Gustavo Adolfo Gómez López (Caracas, Venezuela, 7 de enero de 1951) es un abogado, banquero y empresario venezolano. Fundador del despacho de abogados Gómez López & Asociados, fue presidente del Banco Latino y su grupo de empresas hasta 1994. Actualmente, ejerce su profesión y es miembro de las juntas directivas de varios medios de comunicación y empresas aseguradoras.
Gustavo Gómez López nació el 7 de enero de 1951 en la Parroquia El Recreo, en Caracas. Es el menor de los ocho hijos de Rubén Darío Gómez Rodríguez, oriundo de Upata, estado Bolívar, y de Agustina Soledad López Alberti, nacida en Barcelona, España. Por vía materna es nieto de la actriz y empresaria teatral Sol de Moncada. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, y obtuvo su título en 1974.
Gómez López desarrolló su carrera en el sector financiero venezolano, consolidando su trayectoria dentro del Banco Latino. En septiembre de 1992, sucedió a Pedro R. Tinoco como presidente de la institución bancaria, cargo que ocupó durante el período de mayor expansión de la entidad.
A nivel internacional, también fue promotor del Banco Latino de Colombia, de la Société Financière de Bastión en Ginebra, Suiza, y presidió las filiales del banco en Miami y Curazao. En el ámbito institucional, se desempeñó como presidente de la Fundación Latino, desde esa posición impulsó en 1994 la constitución de una fundación en conjunto con las Academias Nacionales de Venezuela, destinada a proveer los recursos para la restauración, mantenimiento y custodia del histórico Palacio de las Academias.
Para diciembre de 1993, el Banco Latino llegó a ser la segunda entidad bancaria del país en volumen de depósitos y captaciones. Su División de Fideicomisos administraba recursos por más de 130.870 millones de bolívares, convirtiéndose en el fiduciario más grande del sistema financiero venezolano. Este acelerado crecimiento y la vinculación de su directiva con el sector político generaron fricciones con otros grupos financieros tradicionales.
La crisis financiera de 1994 en Venezuela fue un evento crítico que afectó gravemente al sistema bancario del país. En medio de un clima de incertidumbre económica y política, el sistema financiero experimentó una severa fuga de capitales, llevando a instituciones como el Banco Latino a sufrir una salida masiva de depósitos a una velocidad inmanejable. En un intento por estabilizar la situación, Gómez López renunció a la presidencia del banco en noviembre de 1993.
El 16 de enero de 1994, semanas después de las elecciones presidenciales ganadas por Rafael Caldera, el Banco Latino fue intervenido por el gobierno provisional presidido por Ramón J. Velásquez, y cerrado al público durante más de 80 días. Esta intervención fue producto de un severo quebranto económico de larga data que afectaba a gran parte del sistema financiero, la negativa de auxilios financieros estatales y las tensiones políticas reinantes.
El Banco Latino fue el único banco al que se le negó el auxilio financiero en 1994. Como resultado de esta decisión del Banco Central de Venezuela, sobrevino la mayor crisis financiera en la historia del país. Durante el proceso de intervención, análisis técnicos posteriores cuestionaron las cifras oficiales manejadas por las autoridades, economistas como Pedro Rosas Bravo señalaron inconsistencias en las auditorías externas (KPMG) que determinaron pérdidas por 300.000 millones de bolívares en pocas semanas, calificando como "imposible que tan cuantiosas pérdidas hubieran estado ocultas tanto tiempo".
A raíz de la crisis, Gómez López y su esposa Claudia Febres-Cordero enfrentaron múltiples acusaciones en Venezuela, Curazao y Miami. En el ámbito nacional, las autoridades les imputaron una serie de delitos financieros y administrativos que incluyeron la aprobación dolosa de créditos a empresas relacionadas, emisión de documentos para ocultar desfalcos, elaboración y publicación de estados financieros inexactos, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, violación de obligaciones fiduciarias, agavillamiento, estafa continuada y porte ilícito de arma de guerra.
Ante estas acusaciones, Gómez López sostuvo consistentemente su inocencia, argumentando ante la prensa internacional que los cargos penales respondían a una persecución política impulsada por el gobierno de Rafael Caldera, y que el colapso de la institución se debió al severo deterioro macroeconómico del país y no a actos de fraude.
En los tribunales de Curazao, fueron demandados por US$ 1.000.000.000, la demanda más grande en la historia de la isla. En la Corte Federal de Miami, Florida, se inició una acción judicial bajo el RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), acusándolos de fraude masivo, malversación de fondos, violación de deberes fiduciarios, entre otros cargos.
Estas acciones fueron ampliamente publicitadas en Venezuela y el mundo, y la Junta Interventora designada por el presidente Rafael Caldera contrató una agencia de publicidad norteamericana para tales fines. Asimismo, reportes de la prensa internacional destacaron que Gómez López fue objeto de una intensa campaña mediática impulsada por grupos económicos y de comunicación rivales. Según estos análisis, el objetivo de dicha campaña era responsabilizarlo exclusivamente del colapso institucional para desviar la atención pública de otros prominentes actores políticos y financieros vinculados a la entidad.
Tras varios años de litigios, los procesos iniciados contra Gómez López y otros exdirectivos en las diversas jurisdicciones fueron desestimados. El 20 de abril de 2000, la Corte del Distrito Sur de Florida desestimó sumariamente la demanda civil interpuesta por la Junta Interventora, determinando que los reclamos carecían de mérito. Asimismo, a nivel internacional, medios que habían reportado las acusaciones emitieron retractaciones oficiales confirmando el archivo definitivo de los cargos en Venezuela, Estados Unidos y Curazao.
Tras estas resoluciones, la defensa inició procedimientos sancionatorios en la justicia estadounidense contra FOGADE por persecución maliciosa (Malicious Prosecution). En enero de 2003, el juez federal de bancarrotas ordenó al banco intervenido el pago de una indemnización a Gómez López y a los exdirectores por los gastos legales ocasionados al proseguir con una demanda considerada frívola.
El Banco Latino Internacional es el único EDGE Act Bank en la historia financiera del Estado de Florida que emergió del Chapter 11 solicitado voluntariamente en 1994 para protegerse de una corrida de depósitos. Durante dicho proceso, el tribunal federal estadounidense relevó a la administración designada por la intervención estatal, concluyendo que era inepta para operar la institución. El BLI pagó al 100% a todos sus depositantes y acreedores.
Según el análisis técnico financiero contenido en el libro "Anatomía de una Muerte Inducida" del economista y exministro de Hacienda de Venezuela Pedro Rosas Bravo, el Estado venezolano recuperó el 100% de los recursos invertidos por FOGADE en la intervención, gracias a los propios activos del grupo financiero.
A lo largo de su trayectoria corporativa e institucional recibió diversas condecoraciones y distinciones. Entre ellas destacan reconocimientos regionales como la Orden Doctor Tulio Febres-Cordero en su Primera Clase (1991). Asimismo, en 1993, el World Economic Forum lo seleccionó como uno de los Global Leaders for Tomorrow.
Caso de los banqueros prófugos