Julio César Strassera (Comodoro Rivadavia, 18 de septiembre de 1933-Buenos Aires, 27 de febrero de 2015) fue un abogado argentino, juez y fiscal, conocido por haber estado a cargo de la fiscalía en el juicio en el cual resultaron condenados por violaciones de derechos humanos algunos integrantes de tres de las cuatro Juntas Militares que gobernaron la Argentina durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Actuación durante la dictadura
Nació en 1933 en Comodoro Rivadavia, pero luego se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Tras un matrimonio fallido y varios trabajos, comenzó a estudiar derecho a los 25 años recibiéndose cinco años después.
En 1976 fue nombrado secretario de juzgado. En los inicios de la dictadura (1976-1983) fue nombrado fiscal federal por la Junta Militar y en 1981 fue promovido como juez federal de sentencia. Como fiscal y como juez, se encargó de hábeas corpus solicitados por presos políticos, varios denegados, entre ellos el que pidió el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Jorge Cepernic, dirigente cercano a la organización Montoneros. Cepernic había sido detenido, puesto a disposición del poder ejecutivo y confiscados todos sus bienes. Strassera dijo el 19 de marzo de 1979, cuando era fiscal federal, acerca del pedido:
Otra causa de relevancia política en la que intervino fue el procesamiento de las familias Graiver y Papaleo, perseguidas por la dictadura y vinculadas a Papel Prensa. Strassera reconoció que le había tomado declaración a Lidia Papaleo mientras se encontraba detenida, en relación con la causa de la vinculación de quien fue su esposo, David Graiver (quien fuera dueño de Papel Prensa), pero negó que la causa se relacionara con la empresa papelera que la familia Graiver/Papaleo cediera durante la dictadura a los grupos Clarín y La Nación, sino con el eventual financiamiento de la organización guerrillera Montoneros. Otras fuentes han negado el relato de Strassera y le han imputado haber violado los derechos humanos de Papaleo y colaborar con la dictadura en el desapoderamiento de Papel Prensa.
Como fiscal intervino en el caso del asesinato de sacerdotes y seminaristas conocido como Masacre de San Patricio y solicitó el sobreseimiento provisional de la causa por no haber elementos para individualizar a los autores, lo cual fue aceptado por el juez Rivarola. Siete años después, la causa se reabrió por el juez Blondi por pedido del padre Cornelio Ryan, delegado provincial de la Comunidad palotino irlandesa, que solicitó se tomara en cuenta el testimonio de los dos jóvenes que observaron parte del operativo. Su controvertida actuación durante el proceso le valdría varias críticas. En el proceso tuvo un gesto horrible y de un maltrato a los detenidos superlativo. El que la destrababa era Strassera.
Actuación durante la democracia
En el famoso Juicio a las Juntas de 1985 fue el fiscal acusador que lo condujo. Este juicio, resultado del decreto 158/83 de Raúl Alfonsín, según lo exigía el entonces Código de Justicia Militar, se realizó contra nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de Estado) que gobernaron Argentina durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983, que terminó con la condena de cinco de ellos, de los cuales solo dos fueron condenados a cadena perpetua. Fue el primer proceso masivo en contra de comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Núremberg, el único en el mundo hecho por tribunales civiles.
El 4 de octubre de 1984, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (tribunal civil) asumió la parte acusatoria; según lo explicó Strassera, en una entrevista:
Strassera llevó a cabo la acusación a las juntas, como autorizaba la ley 23.049 aprobada en febrero de ese año, asistido por Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.
En el juicio realizó de viva voz la acusación pública contra los dictadores, que constituye un documento histórico y una pieza fundamental en la defensa de los derechos humanos.
Strassera cerró su alegato con esta frase:
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuerte con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Paraguay y Sudáfrica.
Después del juicio, fue el representante argentino ante los organismos de derechos humanos con sede en Ginebra, y con motivo de los indultos de los militares dispuestos por el presidente Menem se retiró de la función pública y se dedicó a su actividad como abogado y a participar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organización de la que formó parte integrando su presidencia.
Se afilió a la Unión Cívica Radical(UCR) en 2003, partido al que siempre voto.
En 2006 defendió a Aníbal Ibarra en el juicio político por el que fue removido de su cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa del incendio sucedido en la discoteca Cromagnón.
En diciembre de 2008 opinó en una entrevista que el gobierno kirchnerista quería prolongar los juicios por delitos de lesa humanidad para utilizarlos como bandera, y que prolongaban los juicios para poder sacar provecho político.
A pesar de las aprehensiones de Strassera, entre 2009 y 2010 se iniciaron las investigaciones y juicios por delitos de lesa humanidad, por los que hubo más de 400 procesados.