Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno entre 1983 y 1987, asesinando a un total de 27 personas. Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno socialdemócrata de Felipe González.
Aunque combatían a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente», también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.
La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico vasco Deia de la mano del reportero Ricardo Arques. Ese mismo año, y ya en Diario 16 y a partir de fuentes oficiales del Ministerio de Interior del propio Gobierno de España, fue el propio Arques quien continuó la investigación junto con otros periodistas como Melchor Miralles y Pepe Rei.[cita requerida] En 1989, a raíz del despido de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones sobre el caso continuaron en este último periódico, dirigido y creado por Pedro J. Ramírez. Estas investigaciones pretendieron exponer a la opinión pública la organización, fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL.[cita requerida]
Descripción del caso y su valor periodístico
El periodista Ricardo Arques descubrió la “guerra sucia” utilizada por el Gobierno español presidido por Felipe González entre 1983 y 1987 para combatir el terrorismo de ETA. Se trata de los Grupos Antiterroristas de Liberación, un caso de terrorismo de Estado. El objetivo de los llamados GAL era eliminar ETA y su estructura de apoyo mediante agrupaciones parapoliciales y sus acciones armadas. Aunque decían combatir a la banda terrorista, realizaron acciones indiscriminadas que ocasionaron la muerte de ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. De hecho, los GAL responsabilizaban a Francia de “acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente”.[cita requerida]
Tras la exclusiva en Deia, y ante la imposibilidad de continuar la investigación en este diario vasco, Arques la continuó en Diario 16, dirigido por Pedro J. Ramírez. Posteriormente, tras la fundación de El Mundo, dirigido y creado por Ramírez, siguió con las investigaciones, en colaboración con Melchor Miralles, al que Ramírez incorporó al caso. Uno de los hechos más relevantes fue el descubrimiento de un zulo de los GAL en el suroeste de Francia. Este zulo fue el hilo conductor de la investigación, la cual logró abrir sumarios judiciales en España y Francia. La investigación culminó con penas de prisión para miembros del Ministerio del Interior por asesinato, secuestro, asociación ilícita, falsificación documental y/o malversación de fondos públicos.
La investigación periodística consiguió, por un lado, tener un enorme impacto sobre la sociedad, que hasta entonces desconocía la existencia de los GAL para combatir a ETA. Los periodistas destaparon cómo existía una organización estructurada, financiada y dirigida por el ejecutivo de Felipe González que llevó a cabo asesinatos, secuestros, torturas y malversación de dinero público. Por otro lado, el caso ha tenido consecuencias políticas y judiciales. La labor periodística permitió conocer la historia, ponerla en el debate político y llevarla a los tribunales, donde los jueces investigaron y acusaron a miembros del Ministerio del Interior con, en algunos casos, penas de prisión de más de cien años. Todo ello demuestra tanto la relevancia del caso como el impacto que finalmente tuvo.
Durante la dictadura de Franco y la Transición Española, con los gobiernos de Unión de Centro Democrático existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los Grupos Armados españoles y Antiterrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por libre, simplemente tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del gobierno. También existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de entonces que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales (OAS, Triple A, ...).
Durante la década previa a la independencia de Guinea Ecuatorial, especialmente tras la aprobación del Régimen Autónomo, se incrementaron las posturas nacionalistas en el territorio siendo éstas duramente reprimidas por las autoridades españolas. Destacan las desapariciones de Acacio Mañé, Enrique Nvo o Salvador Ndong. En ese periodo en el que la seguridad del territorio estaba encomendada a la Guardia Territorial, con destacados guardias civiles (como el joven teniente Enrique Rodríguez Galindo) que más tarde integraron el denominado GAL verde, resulta inevitable establecer un vínculo entre la represión al independentismo ecuatoguineano y el que se desarrolló en décadas posteriores de forma organizada.
El caso del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo terrorista independentista de las islas Canarias) en 1978, ha imputado a agentes con el apoyo directo del Ministerio del Interior español, o el del secuestro, tortura y simulación de ejecución del director del semanario Doblón, José Antonio Martínez Soler en marzo de 1976 tras la publicación de un artículo denunciando la purga de mandos moderados de la Guardia Civil, causaron gran impacto en la opinión pública española e internacional por su implicación con fuerzas relacionadas con el aparato de represión del Estado.
Los numerosos atentados de ETA incitaron a algunos periódicos a solicitar acciones de "guerra sucia" contra ETA o aplaudirlos cuando se habían cometido.
Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de veintisiete asesinatos. Actuaron principalmente en el País Vasco francés, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en algunas zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA.
El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.
De todos los atentados perpetrados por los GAL durante los años ochenta, el más sangriento fue el ocurrido en el bar Monbar de Bayona en 1985, en el que murieron tiroteados cuatro militantes de ETA y un ciudadano francés resultó herido. Otra acción fue el asesinato de Mikel Goikoetxea Elorriaga "Txapela", uno de los más importantes miembros que ha tenido la banda.
En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un cabecilla de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya. Una hora después del secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión francesa. Marey fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de Dancharinea (Navarra).
El 4 de diciembre de 1987, Talbi Mohand y Jean-Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 12 y 8 años de prisión respectivamente por su secuestro. Sánchez había muerto en prisión, según Talbi envenenado. El miembro del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles en Dancharinea, después de haber llamado a dos "teléfonos para urgencias" al conocer la detención de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura superior de policía.
El juicio de Amedo y Domínguez
En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1991 por la Audiencia Nacional y condenados el 20 de septiembre del mismo año a 17 años, 4 meses y 1 día de prisión por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como autores por inducción, cinco de ellos en el atentado al bar "Batxoki", de Bayona (Francia) y el sexto en el bar "La Consolation", de San Juan de Luz. También recibieron penas menores por los delitos de asociación ilícita y de falsedad de documentos de identidad. El tribunal prefirió la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama.