El Juicio de los aviadores de la Fuerza Aérea de Cuba por crímenes de guerra tuvo lugar en Santiago de Cuba en febrero y marzo de 1959 contra 43 de sus miembros, pocas semanas después de que el presidente cubano Fulgencio Batista hubiera huido del país y Fidel Castro, al frente de la Revolución cubana, hubiera ascendido al poder.
El juicio se dio en contra de los pilotos, los mecánicos y los artilleros acusados de ataques aéreos presuntamente criminales durante la guerra de guerrillas, finalmente fueron absueltos en un tribunal revolucionario por falta de pruebas. Castro incumplió sorprendentemente las leyes penales que había decretado previamente y ordenó un segundo juicio, que terminó con la imposición de largas penas de prisión sin nuevas pruebas. El evento contrastó marcadamente con el principio del estado de derecho, que Castro había defendido como objetivo de su movimiento revolucionario desde 1953, y como un ejemplo destacado de justicia política en el país y en el extranjero proporcionó una de las primeras reacciones negativas importantes a la joven Revolución cubana y su líder irrestricto.
Luego de que Fulgencio Batista huyera del país con los principales representantes de su gobierno en la mañana del 1 de enero de 1959, las fuerzas armadas cubanas se rindieron sin luchar ante el ejército rebelde comandado por Fidel Castro. Castro y el Movimiento 26 de Julio que encabezó, había asegurado previamente a los soldados la impunidad por seguir órdenes militares en la guerra de guerrillas y anunció que después de que asumieran el poder, solo castigarían a los criminales de guerra condenados de acuerdo con un conjunto de reglas anunciadas por el ejército rebelde en 1958. Aparte de estos, los miembros de las fuerzas armadas deben conservar sus cargos y continuar sirviendo bajo el nuevo gobierno.
En su marcha triunfal desde Santiago de Cuba a la capital La Habana, conocida como la “Caravana de la Libertad”, en la primera semana de 1959, Castro se reunió en Camagüey el 4 de enero para conversar con pilotos de la Fuerza Aérea de Cuba y les aseguró que no tenían nada que temer de la justicia revolucionaria. También les ofreció trabajo en la aerolínea estatal Cubana de Aviación. En un discurso público el mismo día, dijo que quería "bombardear la Sierra Maestra con regalos" con ellos.
Unas semanas más tarde, sin embargo, hizo arrestar a 43 miembros de la aviación bajo la acusación de haber cometido los crímenes de guerra más graves en el curso de la guerra de guerrillas. Desde los primeros días de la toma del poder, los revolucionarios habían ejecutado a decenas de miembros de las fuerzas armadas y de la policía, así como a presuntos y reales simpatizantes civiles del antiguo gobierno de Batista, en su mayoría después de los llamados tribunales revolucionarios, en muchos casos sin ningún juicio.
Del 13 de febrero al 2 de marzo de 1959 tuvo lugar en Santiago de Cuba el primer juicio contra los miembros de la Fuerza Aérea de Cuba ante un tribunal revolucionario designado por Fidel Castro en la provincia de Oriente como máxima corte marcial. Fue presidida por el Comandante del ejército rebelde Félix Pena Díaz, asistido por el Mayor y Piloto Antonio Michel Yabor y el Teniente y Abogado Adalberto Parúas Toll. Fueron acusados 19 pilotos, 19 artilleros y 5 mecánicos de aeronaves. Los cargos incluyeron genocidio, asesinato y varios otros delitos que involucraron a más de 600 personas bajo el mando de Fulgencio Batista. La realización de incursiones aéreas en zonas pobladas del oriente de Cuba en la segunda mitad de 1958. Estas incursiones aéreas habían causado un total de 8 muertos civiles. El fiscal era el capitán del ejército rebelde, Antonio Cejas Sánchez.
El sentimiento hostil hacia los acusados prevaleció en los medios locales: El primer día del juicio, apareció en un lugar destacado un reportaje titulado “Sagua, la lídice cubana” en un diario de Santiago, en el que el pequeño pueblo, que había sido atacado por incursiones aéreas durante la guerra, Sagua de Tánamo, fue comparado con Lídice, un pueblo checo destruido por las fuerzas armadas del Tercer Reich, un grave crimen de guerra cometido por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, con cientos de víctimas asesinadas, Lídice fue completamente destruido. El fiscal, que además de esta función también había dirigido la investigación, dedicó 10 horas a explicar el material incriminatorio y tuvo su discurso grabado y difundido por las estaciones de radio de la región y el texto impreso en los periódicos. Al mismo tiempo, sin embargo, impidió la cobertura mediática de los alegatos de la defensa. Finalmente, Cejas pidió la pena de muerte para 22 de los acusados, penas de prisión de entre cinco y siete años para otros 21 acusados y la absolución para dos mecánicos.
Después de que el tribunal, tras extensas audiencias de testigos, no pudiera encontrar ninguna prueba sólida de los cargos presentados, su presidente Félix Pena Díaz, de acuerdo con los dos asesores, absolvió a los acusados de todos los cargos el 2 de marzo y ordenó su liberación inmediata. No fue posible establecer la existencia de genocidio o asesinato, ni refutar el argumento de la defensa de que los rebeldes estaban presentes en los pueblos atacados, convirtiéndolos en objetivos legítimos. La fiscalía tampoco logró asignar ataques individuales a acusados específicos. Tras el anuncio de la sentencia, estallaron manifestaciones de protesta en Santiago de Cuba, exigiendo la ejecución de los absueltos. Por orden del comandante militar de la Provincia de Oriente, Mayor del ejército rebelde Manuel Piñeiro, los integrantes de la fuerza aérea no fueron liberados sino trasladados al penal de Boniato, en la periferia norte de la ciudad.
El 3 de marzo, Fidel Castro, quien reemplazó al liberal profesor de derecho José Miró Cardona como primer ministro el 16 de febrero, declaró inválida la sentencia. Lo describió como un:"grave error que no se debe permitir" "absolver a estos miembros criminales de la Fuerza Aérea". “Sería el colmo de la locura de un pueblo y de una revolución liberar a los que han demostrado ser los más cobardes asesinos y servidores de la tiranía.” Castro continuó diciendo que los tribunales revolucionarios no necesitaban más evidencia que los:"pueblos y aldeas destruidos y las docenas de cadáveres de niños y mujeres asesinados por balas y bombas".El veredicto con el número real de muertos civiles registrado había sido de 8, no publicados por el Gobierno. Luego justificó el castigo exigido como una medida preventiva: por una cuestión de seguridad pública, la revolución no debe permitir bajo ninguna circunstancia que “estas miserables criaturas” “vuelvan a volar contra Cuba y sigan escribiendo su nefasta historia de tristeza y tragedia”. Afirmó que el veredicto no se basó en consideraciones legales sino políticas. Por esta razón no fue válido y hubo que convocar a un nuevo tribunal para que juzgara debidamente el caso. La jurisprudencia revolucionaria no se basa en normas jurídicas, sino en la "convicción moral" del pueblo. El mismo día continuaron las manifestaciones contra la absolución en Santiago de Cuba. Manuel Piñeiro, quien era responsable de la seguridad en la región y había sido hombre de confianza de Fidel Castro desde 1955, anunció que los absueltos no serían puestos en libertad, pero que se haría un recurso de apelación a pedido del Ministerio Público.
También el 3 de marzo, los abogados defensores penales de los 43, con el apoyo de los Colegios de Abogados de Santiago y La Habana, se dirigieron a Fidel Castro y al público y señalaron que los artículos de derecho penal adoptados y publicados por el ejército rebelde en 1958 eran una revaluación de los hechos del primer juicio. El recurso de casación sólo podrá referirse a hechos ya declarados probados. Los colegios de abogados exigieron las garantías necesarias para el proceso de apelación para poder ejercer su profesión y recordaron a Castro su promesa de que la revolución devolvería el respeto a la ley. Para asegurar la conciencia pública, el Colegio de Abogados de Santiago financió un gran anuncio en el diario nacional con sede en La Habana Diario de la Marina titulado “A la Opinión Pública: El Colegio de Abogados de Santiago sobre el Juicio a la Fuerza Aérea en Santiago”, que contenía el veredicto completo del primer tribunal, las disposiciones legislativas dictadas por el movimiento revolucionario en materia de apelación y revisión de causas penales, y cartas abiertas al primer ministro Fidel Castro y al Presidente Manuel Urrutia Lleó.