María Helena Díaz Pérez (Santa Rosa de Osos, 1955-Medellín, 28 de julio de 1989) fue una jueza colombiana, asesinada por el Cartel de Medellín.
Nacida en Santa Rosa de Osos (Antioquia), era la segunda de once hermanos. Realizó estudios como abogada en la Universidad de Medellín. Ejerció como jueza: primero en los municipios de Angelópolis, Andes y El Santuario, y como jueza tercera de orden público en Medellín.
En ese momento investigaba los casos de las masacres de las fincas bananeras de Honduras y La Negra, ocurridas el 4 de marzo de 1988 en el corregimiento Currulao, de Turbo (Antioquia), que dejaron como víctimas a 20 trabajadores, en su mayoría miembros del Sindicato de Trabajadores Agrarios, y que le habían sido originalmente asignados a Martha Lucía González Rodríguez, cuyo padre Álvaro González fue asesinado y fue exiliada. Producto de estas masacres en Urabá, en julio de 1991 fueron condenados a 20 y 30 años de cárcel los paramilitares Ricardo Rayo, Mario Zuluaga Espinal, Henry Pérez y Fidel Castaño. Además investigaba casos de lavado de dinero, contra Pablo Escobar del Cartel de Medellín.
Fue asesinada por tres sicarios que interceptaron su vehículo, en el barrio Santa Mónica de la ciudad de Medellín, cuando se dirigía a su casa, junto a dos de sus escoltas: Alfonso de Lima y Dagoberto Rodríguez, el chofer y otro escolta, quedaron heridos. Su muerte no se esclareció, el juez que investigaba el caso fue amenazado 32 días después del asesinato y tuvo que ser exiliado, no se determinó quienes fueron los autores materiales, se maneja la versión de que fue orden de Pablo Escobar o de los jefes paramilitares que investigaba.