; en Austria el semanario Falter y la ORF y en España la cadena LaSexta y el diario El Confidencial. En total colaboraron más de 400 periodistas en distintas tareas de ordenamiento, clasificación, validación y análisis de la información filtrada, en un trabajo coordinado que se prolongó por doce meses hasta la publicación de los primeros resultados.
La información se filtró aportando numerosas fuentes primarias o documentalesː correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados de cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, así como documentos y actas de alrededor de 214.000 sociedades anónimas. Se trata de un total de 11,5 millones de archivos que contienen el registro de cuarenta años de negocios de Mossack Fonseca, aunque la mayor parte del material analizado está relacionado con transacciones y operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015.
El 6 de mayo de 2016, algo más de un mes después de la publicación simultánea de los resultados de la investigación periodística, el alertador emitió un comunicado bajo el seudónimo de John Doe. En su «manifiesto» precisó los que a su juicio constituyen los principales actos delictivos revelados por los papeles de Panamá, indicando que quienes participaron «deben responder ante la justicia». John Doe aseguró que no trabajaba para ningún gobierno ni agencia de inteligencia y que filtró los documentos por decisión propia y «no con propósitos políticos». El manifiesto pidió a los cuerpos legislativos de la Unión Europea, de los EE. UU. y de «todas las naciones» que modifiquen sus leyes «no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos», señalando también que, en la Unión Europea, «estos registros deben ser de acceso libre en cada estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales». El periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) señaló al respecto lo siguiente:
En el manifiesto, John Doe señaló además que habría más filtraciones y que estaría dispuesto a colaborar con las autoridades —bajo ciertas condiciones de protección— en la investigación referente a estos temas. Sobre este último punto, se refirió ampliamente a la necesidad de proteger a los denunciantes de delitos, criticando con dureza la suerte que corrieron alertadores como Edward Snowden y otros, quienes a pesar de haber denunciado acciones abiertamente criminales, sufrieron duros castigos de una sociedad democrática que «debió protegerlos». Finalizó su manifiesto destacando la importancia del acceso ciudadano al conocimiento y a la información, anunciando con optimismo que ha comenzado una nueva era y que «la próxima revolución será digitalizada».
Datos de la fuente primaria y su procesamiento
El periódico Süddeutsche Zeitung no quiso publicar inicialmente los documentos originales ni poner a disposición de las autoridades judiciales los datos en bruto. Esto se criticó de diversas maneras y también por distintas organizaciones como, por ejemplo, WikiLeaks. Sin embargo, algunos pocos documentos sí han sido publicados en línea. Si la accesibilidad fuese facilitada por Süddeutsche Zeitung, en algunos Estados, los documentos no podrían ser utilizados en los tribunales de justicia debido a que fueron obtenidos de manera ilegal. En cambio, los datos que se encontraron en los allanamientos oficiales de las oficinas de Mossack Fonseca no tienen esta restricción. Tras sopesar las ventajas y desventajas de facilitar el acceso a los datos brutos, la ICIJ decidió publicar la base de datos completa, que quedó disponible para búsquedas en línea el 9 de mayo de 2016. Sin embargo, según precisó Süddeutsche Zeitung, esto no significaba que se fueran a publicar todos los documentos originales, sino simplemente los nombres de más de 200 mil firmas, sus beneficiarios y directores, como también sus intermediarios (por ejemplo, bancos, asesores y abogados). En la base de datos publicada posteriormente aparecían una gran cantidad de nombres nuevos, también de personas sobre quienes los medios de prensa, al menos, Süddeutsche Zeitung y los equipos periodísticos asociados a la ICIJ, no informaron en los primeros días.
Para las búsquedas en los documentos, Süddeutsche Zeitung usa el programa Nuix, una aplicación estándar, internacionalmente utilizada por oficinas de investigaciones.
Mossack Fonseca fue una firma de abogados panameña fundada en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, con una plantilla de más de 500 empleados repartidos entre sus más de 40 oficinas por el mundo. La organización trabajaba con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, como Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse Group, UBS y Commerzbank. Antes de los papeles de Panamá, fue descrita por The Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore». Los principales servicios de la firma incluían la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La compañía fue la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas, la mayoría en paraísos fiscales bajo administración británica como las Islas Caimán o la Isla de Man. En conjunto, las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, siendo el destino favorito de los negocios offshore. El segundo lugar lo ocupa el propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual número de registros de empresas fantasma.