Juan Orlando Hernández Alvarado (Gracias, Lempira, Honduras, 28 de octubre de 1968), también conocido por sus iniciales JOH, es un abogado, político y criminal convicto hondureño que se desempeñó como el décimo presidente de Honduras por dos mandatos consecutivos, desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022.
Hernández fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira desde 1998 hasta 2014, y presidente del mismo entre 2010 y 2014. El 24 de noviembre de 2013 fue elegido presidente constitucional de la República de Honduras en las elecciones generales, convirtiéndose en el décimo presidente de Honduras desde la constitución de 1982. Fue reelegido en las elecciones generales de 2017, gracias a una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia que permitió la reelección presidencial. Las elecciones fueron consideradas como fraude electoral por opositores políticos y parte de la opinión pública, debido a múltiples irregularidades, lo cual generó una crisis poselectoral con protestas en todo el país y represión estatal que dejó un saldo de 32 muertos.
El 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de Hernández debido a su participación en corrupción y tráfico ilegal de drogas. Esta medida se hizo pública el 7 de febrero de 2022, menos de dos semanas después que Hernández dejara la presidencia. El 14 del mismo mes, el gobierno de los Estados Unidos pidió su extradición por delitos de narcotráfico. Un día después, Hernández fue arrestado en su domicilio, siendo extraditado el 21 de abril.
El 8 de marzo de 2024, fue hallado culpable en una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado en junio del mismo año a 45 años de prisión más 5 de libertad condicional. Hernández habría aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales. En palabras de la fiscalía estadounidense, durante su presidencia Honduras operó como un narcoestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. Hernández guardó prisión en la Penitenciaría de Hazelton, donde su fecha de liberación estaba programada para el 19 de junio de 2060.
El 28 de noviembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de indultar Hernández a pocos días de las elecciones generales de Honduras. El indulto federal se hizo efectivo el 1 de diciembre, siendo Hernández liberado de prisión. Debido al indulto, el 8 de abril de 2026, una corte de apelaciones estadounidense anuló su condena y ordenó desestimar el caso contra Hernández.
Juan Orlando Hernández nació en la aldea Río Grande, Gracias, del departamento de Lempira, el 28 de octubre de 1968. Su educación primaria y secundaria la concluyó en Gracias, y en 1985 egresó en la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario en 1990. Durante su curso por la UNAH, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho entre 1988 y 1989 y miembro propietario de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas; también fue escribiente Primero y Tercero del Juzgado de Letras de lo Civil en Francisco Morazán. Además fungió como vocal primero de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación de Técnicos Legislativos Centroamericanos.
Al graduarse, su hermano Marco Augusto, quien ocupaba la Primera Secretaría del Poder Legislativo para el periodo 1990-1992, lo nombró su Asistente Ejecutivo, lo que le permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional. Durante ese tiempo también fue monitor de la cátedra Derecho Procesal Civil I en la UNAH. Partió con una beca a España, para estudiar legislatura. A su regreso, se involucró activamente en la campaña presidencial del precandidato por el Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano, donde se desempeñó como coordinador departamental en Lempira en 1993.
Gracias a una beca por excelencia académica, en 1994 ingresó a la Universidad Estatal de Nueva York, volviendo a Honduras al año siguiente con una maestría en Administración Pública con Orientación en Administración Legislativa.
Luego ganó una diputación en las elecciones de 1997, y simultáneamente dio clases de Derecho Constitucional en la UNAH hasta 1999.
En el proceso electoral de 1997, venció al primer diputado liberal por el departamento de Lempira, convirtiéndose en diputado en el periodo 1998-2002. Durante su segundo período legislativo (2002-2006), fue elegido como primer secretario de la Junta Directiva. Propuso junto con a Porfirio Lobo Sosa que los diputados rindieran obligatoriamente una declaración jurada de bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas. Fue también jefe de Bancada del PNH de 2005 a 2009 y secretario general del Partido Nacional, tras celebrarse una convención el 15 de marzo de 2009.
Durante su tercer periodo como diputado (2006-2010) fue parte de la Comisión de presupuesto I y fueron aprobadas sus siguientes mociones: crear una comisión multipartidaria para conocer el avance del juicio entre Honduras y Nicaragua sobre el paralelo 15 (marzo de 2007), invitar al comisionado de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y a la Secretaría de Finanzas a rendir cuentas sobre estado de los desembolsos a municipalidades del año 2006 (abril de 2007) y pedir al presidente del Ejecutivo Manuel Zelaya que reclame una disculpa pública al mandatario venezolano Hugo Chávez por ofender al cardenal Óscar Andrés Rodríguez (julio de 2007).
Presidencia del Congreso Nacional
Para su cuarto período como diputado, en enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional eligió a Juan Orlando Hernández como presidente de la Junta Directiva de ese poder del Estado. En abril del mismo año presidió la octava reunión extraordinaria del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, en San Pedro Sula.
Durante su presidencia, se aprobaron una serie de medidas controvertidas, tales como la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, o "Tasa de Seguridad"; la Ley de Inversiones para Atracción de Capitales y la ley para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como Ciudades Modelo. También se enfocó en el tema de seguridad ciudadana con medidas como la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) y la creación de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía. Asimismo, antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), aprobada en junio de 2013. La unidad Tigres se encarga de realizar actividades de inteligencia y de reacción que permiten hacer operaciones que la Policía Preventiva no puede hacer. El 12 de junio de 2013, el Congreso Nacional le extendió un permiso para ausentarse de sus funciones y dedicarse totalmente a su campaña como candidato presidencial por el Partido Nacional.
En julio de 2011 entró en vigencia la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, que imponía una serie de tasas especiales a cuentas bancarias y actividades empresariales con el fin de obtener fondos extra para combatir la criminalidad. Ante las múltiples críticas por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las organizaciones de consumidores y la banca; la ley fue reformada, estableciendo tasas más bajas, y publicada en enero de 2012.
En septiembre de 2012 se presentó un proyecto de ley para la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como "Ciudades Modelo", y se firmó un convenio con una empresa estadounidense para la construcción de la primera de ellas, que comenzaría en octubre. Inspiradas en la idea de las ciudades chárter, las ciudades modelo serían ciudades autónomas de hasta 33 km² cada una, construidas por empresas extranjeras con concesiones de hasta 80 años, que según sus promotores, captarían la inversión extranjera e incentivarían notablemente el desarrollo de la región. La iniciativa se encontró con el rechazo de organizaciones sociales y de juristas, quienes vieron a las mismas como una forma de "privatización del territorio nacional", llegándose a presentar casi 70 recursos de inconstitucionalidad contra la misma. Ese mismo mes, 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional el proyecto de ley por violentar la autonomía judicial del país, su soberanía y su forma de gobierno, y comprometer el desarrollo del país. Tanto Hernández como el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, lamentaron esta decisión.