Laura Alonso (Buenos Aires, 23 de diciembre de 1972) es una politóloga y política argentina, perteneciente a Propuesta Republicana (PRO).
Estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Anteriormente fue diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015.
Alonso se graduó como licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires.
Fue Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano —capítulo argentino de Transparencia Internacional — y Fundación Pensar.
Fue Diputada de la Nación Argentina por la Ciudad de Buenos Aires, por Propuesta Republicana desde 2009 hasta diciembre de 2015, donde integró las comisiones permanentes de Juicio Político como vicepresidente primera y como vocal de los Asuntos Constitucionales, Modernización del funcionamiento parlamentario y Libertad de Expresión.
Entre sus iniciativas legislativas de 2010 y 2011 figura la ley de paridad de género.
Junto a la diputada Patricia Bullrich invitó al fiscal Alberto Nisman a la Cámara de Diputados de la Nación a exponer su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y otras personas por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. En febrero declaró ante la fiscal del caso, Viviana Fein. Luego quedó involucrada en la causa por la muerte del fiscal, debido a la cantidad de comunicaciones que realizó con el mismo el fin de semana de su muerte.
Titular de la Oficina Anticorrupción (2015-2019)
En diciembre de 2015, Mauricio Macri la designó titular de la Oficina Anticorrupción sucediendo así a Julio Vitobello. Su nombramiento fue criticado debido a que no cumplía con el requisito de ser abogada que exigía la ley. A través del decreto número 226/2015, se modificaron dos artículos del decreto 102/99 firmado por el expresidente Fernando De la Rúa, eliminando la obligatoriedad de ser abogado para ocupar el cargo y estableciendo como requisito «tener título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana».
Durante su gestión, la Oficina Anticorrupción publicó en formato abierto, junto al Ministerio de Justicia, las declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores en el Portal Nacional de Datos Públicos.
En 2017 se conoció que Laura Alonso incrementó en un solo año su patrimonio en 160 % mientras estaba al frente del organismo y se encuentra tercera en el ranking de funcionarios del Gobierno con mayor crecimiento patrimonial.
Durante su gestión se elaboraron, entre otros, los siguientes proyectos de ley y decretos:
Ley del Arrepentido: Plantea la posibilidad de reducir o eximir de penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil que permita evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas”. Fue aprobada por el Congreso Nacional.
Responsabilidad Penal Empresaria: Tiene como principal fin prevenir la corrupción a través de la implementación de programas de integridad y fomentar la colaboración del sector privado en la investigación de la corrupción, se busca seguir los estándares en materia de transparencia promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Durante el debate de la ley, Alonso pidió que se volviera a incluir en el proyecto de ley la llamada "cláusula Odebrecht", que permitía a las empresas acordar con la Procuración la extinción o reducción de la pena a cambio de información sobre delitos anteriores. Diferentes políticos, juristas y periodistas advirtieron acerca de la ilegalidad del artículo. La oposición argumentó que el artículo tenía como objetivo que empresas como Iecsa se vieran libradas de acusaciones por sus negocios con Odebrecht al denunciar coimas anteriores con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Decretos de integridad en juicios contra el Estado y contrataciones públicas: La Oficina Anticorrupción presentó proyectos de decreto orientados a regular los conflictos de interés en casos de juicios contra el Estado y contrataciones públicas vinculadas al presidente y otros funcionarios.
La Oficina Anticorrupción interviene como denunciante o querellante en más de 35 causas por delitos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Algunas de ellas son: Tragedia de Once, Hotesur, Ciccone, Plan Qunita, Lázaro Báez, Coimas en el Ministerio de Salud, José López y César Milani.
En el primer año de Alonso al mando de la Oficina, más de 22.000 funcionarios públicos no presentaron sus formularios de declaraciones juradas en 2016. La Oficina Anticorrupción promovió denuncias al respecto solo contra opositores al gobierno del que forma parte, por lo que fue imputada por "parcialidad manifiesta" y acusada de estar utilizando su función "para perseguir adversarios". Al año siguiente la Oficina Anticorrupción les dio más tiempo a los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas.
En 2016, la Sala II de la Cámara Federal ordenó al juez Martínez de Giorgi que reabra la investigación para determinar si la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Alonso, hace "persecución selectiva", eligiendo en qué causas interviene y cuáles deja pasar motivada a partir de intereses políticos o económicos. La investigación está a cargo de Franco Picardi, quien pidió la lista de todas las causas donde actuó la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Alonso. Ese mismo año, el abogado y dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia contra la OA y su titular por un supuesto direccionamiento de las denuncias que radicó en la Justicia federal, contra opositores al gobierno de Mauricio Macri.