La guerra del Gas en Bolivia es el nombre con el que se denomina a una confrontación social ocurrida en Bolivia durante los meses de septiembre a octubre de 2003. El conflicto se centró debido a la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija, a mediados de la década de 1990 y catalogadas conjuntamente como el segundo yacimiento más grande de Sudamérica.
El conflicto principal surge por la decisión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios bajos a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.
Las protestas provocaron la disolución de la coalición gobernante, obligando a Gonzalo Sánchez de Lozada a dimitir y abandonar el país el 18 de octubre de 2003. Le sucedió su vicepresidente Carlos Mesa, quien sometió el tema del gas a referéndum el 18 de julio de 2004. En mayo de 2005, bajo presión de los manifestantes, el congreso boliviano promulgó una nueva ley de hidrocarburos, aumentando las regalías del estado por la explotación de gas natural. Sin embargo, los manifestantes, entre ellos Evo Morales y Felipe Quispe, exigieron la nacionalización total de los recursos hidrocarburos y la mayor participación de la mayoría indígena boliviana, compuesta principalmente por aimaras y quechuas, en la vida política del país. El 6 de junio de 2005, Mesa anunció su renuncia cuando decenas de miles de manifestantes provocaron bloqueos diarios a La Paz desde el resto del país. El 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales firmó un decreto que establecía que todas las reservas de gas debían ser nacionalizadas: "el Estado recupera la propiedad, posesión y control total y absoluto" de los hidrocarburos. El anuncio de 2006 fue recibido con aplausos en la plaza principal de La Paz, donde el vicepresidente Álvaro García dijo al público que los ingresos del gobierno relacionados con la energía aumentarían entre 320 y 780 millones de dólares en 2007.
El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1884). Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía. Según las estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más baratos. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Algunas asociaciones políticas indígenas como Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Movimiento Dignidad llamaba a la población indígena boliviana a "a los de siempre marginados por el sistema oligárquico"
Poco antes de las elecciones presidenciales en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga pospuso la ejecución del gasoducto dejando la ejecución en manos de su sucesor, alegando que no quería comprometer su posibilidad de ser elegido presidente en las hipotéticas elecciones de 2007, teniendo en cuenta la impopularidad de exportar el gas por el puerto chileno.
Gobierno de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa planes de exportación
Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a su vicepresidente Carlos Mesa, que ganaron las elecciones presidenciales de 2002, indicaron su preferencia por la opción del puerto de Mejillones. Pero Sánchez de Lozada también evitó adoptar una declaración oficial de construir el gasoducto. Durante el año 2003, se reavivó un período de crisis social y política, derivado en protestas exigiendo la estatización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país.
La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF y Total S. A. habían pronosticado una inversión de tres mil millones de dólares en territorio chileno, el precio de venta del gas era menor al dólar por millar de BTU y las ganancias aproximadas eran de mil millones de dólares de los cuales el estado Boliviano solo recibía del 18% es decir 180 millones de dólares por año.
Los planes, pasaban por exportar el gas por Chile, y vender a bajo costo gas a California y a México, ante una absoluta certeza Gonzalo Sánchez de Lozada ratifica su decisión públicamente y no pretendía ceder ante los reclamos de la oposición.
"El Plan República", el cual fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de "Secreto de Estado", resultaron en la salida de los militares a las calles el 16 de septiembre de 2003
El 11 de septiembre de 2003, se da "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República". Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz. El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".
Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a las 11 y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.
Un poco antes de que se emita el Decreto 27/09/03 que autorizaba la intervención de las Fuerzas Armadas, el 2 de septiembre de 2003 los militares efectuaron maniobras en contra del pueblo de Warisata debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos causados por los campesinos y comunarios del lugar, acción que dejó seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante ese resultado, los campesinos desafiaron al Gobierno siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La ciudad de El Alto que había declarado un paro cívico el 9 de octubre . El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de La Portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra la población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.
En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo de los militares parapetados en el puente de La Ceja de El Alto. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional. Este episodio en el que el ejército disparó contra la población en El Alto es conocido como Masacre de Octubre
Ante el clima hostil y la decisión del presidente que había optado por usar al ejército contra la población crecen las presiones de renuncia. El 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el congreso.