La guerra civil española o guerra de España, conocida en ese país como la Guerra Civil por antonomasia, fue una guerra —que más tarde repercutiría también en una crisis económica— que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 de julio de 1936, perpetrado por parte de las fuerzas armadas contra el Gobierno electo de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho de Gibraltar y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes desde el protectorado español de Marruecos a la España peninsular en las últimas semanas de julio, comenzó así una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, quien declaró su victoria y estableció una dictadura que duraría hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975.
La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre contrarrevolución y revolución, entre fascismo y comunismo.
A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado:
El bando republicano, también denominado «bando leal» o «bando gubernamental», estuvo constituido en torno al Gobierno, formado por el Frente Popular, el cual estaba compuesto por los republicanos de Izquierda Republicana y Unión Republicana, los socialistas del PSOE, los marxistas-leninistas con orientación estalinista del Partido Comunista de España, los marxistas-leninistas no estalinistas del POUM, el Partido Sindicalista de origen anarquista y en Cataluña los nacionalistas de izquierda encabezados por Esquerra Republicana de Catalunya. Era apoyado por el movimiento obrero, la FAI y los sindicatos UGT y CNT, los cuales también perseguían realizar la revolución social. También se había decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco, debido a que las Cortes estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
El bando sublevado, que se llamó a sí mismo «bando nacional», estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, la cual fue sustituida por la Junta Técnica del Estado tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del Gobierno del Estado. Políticamente, estuvo integrado por los fascistas de Falange Española de las JONS, los monárquicos carlistas de la Comunión Tradicionalista, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición; por la Iglesia católica, acosada por la persecución religiosa desatada por parte de la izquierda nada más estallar el conflicto y por pequeños propietarios temerosos de una revolución proletaria. En las regiones menos industrializadas o primordialmente agrícolas, los sublevados también fueron apoyados por numerosos campesinos y obreros de firmes convicciones religiosas.
Ambos bandos cometieron graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. En la posterior dictadura de Franco se investigaron y condenaron severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa General con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados, a pesar de que algunos historiadores y juristas defienden que, además de subvertir el orden institucional, los sublevados habrían intentado exterminar a la oposición política.
Las consecuencias de la guerra civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas: tanto las demográficas —mortandad y descenso de la natalidad que marcaron la pirámide de población durante generaciones— como las materiales —destrucción de las ciudades, de la estructura económica y del patrimonio artístico—, intelectuales —fin de la denominada Edad de Plata de las letras y ciencias— y políticas —la represión en la retaguardia de ambas zonas, mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad durante todo el franquismo, y el exilio republicano—, y que se perpetuaron mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad geopolítica del mantenimiento del régimen de Francisco Franco hasta 1975.
En enero de 1930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la dictadura que había instaurado en septiembre de 1923 con el apoyo del rey y dimite. Alfonso XIII nombra entonces como presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este no consigue devolver a la monarquía la «normalidad constitucional» (este período fue conocido como «Dictablanda») y es sustituido en febrero de 1931 por el almirante Juan Bautista Aznar, quien convoca elecciones municipales para el domingo 12 de abril. Las elecciones son ganadas en las ciudades por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y el martes 14 de abril el rey Alfonso XIII, ante las dudas de la Guardia Civil y del Ejército sobre utilizar la fuerza para frenar las multitudinarias manifestaciones prorrepublicanas que inundan las principales ciudades, abandona el país. En Madrid el «comité revolucionario» republicano-socialista proclama la República y asume el poder como Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora.
Durante el primer bienio de la Segunda República española se aprueba la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural española. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del Gobierno.
No obstante, el amplio abanico de reformas que emprendió el gobierno «social-azañista» encontró gran resistencia entre los grupos sociales y corporativos a los que se intentaba «descabalgar» de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica o el militarismo «africanista». Este último organizó un fracasado golpe de Estado en agosto de 1932 encabezado por el general José Sanjurjo. También existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el del revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI). Para ellos, la República representaba el «orden burgués» (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, dictadura y monarquía) que había de ser destruido para alcanzar el «comunismo libertario».
En septiembre de 1933 la coalición encabezada por Azaña se deshizo y se convocaron elecciones para noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres, que fueron ganadas por la derecha católica de la CEDA y por el centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Este formó gobierno con el objetivo de «rectificar» las reformas del primer bienio, no anularlas, para incorporar a la República a la derecha «accidentalista» (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario, que le dieron su apoyo parlamentario. Cuando la CEDA entró en el gobierno en octubre de 1934 se desencadenó una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT), aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del Ejército, que trajo del protectorado español de Marruecos a las tropas coloniales de regulares y legionarios y, una vez finalizada, se produjo una fuerte represión. Lo mismo sucedió cuando el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, proclamó el «Estado Catalán» dentro de la «República Federal Española» el 6 de octubre.