El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), El Colegio de México, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y de estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano director del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH). Dicho órgano creó el Pliego petitorio del CNH al Gobierno de México con demandas específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que consideraba autoritario.
Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen «comunista» como parte de un falso «Plan Subversivo de Proyección Internacional» y lo criminalizó, argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968, el 2 de octubre perpetró un crimen de Estado, la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta por el Estado Mexicano como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la entonces llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH. De acuerdo con el Gobierno de México, lo dicho por sí mismo en 1969, y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz.
La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) de la Procuraduría General de la República del gobierno de México concluyó en 2006, en su Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana, que el movimiento estudiantil «marcó una inflexión en los tiempos políticos de México», fue «independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil» y se potenció «con las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial». El mismo informe concluyó que durante el movimiento el gobierno mexicano aplicó «sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social (...) lo caracterizó como subversivo y, en lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y al sector que consideró más combativo». Para ello, recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión, la elaboración de una campaña de desprestigio y descrédito a través de los medios masivos de comunicación —los cuales mantenía controlados— y la invención y creación de materiales de comunicación falsos caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del Estado mexicano como «criminal». En los hechos, fue activa la asesoría, presencia e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de los Estados Unidos de América bajo la operación LITEMPO. El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es impreciso.
Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio, afirmación que fue sustentada por la fiscalía mexicana, pero rechazada por sus tribunales. También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia. En el quincuagésimo aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de Estado y constituyó una política de reparación a las víctimas.En 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum declaró los hechos como un crimen de lesa humanidad y pidió una disculpa pública en nombre del gobierno a las víctimas y sus familias.
Algunos politólogos, historiadores e intelectuales, como el cronista Carlos Monsiváis, coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas. Así como propiciar la radicalización de algunas organizaciones políticas que optaron por la clandestinidad para formar guerrillas urbanas y rurales, las cuales fueron reprimidas en la llamada guerra sucia en México, durante la década de 1970:
El contexto histórico mundial de 1968 estaba regido por los movimientos sociales, principalmente obreros y estudiantiles. En el caso de los acontecimientos sucedidos en México durante este periodo, su origen se puede ubicar dentro de una corriente de movilización social que, desde décadas atrás, pugnaba por una mayor apertura democrática en un país con un sistema político de partido hegemónico y de control estatal de las organizaciones populares:
En la primavera de 1942, el Estado mexicano consumó la primera masacre de estudiantes. Los hechos, hoy en día poco conocidos, fueron los siguientes: los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), habiendo declarado una huelga en demanda de reconocimiento legal para los títulos que concedía el Instituto, y otras reivindicaciones que atañían a problemas materiales que enfrentaban maestros y estudiantes, decidieron, para presionar al secretario de Educación Pública, realizar una manifestación que iría del Casco de Santo Tomás hasta el Zócalo de la ciudad. El movimiento politécnico de 1942 que tuvo este desenlace trágico, inauguró una nueva etapa en la historia del movimiento estudiantil mexicano. La modernización de la superestructura que se realizó en México desde 1940 incluía, naturalmente, la transformación o la supresión de las instituciones de educación popular fundadas durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas. El movimiento de 1942 constituyó la primera reacción estudiantil ante los ataques del poder a las instituciones de educación popular. Movimientos estudiantiles de esta naturaleza defensiva tendrían lugar más tarde, en 1949, 1952 y, finalmente, 1956. En este último año 120 000 estudiantes de los centros de educación popular fueron a la huelga por reivindicaciones fundamentalmente "economicistas" y el Estado respondió encarcelando a dirigentes acusándolos de "disolución social", "agitadores" y haciendo intervenir al ejército en el Internado del IPN.
En 1956, inicia el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), una organización muy importante dentro de la lucha por la independencia sindical. Al negociar los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) un incremento salarial que llega a la mitad de la demanda inicial, Othón Salazar, maestro normalista del estado de Guerrero, convoca a un mitin de protesta. Poco después, una asamblea independiente lo elige representante de lo que será el MRM, constituido a fines de 1957 y con una fuerte presencia en las primarias del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
El año 1958 fue decisivo en la historia de los movimientos sociales mexicanos. Era el último año del sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ese año hicieron eclosión luchas sindicales en gremios como los electricistas, telegrafistas, maestros, telefonistas, petroleros y campesinos. Entre 1958 y 1959, los fenómenos de insurgencia obrera sobresalieron y entre 1959 y 1965, ya en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, estallaron innumerables luchas campesinas que sacudieron las más importantes zonas agrícolas del país. En todas estas luchas la demanda del aumento en los salarios aparecía en primer plano debido al incremento de precios en productos de la canasta básica. También estaba presente la demanda por el respeto a la autonomía sindical y una mayor apertura del régimen político. Como respuesta, el gobierno optó por la represión. El primer acto represivo que detonó fue en abril de 1958, en una represión policíaca sobre una concentración de maestros que se efectuaba en el Zócalo. La dureza de la respuesta policíaca dio lugar a que el MRM se lanzara a la movilización en un momento en que ésta se hacía particularmente necesaria. Después, el estallido de la lucha ferrocarrilera se hizo presente el 28 de junio en su primera gran manifestación en el Distrito Federal, con la represión por parte de la policía y del cuerpo de bomberos. El movimiento ferrocarrilero se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios, y se consolidó con la proclamación del Plan del Sureste el 12 de junio, y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes. Las demandas de este movimiento eran, en primera instancia, las mejoras salariales, e inmediatamente después, la democracia sindical. El líder de este movimiento fue Demetrio Vallejo, quien posteriormente sería detenido y encarcelado en Lecumberri; acusado del delito de disolución social.