Tal Día como Hoy

Incidente de Palomares

Accidente de aviación y contaminación nuclear

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El incidente de Palomares,​​ también conocido como accidente de Palomares fue un accidente nuclear ocurrido en la localidad española de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora (Almería), el 17 de enero de 1966. En el contexto histórico de la Guerra Fría, dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52, colisionaron en vuelo en una maniobra de abastecimiento de combustible. Esto provocó el desprendimiento y la caída de las cuatro bombas termonucleares B28 que transportaba el B-52, así como la muerte de siete del total de los once tripulantes que sumaban ambas aeronaves.​

En el accidente nuclear de Palomares se vieron implicados un bombardero estratégico B-52G y un avión nodriza KC-135 cargado con 60 000 litros de combustible, ambos de fabricación estadounidense. Los dos aviones colisionaron a 10 690 metros de altura sobre la costa mediterránea, en el cielo de la pequeña localidad española. El B-52 volvía del Mediterráneo, frente a la costa sur de Italia, hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro (Carolina del Norte) y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).​ La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde la de Morón.​

Debido a un fallo en la maniobra de acoplamiento, ambas aeronaves colisionaron, se destruyeron y cayeron. Los cuatro tripulantes del KC-135 fallecieron, al igual que tres del B-52. Cuatro tripulantes del bombardero lograron eyectarse, pero el paracaídas de uno de ellos no se abrió. Otro miembro de la tripulación se lanzó a través de una escotilla abierta por una de las eyecciones, al contar el B-52 con solo seis asientos eyectables.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 ( B28FI, Y1, Mod. 2) de 1,1 megatones cada una, 2,44 metros de largo por 0,51 metros de ancho y 1052 kg de peso.​ Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar de la pedanía y la otra próxima al cementerio.

Se produjo la detonación parcial de los 40 kg aproximados de explosivo convencional de RDX que contenían en forma de esfera, distribuido en 32 lentes independientes de carga hueca (20 hexágonos y 12 pentágonos), muy parecida al diseño de una pelota reglamentaria de fútbol, que circunda a otra de plutonio (>93 % Pu239). Su geometría esférica hizo que al caer con violencia en el suelo, solo detonaran las pocas lentes que impactaron directamente con él. Esto generó que ambas bombas se fragmentaran y que el plutonio combustionara de súbito, formando unas nubes muy contaminantes de dióxido de plutonio. La reacción en cadena que hubiera desencadenado una explosión nuclear no se produjo gracias a esta detonación parcial del sistema de seguridad desarrollado en la década 1950, denominado «un punto seguro».​Para que esto sucediera y que la esfera de plutonio se volviera supercrítica, era preciso la detonación simultánea de las 32 lentes.

Como resultado de la deflagración se formó un aerosol, en forma de nube de finas partículas compuesta por los óxidos de elementos transuránicos que formaban parte del núcleo fisionable de las bombas, más el tritio que se vaporizó al romperse su recipiente. Dicha nube fue dispersada por el viento y sus componentes se depositaron en una zona de 435,65 hectáreas de superficie, que incluía monte bajo, campos de cultivo e incluso zonas urbanas.​ Aunque con menores niveles, hubo otra extensa contaminación en la colindante sierra Almagrera, denominada Zona 6, que afectó a una superficie de 194 hectáreas, que se ocultaron de las cifras oficiales.​ La contaminación radiactiva resultante (principalmente por plutonio-239, plutonio-238, plutonio-240, plutonio-241, más uranio-235 y uranio-238 ) superó los 12 000 kBq/m². Hubo notables diferencias según el área considerada, con puntos de 117 000 Bq/m², y hasta más de 37 millones de Bq/m² (saturaron los instrumentos de medida) cerca de los cráteres de impacto.​

A finales de los años 1980, la contaminación residual era de 2500 a 3000 veces superior a la de las pruebas atómicas.​El vicepresidente del Gobierno, Agustín Muñoz Grandes, ordenó al presidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN), José María Otero de Navascués, enviar al comandante del cuerpo de ingenieros aeronáuticos del Ejército del Aire, Guillermo Velarde, físico y experto en energía nuclear, para que comprobara los daños ocasionados, colectara muestras del combustible nuclear y el mayor número de fragmentos de la bomba. Velarde pudo examinar los restos de plutonio de las bombas termonucleares. Con la colaboración de los prospectores mineros de la JEN, que ayudaron a levantar el primer mapa radiométrico de la Zona 0, pudo llevarse a Madrid los trozos y unos pocos gramos de plutonio y uranio para ser analizados, lo que sería crucial para una súbita transferencia de tecnología nuclear militar para el diseño de un prototipo de bomba de hidrógeno en el secreto Proyecto Islero.​

En los primeros nueve días todo el esfuerzo se polarizó en la intensa búsqueda por tierra de la cuarta bomba, sin adoptar medida alguna de radioprotección a la población y la tropa.​ Varios cientos de soldados y guardias civiles recorrieron a pie todas las zonas aledañas, incluidas las contaminadas.​ En sus batidas de sol a sol, estuvieron sometidos a grandes vendavales, como los días 18 y 22 de enero, con rachas máximas de 83 y 94 km/h, que ocasionaron la resuspensión masiva del polvo radiactivo.​ En tales quehaceres, como en el resto de las operaciones de remedio, las medidas de radioprotección de la tropa, de los miembros de la Junta de Energía Nuclear (JEN) y de los vecinos, fueron nulas, salvo en contadas excepciones.​​

Las acciones de descontaminación y radioprotección comenzaron a partir del 25 de enero, aunque la recogida de cosechas se inició de manera parcial dos días antes. Lo primordial fue evitar la resuspensión del plutonio con la «operación sin polvo», mediante el regado diario de 115 ha con 378 m³.​ La extracción abusiva de agua de los acuíferos llevó a una mayor intrusión marítima, que la convirtió casi en salmuera, dificultó durante unos años los regadíos y acrecentó la emigración.​ Al mismo tiempo, se inició el levantamiento de un mapa radiométrico de la Zona 0 para inventariar el contaminante. Con él comenzaron las negociaciones para la limpieza.

El nivel máximo de radiactividad de las tierras que España exigía era de 124 kBq/m². Pero los EE. UU. consideraban como «razonable» 1769 kBq/m². Tras las fuertes presiones de los EE. UU., incluidos al Alto Estado Mayor español, al final se claudica el 28 de febrero, por orden de Presidencia del Gobierno, fijando un límite para descontaminar a partir de 1062 kBq/m².​ Pero tal como detallaron los responsables de la JEN, esta línea roja tampoco se respetó, pues recogieron por encima 3540 kBq/m², más de 28 veces lo propuesto por España.​

Los EE. UU. se habían comprometido a llevarse a su país las tierras contaminadas a partir de lo pactado. Para ello, llenaron 5500 bidones de 208 l, de los que solo embarcaron 4810 en el USNS Boyce, con un volumen total de 1000 m³. Se desconoce el paradero de los 690 restantes. Todos fueron rellenados con 2/3 de tierras y 1/3 de restos vegetales.​ El peso total ascendía a 1100 toneladas, con solo 667 m³ de tierras y 333 m³ de restos vegetales.​ El operativo aparece más como una medida de cara a la esfera pública, pues esas tierras suponían solo algo más de un 3 % del volumen total de tierras a evacuar acordadas con España.​

El porcentaje de plutonio llevado a los EE. UU. es aún mucho menor, dado que el informe oficial de la USAF reconoce que ni siquiera eran las más radiactivas, pues la mayoría de su contenido estaba por debajo de 708 kBq/m².​ La operación de carga fue muy publicitada, mientras a menos de 2000 m de allí, se estaban enterrando de forma subrepticia 4000 m³ de tierras (20 % del total a llevar) y restos contaminados en dos fosas secretas, constituyéndose así el primer cementerio nuclear ilegal de España.​ Tendrían que pasar 42 años para ser descubiertas por el CIEMAT.​​

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