Juan Ingallinella (Rosario, 10 de octubre de 1912-Rosario, 18 de junio de 1955) fue un médico y político argentino, militante en el Partido Comunista que fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo, en un hecho que tuvo vasta repercusión conocido como el «caso Ingallinella». A raíz de la investigación realizada se condenó a quienes fueron autores materiales del hecho, pero el cuerpo nunca fue hallado, por lo que se lo considera uno de los primeros desaparecidos de la historia argentina,
después del albañil anarquista Joaquín Penina (1901-1930), «desaparecido» por la policía de Rosario, y de los tres militantes anarquistas Miguel Arcángel Roscigna (1891-1937), Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, «desaparecidos» el 31 de diciembre de 1936.
Juan Ingallinella era hijo de inmigrantes sicilianos. Estudió medicina y tenía su consultorio en la misma casa donde vivía, en la calle Saavedra 667, del barrio La Tablada, en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe). Se casó con Rosa Trumper (n. 1914), que era maestra, con quien tuvo una hija, Ana María.
Actividad profesional y política
Militó en el movimiento estudiantil reformista mientras estudiaba la carrera de Medicina en Rosario, que comenzó en 1931. Se acercó al grupo universitario Insurrexit orientado por Héctor P. Agosti y se afilió luego a la Federación Juvenil Comunista. En 1941 participó en el Congreso de la Juventud Argentina que se reunió en Córdoba en el marco de la política de los frentes antibélicos y antifascistas.
Hay testimonios recogidos en la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos gratis cuando no tenían dinero para comprarlas. Incluso les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honórem en el Hospital de Niños «Víctor J. Vilela».
Ingallinella era un militante comunista, en cuyo consultorio tenía un cuadro con la foto de Lenin. A principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Entonces Ingallinella ―que manejaba una pequeña imprenta clandestina―, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón (jefe de la sección Orden Social y Político), Santos Barrera (subjefe de la misma sección) y Francisco E. Lozón (jefe de la sección Leyes Especiales).
Si bien posteriormente el Partido Comunista fue reconocido como organización legal y participaba en las elecciones, sus militantes eran objeto de persecución policial. Fue así que Ingallinella acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenido varias veces en la Jefatura de Policía en Rosario, permaneciendo en una oportunidad en esa situación entre abril de 1944 y mediados de 1945.
Participó como delegado en el XI Congreso del Partido Comunista realizado en agosto de 1946 en Buenos Aires. En 1953 viajó a Viena al Primer Congreso Mundial de Médicos para el Estudio de las Condiciones de Vida de los Pueblos. A continuación viajó a la Unión Soviética, invitado por el Ministerio de Salud Pública y la Academia de Ciencias Médicas de la Unión Soviética (en Moscú). De regreso en Argentina fue candidato a diputado nacional en la elección del 25 de abril de 1954.
El 16 de junio de 1955 se produjo en la Argentina una rebelión militar con la finalidad de derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Sin aviso previo alguno, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y otros sectores de la ciudad de Buenos Aires, y ametrallaron a la población civil en una acción sin precedentes en la historia argentina, ocasionando unos 400 muertos y más de 2000 heridos.
El comité Zona Sur del partido comunista redactó e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido mientras Inga ―como lo llamaban sus camaradas―, llegaba de una localidad cercana adonde había ido por tareas partidarias, ya que en esa fecha era apoderado del Partido Comunista en Rosario.
El mismo día 16 de junio la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al día siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingallinella (quien había desechado la oportunidad de ocultarse) y lo condujo a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con unas sesenta personas entre las cuales estaban los abogados Guillermo Kehoe y Alberto Jaime.
Los detenidos fueron retornando a sus hogares pero no Ingallinella. Ante las gestiones de su esposa y la presentación del habeas corpus de sus camaradas Kehoe y Jaime, la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la jefatura.
De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una comisión universitaria para presionar por la investigación. Casi un mes después, el 13 de julio de 1955, los trabajadores judiciales hicieron una huelga, y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades.
El 20 de julio de 1955 el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena ―que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia― ordenó la detención del jefe y del subjefe de investigaciones y de otros policías, así como el reemplazo del jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta. Inmediatamente exoneró (destituyó) a los policías involucrados.
El 27 de julio de 1955, el ministro de gobierno de Santa Fe dio un comunicado oficial:
La legislación entonces vigente había establecido el «fuero policial», esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común sino por un tribunal especial ―el Consejo de Justicia Policial―, el cual inicialmente trató de tomar el caso. Como el juez de instrucción Carlos Rovere también sostuvo la competencia, la Corte Suprema de Justicia de la provincia debió resolver el conflicto: el 3 de agosto de 1955 dio competencia al juez, argumentando que los policías habían perdido su estatus policial por haber sido exonerados.
Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos. Lo sucedido con Ingallinella se pudo reconstruir mediante el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Francisco E. Lozón (el jefe de la sección Leyes Especiales) quería ubicar el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual hizo torturar a varios detenidos ―incluyendo a Ingallinella― con la picana eléctrica.