Jaime Ignacio González González (Madrid, 19 de octubre de 1960) es un político español exmilitante del Partido Popular (fue suspendido temporalmente de militancia en abril de 2017 por un ingreso en prisión). Desempeñó la Presidencia de la Comunidad de Madrid entre el 26 de septiembre de 2012 y el 25 de junio de 2015, tras la dimisión de su predecesora Esperanza Aguirre. Anteriormente había ejercido otros cargos en el ejecutivo autonómico, como vicepresidente o consejero de Cultura y Deporte. También fue secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
El 21 de abril de 2017 ingresa en prisión incondicional por su implicación en el caso Lezo, saliendo de la misma el 8 de noviembre de 2017, 202 días después, tras el pago de una fianza. La Audiencia Nacional logró decomisar el 'botín' que escondía en Colombia, con la ayuda de las autoridades del mencionado país y también las de Panamá, los investigadores incautaron 5,4 millones de dólares en metálico que el político ocultaba en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros, además de varios bienes inmuebles que tenía en Colombia. Se trata de una fortuna que el expresidente habría amasado a través de la trama del Canal Isabel II, que ahora se investiga en la denominada como operación Lezo. El hallazgo de este 'botín' resultó decisivo para que el político pudiera salir en libertad condicional, ya que el juez consideró que disminuía el riesgo de destrucción o alteración de prueba y, sobre todo, el riesgo de fuga.
Ignacio González González nació en Madrid el 19 de octubre de 1960. Es hijo de Pablo González Liberal, candidato suplente al senado en 2008 y actualmente secretario técnico general del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado. Está casado con Lourdes Cavero Mestre y tiene tres hijas. Su esposa es propietaria de Subastas Segre, que vende obras de arte y antigüedades. Su cuñada, Pilar Cavero, es abogada, socia de Cuatrecases y pareja del pintor José Luis Aguirre Gil de Biedma.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y aprobó las oposiciones de Técnico Superior del Ayuntamiento de Madrid en 1984. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la Administración Pública, en la que lleva desempeñando puestos de responsabilidad desde hace más de 20 años.
Miembro del Partido Popular de Madrid, su carrera política ha estado siempre muy vinculada a la de Esperanza Aguirre, con quien trabajó en el Ayuntamiento de Madrid y en el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, antes de formar parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Fue subsecretario del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (1996-1999) durante el mandato ministerial de Esperanza Aguirre y, posteriormente, secretario de Estado para la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas (1999-2002), con Jesús Posada al frente, donde gestó la llamada ventanilla única.
Durante el último gobierno de José María Aznar, entre 2002-2004, Ignacio González desempeñó la labor de secretario de Estado de Inmigración en el Ministerio del Interior, organismo que dirigía por aquel entonces Ángel Acebes. Durante este tiempo, Ignacio González fue el artífice de la reforma de la ley de Extranjería de España que se pactó con el PSOE en 2003.
En 2003, es nombrado vicepresidente primero del Gobierno de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional y desde febrero de 2009, se hace cargo de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, cargos que compaginó con la presidencia del Canal de Isabel II (2003-2012), la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, y la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de Ifema además de ser patrono del Teatro Real de Madrid.
Tras el anuncio de dimisión de Esperanza Aguirre el 17 de septiembre de 2012, ocupó la presidencia interina de la Comunidad (por ser vicepresidente). El 26 de septiembre fue elegido cuarto presidente de la Comunidad por la Asamblea de Madrid, tomando posesión del cargo al día siguiente.
El primer gobierno de Ignacio González estuvo conformado por ocho consejerías y sin vicepresidencia, como en la primera legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón. Se trataba de un Ejecutivo continuista del formado por Esperanza Aguirre, con pequeños cambios, como la salida del exconsejero de Economía Percival Manglano y la exconsejera de Presidencia y Justicia Regina Plañiol, que pasaron a ser diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
En la reforma del Gobierno regional, González cambió las competencias de varias consejerías. La Consejería de Transportes e Infraestructuras asimiló el área de Vivienda, anteriormente adscrita a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo, la Consejería de Educación, perdió las competencias en materia de Empleo pero sumó las de Juventud y Deporte. La anterior Viceconsejería de Cultura y Deporte desapareció como tal y se creó una nueva Consejería de Turismo, Cultura y Empleo, con Ana Isabel Mariño al frente de esta. La Portavocía del Gobierno regional se enmarcó dentro de la Consejería de Presidencia, cuyo titular fue Salvador Victoria Bolívar, que se convirtió así en el número dos del Ejecutivo madrileño.
Dentro de los órganos de gobierno del Partido Popular, formó parte del Comité Ejecutivo Nacional y ocupó el cargo de presidente del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid hasta el 23 de noviembre de 2011, cuando es designado secretario general del PP de Madrid a propuesta de la presidenta del partido Esperanza Aguirre.
En enero de 2009, el diario Público publicó que había tenido acceso a lo que consideraba un informe secreto del Partido Popular acerca de los negocios personales de Ignacio González. El texto, de 69 páginas, tal como citaba el propio periódico, era una investigación que abarcaba desde el "núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente". Según Público, en el informe se citaba que el patrimonio de González y su esposa alcanzaba los 1,8 millones de euros. El por aquel entonces vicepresidente presentó una demanda contra ese diario por considerar vulnerado su derecho al honor que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid.
En febrero de 2015, se llevó a cabo una investigación por presunto fraude en el pago a jueces y fiscales por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa Indra en la evaluación de sistemas informáticos para la judicatura, así como a raíz de la investigación en la Operación Púnica, de un pago por parte de la Comunidad a las sociedades de un empresario, Alejandro De Pedro Llorca, implicado en la trama, cuyo cometido era mejorar la imagen pública en Internet de Ignacio González y minimizar, mediante la contrapropaganda, los escándalos políticos en la comunidad.
Entre julio y agosto de 2011, Ignacio González fue sometido a una investigación por parte de la Policía, en relación con el uso de un ático de lujo en Marbella.
Según un comunicado de la Dirección General de Policía, la investigación fue ordenada al margen de la autoridad judicial y de los procedimientos ordinarios. Este extremo fue negado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, que calificó como "habitual", la realización de "actuaciones indagatorias previas", sin autorización del juez.
Como consecuencia de esta investigación, en abril de 2012 la Dirección General de la Policía abrió un expediente disciplinario al comisario jefe de la Comisaría Local de Marbella, Agapito Hermes de Dios, según el mismo, a petición propia. Al mismo tiempo, dicho comisario solicitó la baja como responsable de la comisaría marbellí, siendo relevado de su cargo. Los agentes que llevaron a cabo los seguimientos a González, en su declaración ante la Unidad de Asuntos Internos, admitieron que investigaron al político, especificando que actuaron siguiendo las instrucciones de la Dirección Adjunta de la Policía, que dirigía el ya fallecido Miguel Ángel Fernández Chico.