La guerra del Pacífico fue un conflicto armado ocurrido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile y a los aliados Bolivia y Perú. Se desarrolló en el océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. En la historiografía peruana, también se le conoce como guerra del Guano y del Salitre o guerra del Salitre.
En febrero de 1878, Bolivia estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA), violando el Tratado de límites de 1874. Este tratado definía la frontera acordada entre ambas naciones y prohibía aumentos o nuevos impuestos a empresas chilenas durante veinticinco años. Chile protestó la subida de impuestos y solicitó someter el pleito a un arbitraje, pero el gobierno boliviano, presidido por Hilarión Daza, consideró el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de las cortes bolivianas. Ante la violación del tratado por parte de Bolivia, Chile insistió advirtiendo que tampoco se consideraría ligado a los límites territoriales del mismo, a menos que Bolivia suspendiera el nuevo impuesto. A pesar de eso, Daza rescindió la licencia a la compañía chilena, embargó sus bienes y los puso a remate. El día del remate, el 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares chilenas ocuparon el puerto boliviano de Antofagasta, mayoritariamente habitado por chilenos, y avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23°S. La zona entre el río Loa y el paralelo 23°S permaneció bajo soberanía boliviana.
Perú, que en 1873 había firmado con Bolivia un Tratado de Alianza Defensiva de carácter secreto, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar. Ante el avance chileno en territorio disputado, Bolivia se declaró en estado de guerra contra Chile el 1 de marzo de 1879. Tras la negativa de Perú a permanecer neutral, Chile declaró la guerra a ambos aliados el 5 de abril. El 6 de abril, Perú declaró el casus foederis, es decir, la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia.
Aunque el impuesto de los diez centavos y el tratado de 1873 aparecen a primera vista como los detonantes del conflicto, las causas fundamentales de la guerra fueron profundas y complejas. Entre ellas los historiadores señalan la vaguedad de las fronteras coloniales, el interés por el negocio del salitre y la tensión producida por las diferencias entre el progreso de Chile y la inestabilidad política y económica de los aliados.
Los territorios disputados, así como las zonas aledañas, se ubican en el desierto de Atacama, y en aquel tiempo tenían acceso expedito solo por mar. En los primeros seis meses, Chile logró la supremacía naval, indispensable para conquistar las zonas costeras del desierto. Antes de fines de 1879 ocupó la provincia peruana de Tarapacá y, a comienzos de 1880, la zona de Tacna y Arica, tras lo cual Bolivia abandonó militarmente la guerra. Luego, en enero de 1881, tras vencer en las batallas de San Juan y Chorrillos y Miraflores al ejército peruano, las fuerzas chilenas ocuparon Lima. Después de estas campañas, la guerra entre Chile y Perú continuó por dos años más entre los remanentes del ejército, guerrillas y montoneros peruanos contra las fuerzas chilenas de ocupación, hasta la firma del Tratado de Ancón en 1883, en la que Perú, entre otras cosas, cedió perpetuamente el departamento de Tarapacá y le fueron retenidas temporalmente las provincias de Arica y Tacna.
Al año siguiente se firmó el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884, que puso fin al estado de guerra entre ambos países. Por su omisión en el tratado, Bolivia aceptó la anexión chilena de la franja 23°S-24°S. Bolivia aceptó la ocupación militar chilena de la zona entre el río Loa y el paralelo 23°S, pero su soberanía quedó en disputa y fue resuelta a favor de Chile en el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. Mediante el Tratado de Lima de 1929, Tacna fue devuelta a Perú y Arica fue cedida a Chile.
Conflicto limítrofe boliviano-chileno
Al iniciarse la época republicana, Bolivia y Chile aceptaban que sus fronteras debían ser las mismas de la administración hispánica, norma conocida como Uti possidetis iuris. Sin embargo, la administración española nunca había tenido interés en definir estrictamente límites precisos entre regiones que le pertenecían, por lo que estos solían ser difusos, contradictorios y a menudo sobre territorios desconocidos, inhabitados o inhabitables por su clima o lejanía. A causa de sus apremiantes conflictos internos, los primeros límites enunciados en sus constituciones fueron imprecisos: Chile señaló en 1822 el despoblado de Atacama como límite norte y Bolivia consideró desde 1825 la costa en cuestión como perteneciente a la provincia de Potosí.
A principios de la década de 1840 se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a ser muy cotizados en el mercado mundial. Incidentes y reclamos entre Bolivia y Chile se sucedieron en los años siguientes, mientras que las diplomacias de ambos países argumentaban respectivamente sobre los derechos que tenían en la región, exhibiendo documentos coloniales sobre la jurisdicción de la Audiencia de Charcas o la Capitanía General de Chile.
Las tensiones aumentaron a tal punto que el 25 de junio de 1863 la Asamblea Legislativa boliviana autorizó al ejecutivo declarar la guerra a Chile, aunque solo después de que se agotaran todos los recursos por la vía diplomática que dieran un resultado favorable a Bolivia. Pero el Tratado de alianza defensiva y ofensiva entre Perú y Chile (1865), al que se adhirieron poco después Bolivia y Ecuador para enfrentarse a España en la guerra hispano-sudamericana, puso un paréntesis al asunto, considerándose secundaria cualquier otra disputa que no fuera el enfrentarse al enemigo común.
Tratados de límites de 1866 y 1874
Tras la guerra contra España, Bolivia y Chile reanudaron las negociaciones y firmaron su primer tratado limítrofe el 10 de agosto de 1866, que fijó el paralelo 24°S como límite (norte-sur) y se debían compartir a medias los derechos de exportación de minerales extraídos entre los paralelos 23°S y 25°S. En 1871, el gobernante boliviano Mariano Melgarejo, bajo cuyo gobierno se firmó el acuerdo, fue derrocado y reemplazado por Agustín Morales, quien, siguiendo la corriente de la opinión pública boliviana, consideró nulos todos los actos del gobierno anterior, entre ellos el tratado de límites de 1866 y la licencia de explotación a la CSFA. Pero como no se podía abrogar unilateralmente un acuerdo internacional, abrió negociaciones con Chile para revisar el tratado de 1866. Se discutieron diversos aspectos sobre la aplicación del tratado de 1866, como la definición de "minerales", la inclusión (o exclusión) del rico yacimiento de plata Mineral de Caracoles en (de) la zona de beneficios mutuos, y las dificultades en Bolivia para transferir el 50 % del impuesto recaudado en la zona a Chile. El 5 de diciembre de 1872 se firmó el acuerdo llamado de Corral-Lindsay, que fue aprobado en Chile, pero, por influencia del Perú, que quería para Bolivia un mejor arreglo, o, en todo caso, intervenir como mediador junto con Argentina, no fue aprobado en Bolivia.
Finalmente, Bolivia y Chile firmaron un nuevo tratado de límites el 6 de agosto de 1874, por el cual Chile renunció al 50 % de los impuestos en el territorio 23°S-24°S a cambio de la promesa de Bolivia de no incrementar los impuestos a los capitales y negocios chilenos durante 25 años. La frontera permaneció en el paralelo 24°S. En esa ocasión, Chile condonó las deudas bolivianas provenientes de la no transferencia del 50 % del impuesto recaudado por Bolivia en la zona de beneficios mutuos. En un protocolo adicional firmado el año 1875, ambos países acordaron, entre otros, someter a arbitraje posibles divergencias en la aplicación del tratado.
Tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia de 1873
Frente al ímpetu de las inversiones y trabajo chileno en Tarapacá y Antofagasta, el Perú sintió amenazada su supremacía en la costa del Pacífico y firmó el 6 de febrero de 1873 un tratado secreto cuyas intenciones eran, según lo hecho público seis años después, proteger la integridad y soberanía de los países firmantes.