Las guerras carlistas fueron una serie de contiendas civiles que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XIX. Se debieron, por un lado, a una disputa por el trono, y, por el otro, a un enfrentamiento entre principios políticos opuestos. Los carlistas, que luchaban bajo el lema de «Dios, Patria y Rey», encarnaban una oposición reaccionaria al liberalismo y defendían la monarquía tradicional, los derechos de la Iglesia y los fueros, mientras que los liberales exigían hondas reformas políticas por medio de un gobierno constitucional y parlamentario.
Según el historiador Alfonso Bullón de Mendoza, todos los testimonios de la época coinciden en que en 1833 los carlistas eran superiores en número a sus rivales, si bien la mayoría de los carlistas no pudieron actuar activamente debido a la represión del gobierno. Geográficamente, donde mayor apoyo popular tenía la causa del infante Carlos María Isidro era en gran parte de Castilla la Vieja, la zona de Tortosa y la montaña de Cataluña, y donde mejor organizados estaban sus partidarios era en Castilla la Vieja, Extremadura y Andalucía. Sin embargo, donde finalmente triunfó con mayor fuerza el alzamiento carlista fue en la mayor parte de las Provincias Vascongadas y Navarra, ya que la legislación foral, que dejaba la subinspección de los cuerpos en manos de las respectivas diputaciones, había permitido que los Voluntarios Realistas no fueran purgados allí como en el resto de España.
Así pues, donde lograron hacerse fuertes los defensores del pretendiente durante la primera guerra carlista fue en la mitad norte peninsular, especialmente en las Provincias Vascongadas y Navarra —sus focos más importantes—, así como el norte de Cataluña y el Maestrazgo.
El convenio de Vergara de 1839 marcó el final de la primera guerra carlista, pero las insurrecciones e intentonas carlistas continuaron a lo largo del siglo XIX y el carlismo volvió a aparecer con fuerza como reacción a la revolución de 1868. En 1872 estallaba la tercera guerra carlista, que duraría hasta 1876, tras ponerse fin al periodo revolucionario con la Restauración alfonsina.
De gran influencia todavía en la primera mitad del siglo XX, la actuación de la Comunión Tradicionalista, la agrupación política del carlismo, sería determinante en la conspiración contra la Segunda República y la sublevación del 18 de julio de 1936 que dio origen a la guerra civil española. En ella los carlistas tuvieron una actuación protagonista (especialmente en Navarra) a través de sus milicias de requetés, siendo además una de las dos agrupaciones políticas que dieron origen a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el Movimiento Nacional franquista.
Los enfrentamientos entre carlistas y liberales tuvieron tres episodios destacados en el siglo XIX: las tres guerras carlistas. Estas contiendas civiles tenían como precedentes la guerra de la Convención (1793-1795), la guerra de la Independencia (1808-1814) y la Guerra Realista (1822-1823), en las que se había combatido ya bajo el lema «Dios, Patria y Rey» y se habían ido conformando los dos bandos que se iban a enfrentar.
Durante la guerra realista —la primera contienda civil española del siglo— se había alzado contra el nuevo gobierno constitucionalista el llamado Ejército de la Fe, que, en nombre de Fernando VII, constituyó una regencia en Urgel (Cataluña). Algunos meses después, en abril de 1823, llegaba en ayuda de los realistas españoles el Ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, que logró liberar al rey y que, a diferencia de la invasión francesa de 1808, no solo no encontró resistencia en la población, sino que fue recibido con entusiasmo.
Pero el Trienio Liberal, con sus medidas secularizadoras, había sentado las bases del enfrentamiento social en España, que se agudizaría con la segunda restauración de Fernando VII. Aquel periodo inmediatamente anterior a la primera guerra carlista sería conocido por la historiografía oficial como la «Década Ominosa», por la represión que se llevó a cabo contra los conspiradores e insurrectos liberales. Los carlistas, herederos del realismo fernandino, recordarían en años posteriores que los primeros facciosos que se habían rebelado contra el gobierno legítimo habían sido los liberales, y que el golpe de Estado de Riego, que en 1820 dirigió contra Fernando VII un poderoso Ejército destinado a sofocar la rebelión independentista en América, había hecho perder a España la mayor parte de sus colonias. Los liberales, en cambio, presentarían a personajes como Rafael del Riego o José María de Torrijos como héroes nacionales víctimas del «fanatismo absolutista».
Sin embargo, para los partidarios del Antiguo Régimen, aquella década despótica había supuesto asimismo una serie de concesiones al liberalismo moderado. En 1826 llegó a aparecer un manifiesto firmado por «una Federación de Realistas Puros» que pretendía elevar al trono al infante Don Carlos y derrocar a Fernando VII, si bien varios historiadores contemporáneos consideran probado que se trataba de una falsificación liberal para perjudicar al infante y enemistarlo con su hermano. En cualquier caso, en 1827 se produjo un levantamiento de los llamados apostólicos (ultrarrealistas), la guerra de los malcontents, localizada otra vez en Cataluña. Los insurrectos, que creían nuevamente cautivo a Fernando VII, reclamaban, entre otras medidas, el restablecimiento de la Inquisición, y protestaban contra la impunidad con que las partidas de liberales asesinaban a clérigos y realizaban todo tipo de saqueos, violaciones y crímenes contra aquellos que tachaban de «serviles».
En medio de este clima social, el rey Fernando VII, que preveía un gran problema sucesorio al no disponer de descendencia masculina directa, promulgó en 1830 una Pragmática Sanción, por la que pretendía derogar el Reglamento de sucesión de 1713 aprobado por Felipe V (comúnmente denominado como «Ley Sálica»), que impedía que las mujeres accedieran al trono. A los pocos meses, su cuarta esposa dio a luz a una niña, Isabel, que fue proclamada princesa de Asturias.
Cuando, en otoño de 1832, Fernando VII cayó gravemente enfermo, los seguidores de su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, consiguieron que el rey firmara la derogación de la Pragmática (los llamados Sucesos de La Granja), lo que supondría que este heredaría el trono. Pero, recuperado de la enfermedad, Fernando VII tuvo tiempo de restablecer la validez de la Pragmática Sanción antes de su muerte el 29 de septiembre de 1833. A pesar de ello, los partidarios del Infante Carlos María Isidro consideraron que este decreto se había sancionado de forma despótica e ilegal al no haber sido convocadas las Cortes tradicionales y que, por tanto, la legislación sálica seguía en vigor.
Por otra parte, según una confidencia que escribiría María Cristina de Borbón a su hija Isabel diez años después, habría sido la infanta Carlota, liberal convencida y enemiga de Carlos María Isidro, quien presionó a Fernando VII en su lecho de muerte para que firmase la anulación del decreto derogatorio, ante la falta de interés del rey agonizante y la indecisión de su esposa.
Como Isabel solo contaba en ese momento con tres años de edad, María Cristina asumió la regencia y llegó a un acuerdo con los liberales moderados para preservar el trono de su hija frente al alzamiento de los partidarios de Don Carlos. Estos se denominaron carlistas, y eran favorables a la monarquía tradicional española. Sus enemigos les tildaban de absolutistas porque procedían del realismo fernandino. Entre los partidarios de Don Carlos se encontraba la mayor parte del pueblo, especialmente campesinos y artesanos, sobre todo del mundo rural, que recelaban de las reformas y de las ideas ilustradas o «masónicas», pero también un quinto de la nobleza española y buena parte del estamento eclesiástico, especialmente el bajo clero y el clero regular, además de algunos obispos. Los partidarios de los derechos de Isabel fueron conocidos como isabelinos o cristinos (por la regente María Cristina). El gobierno apoyado por los liberales encontró defensores en la población urbana, la burguesía y buena parte de la nobleza.