La guerra peruano-ecuatoriana, conocida también como guerra del 41, fue uno de diversos conflictos armados que ocurrieron entre los países sudamericanos de Perú y Ecuador como consecuencia de su prolongada disputa territorial y por falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambos países; siendo los otros la guerra peruano-ecuatoriana de 1858-1860, el conflicto limítrofe denominado como «Falso Paquisha» o «Paquisha» de 1981, y la guerra del Cenepa de 1995. Esta guerra no declarada comenzó el 5 de julio de 1941 y como consecuencia de ello el 29 de enero de 1942 se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942.
Las fuerzas armadas peruanas traspasaron la línea del statu quo de 1936 (una frontera provisional que deslindaba los territorios que de facto ocupaban ambos países) y ocuparon militarmente las siguientes provincias ecuatorianas:
Costa: El Oro, hasta las riberas del río Jubones, ocupando militarmente su capital Machala y otras ciudades como Puerto Bolívar, Santa Rosa y Pasaje; y ejerciendo la Marina de Guerra peruana un bloqueo marítimo en el canal de Jambelí y el golfo de Guayaquil, con el fin de impedir el envío de tropas y suministros desde la ciudad homónima hacia Puerto Bolívar.
Sierra: Parte de la provincia de Loja.
Oriente: Partes de las antiguas provincias ecuatorianas de Napo Pastaza y Santiago Zamora, que en tiempos de la colonia española correspondían a la antiguas Gobernaciones de Maynas y Quijos, territorios que el Perú disputaba entonces al Ecuador.
Según Ecuador, el Perú invadió su territorio, trasgrediendo el statu quo de 1936, agresión que no pudo repeler al hallarse escasamente armado, sin recursos y en una difícil situación política interna; dicha invasión fue la segunda realizada por el Perú sobre el Ecuador, siendo la primera la de 1858-1860. Según el Perú, fue Ecuador quien violó el statu quo de 1936, cuando desde ese año y hasta principios de 1941, las fuerzas ecuatorianas atacaron diversos puestos peruanos a lo largo de la frontera. En ese sentido, las fuerzas peruanas habrían ejercido un acto de represalia reconocida en el derecho internacional, con el objetivo obligar a Ecuador manu militari a respetar los derechos del Perú sobre su territorio.
En el trasfondo de este conflicto, se hallan los mutuos reclamos territoriales que venían haciéndose los dos países desde hacía un siglo. El Ecuador, en su deseo de acceder con soberanía al río Amazonas, reclamaba las antiguas provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, en posesión del Perú desde los albores republicanos. El Perú consideraba que su soberanía sobre esos territorios se hallaba jurídicamente respaldada por la Real Cédula de 1802 (por la que Maynas retornó al Virreinato del Perú tras haber estado bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada); el uti possidetis iure de 1810; el principio de la libre determinación de los pueblos; y su posesión territorial ininterrumpida.
El Ecuador argumentaba que esos territorios le correspondían por la cédula de erección de la Real Audiencia de Quito de 1563; el uti possidetis de 1810 (pues según su versión, la Real Cédula de 1802 no llegó a aplicarse); el tratado de Guayaquil de 1829 (que reconocía las antiguas fronteras coloniales, aunque sin especificarlas); y el Protocolo Pedemonte-Mosquera (que señalaba la frontera en el Marañón o el Amazonas), Por su parte, el Perú reclamaba el territorio de la antigua Gobernación de Quijos (actual Oriente ecuatoriano), que, al igual que Maynas, había retornado a la jurisdicción del Virreinato del Perú por la Real Cédula de 15 de julio de 1802, territorios ocupados por Ecuador desde el inicio de su vida republicana, pero que, según la versión peruana, solo a partir de 1881 empezó esa ocupación, aprovechando que el Perú se debatía en la guerra del Pacífico.
Breve historia del conflicto peruano-ecuatoriano
Disputas entre Perú y la Gran Colombia
La reclamación por parte de Ecuador de un acceso con soberanía a la cuenca del Amazonas se remonta a 1827, cuando Simón Bolívar, gobernante de la Gran Colombia (antecedente inmediato de Ecuador) reclamó como territorios que le correspondían a su país los territorios de Tumbes, Jaén (Cajamarca) y Maynas (Territorios que pertenecian a la Real Audiencia de Quito).
La Gran Colombia reclamaba además a Perú el pago de la deuda de la campaña emancipadora y el asunto de los llamados "reemplazos" (es decir, la compensación que debía hacer el Perú a las tropas colombianas por las bajas sufridas por estas durante la guerra independentista peruana, lo que implicaba desarraigar a ciudadanos peruanos y expatriarlos a la Gran Colombia, exigencia desorbitada e inhumana, habida cuenta de que ya había finalizado dicha guerra).
En respuesta a las exigencias territoriales de Bolívar, Perú invocó el principio de la libre determinación de los pueblos, ya que los habitantes de dichas provincias habían decidido, autónomamente, ser parte de la nación peruana. En cuanto al tema de la deuda y los “reemplazos”, Perú se avino a entrar en negociaciones para llegar a buen término.
Los reclamos de Bolívar se deben entender bajo el contexto político de la región: en 1827 los peruanos habían puesto fin a la influencia bolivariana en su territorio y en 1828 invadieron Bolivia, donde igualmente acabaron con el régimen bolivariano representado por el mariscal Antonio José de Sucre. Todas las tropas grancolombianas que se hallaban acantonadas en Perú y Bolivia debieron volver a su país de origen, y la llamada Constitución Vitalicia, impuesta por Bolívar a ambas naciones, fue derogada, al ver desmoronarse el proyecto de una gran nación federativa, la historiografía peruana considera que fue la causa que ocasionó que el Libertador marchase con su ejército hacia el Perú.
El conflicto empezó con un ataque entre los periódicos de ambos países, haciéndose mutuas provocaciones e injurias. También ocurrieron lamentables incidentes diplomáticos. El Perú expulsó de Lima al diplomático colombiano Cristóbal Armero, mientras que en Bogotá no se recibió al diplomático peruano, José Villa, a quien se le extendieron sus pasaportes.
En respuesta, el 17 de mayo de 1828, el Congreso de la República del Perú autorizó al presidente José de La Mar a tomar las medidas militares del caso. varios meses después de estos eventos y tras la invación peruana a Bolivia, el 3 de julio de 1828. Bolívar realizó una proclama convocando a los habitantes y soldados a las fronteras del Perú para ir contra ese gobierno.
El presidente La Mar movilizó el ejército y marina peruanas contra la Gran Colombia. La marina peruana bloqueó la costa pacífica grancolombiana y ocupó el puerto de Guayaquil; por su parte el ejército peruano ocupó la provincia de Loja, departamento del Azuay, en el sur grancolombiano, actual Ecuador. Otra división del ejército peruano a las órdenes del mariscal Agustín Gamarra (proveniente del sur del Perú) marchó al teatro de operaciones con el propósito de auxiliar a La Mar. Ambos planearon tomar la ciudad de Cuenca, que era el lugar de nacimiento de La Mar. Las fuerzas peruanas sumaban en total 4500 soldados.
Ante la invasión peruana, Bolívar ordenó al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, partir desde Quito para organizar la defensa del Sur de Colombia. Sucre, quien había sido presidente de Bolivia, organizó un ejército con veteranos de la Independencia, entre los que se contó el general Juan José Flores, futuro presidente del Ecuador.