La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por las armas, que puso fin al dominio español mediante una guerra civil multifacética. Tuvo lugar en la mayor parte de los territorios de Nueva España, y dio como resultado el surgimiento del Primer Imperio mexicano. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la economía del Imperio español, ya que los ingresos mexicanos representaban el ochenta por ciento del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La guerra por la independencia mexicana comenzó el día 16 de septiembre de 1810, y terminó con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el día 27 de septiembre de 1821.
El movimiento de la independencia de México tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de la ideas de soberanía popular y las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población.
La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el ayuntamiento de México —con apoyo del virrey José de Iturrigaray— reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo; la reacción condujo a un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento.
A pesar de la derrota de los criollos en Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte pero, al verse descubiertos, optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores (Guanajuato), convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.
A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas según el estado militar de la insurgencia, pues los sucesivos líderes fueron derrotados, capturados y puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio se reivindicaba la soberanía popular pero se reconocía a Fernando VII como rey de España y sus colonias, luego los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que proclamó la independencia del trono de España, disuelta para siempre jamás, y se atribuyó toda la soberanía y un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas. Hacia 1820, solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la sierra Madre del Sur y en Veracruz.
En 1820, otra revolución de carácter liberal en España a partir del pronunciamiento de Riego, para someter el gobierno despótico de Fernando VII y restablecer la Constitución de Cádiz. Al ver afectados sus intereses, los criollos decidieron apoyar una monarquía independiente en Nueva España, para lo cual buscaron el apoyo de la resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores, y a principios de 1821 pudo encontrarse con Vicente Guerrero. Se proclamó el Plan de Iguala que convocó a la reunión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aristocracia y el clero de Nueva España. Una tímida y desacertada reacción del virrey Apodaca provocó la desbandada militar y determinó el cambio de postura de las élites novohispanas que hasta entonces habían respaldado el dominio español. Finalmente, la independencia de México se consumó y se declaró independiente el 27 de septiembre de 1821.
De esta forma, Nueva España se convirtió en el Imperio mexicano, una efímera monarquía independiente que, tras una revolución, dio paso a una república federal en 1823, entre conflictos internos y la separación de América Central.
Después de acabar con la resistencia de la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, entre otros episodios de los intentos de reconquista, incluyendo la expedición de Isidro Barradas en 1829, España reconoció la independencia de México en 1836, tras el fallecimiento del monarca Fernando VII.
Situación económica y social del virreinato de Nueva España
La sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, cuya posición estaba condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político. Una de ellas era su papel respecto a la posesión de los bienes económicos. Había un grupo muy pequeño de personas que controlaban la mayor parte de la riqueza, mientras que la gran parte de la población era pobre. Los pueblos indígenas debían pagar un tributo al gobierno y estaban sujetos a un régimen de autoridad que, por ambiguo, provocaba numerosas confrontaciones entre españoles, criollos y mestizos. Muchos de estos enfrentamientos tenían relación con cuestiones agrarias, como por ejemplo la tenencia de la tierra y el control del agua. A lo largo de los tres siglos de dominio español hubo varios estallidos sociales en la Nueva España, entre ellos la rebelión de los pericúes de 1734 a 1737 en Vieja California, la rebelión de 1761 de los mayas, encabezada por Jacinto Canek y las rebeliones de los seris y los pimas en Sonora a lo largo de todo el siglo XVIII.
Como un corolario de los múltiples orígenes de la población de Nueva España surgió el sistema de «castas». Estos grupos estaban caracterizados por el origen racial de sus integrantes, encontrándose en la cúspide los españoles, y entre ellos, los europeos. El mestizaje entre español, indígenas y africanos dio como resultado un número de grupos cuya posición estaba determinada por la cantidad de sangre española que poseían. El sistema aspiraba a mantener la supremacía de la sangre española, y aunque nunca tuvo base legal, no siendo más que una nomenclatura aceptada, reflejó la división y la exclusión existente en la Nueva España, donde los grupos no españoles ocupaban un lugar marginal en el sistema social.
El pilar de la economía del virreinato de Nueva España era la minería, particularmente la explotación de oro y plata. Durante el siglo XVIII la producción minera vivió una de sus mejores épocas. Como resultado, la producción de oro y plata se triplicó en el período de 1740 a 1803. La bonanza era tan grande, que la mina llamada La Valenciana, en el estado de Guanajuato, llegó a ser considerada la operación minera de plata más importante del mundo. Al finalizar el siglo XVIII, Nueva España producía más de 2 500 000 de marcos de plata, y sus principales regiones mineras eran Guanajuato, Zacatecas y el norte de la intendencia de México. La importancia de la minería para la economía novohispana era tal que Carlos III reconoció al Cuerpo de Minería de Nueva España en 1776; un poco más tarde, permitió el establecimiento del Real Tribunal de Minería, así como también del Colegio de Minería.
El apogeo de la explotación minera favoreció el desarrollo de otras actividades económicas, particularmente el comercio y la agricultura. Por ejemplo, la creciente importancia de Guadalajara y El Bajío se debía a su relación con los minerales de Zacatecas y Guanajuato. Dado que la exportación de plata y oro constituía el nodo de la economía novohispana, en torno a esta actividad creció un complejo sistema que consolidó al grupo de comerciantes peninsulares, pero que también permitió la ascensión de un poderoso grupo criollo. Este grupo estaba concentrado en los consulados de México y Guadalajara, que constituyeron la pieza fundamental en la circulación de capitales en el territorio novohispano. El poder económico de los consulados respaldaba su capacidad de representación política, gestión y cabildeo.