La Gran Redada, conocida oficialmente como Prisión general de gitanos, fue el intento de exterminio de los gitanos que vivían en España en 1749. El proyecto, ideado y dirigido por el marqués de la Ensenada, ministro del rey Fernando VI, consistía en recluir separadamente a los hombres y a las mujeres gitanos para que no pudieran reproducirse y conseguir así su extinción. Se inició en la madrugada del 31 de julio de 1749 y prosiguió durante los días siguientes. Hubo una segunda fase a partir de la tercera semana de agosto en Cataluña y en algunas localidades a donde no había llegado la orden inicial de prisión, especialmente Málaga, Cádiz y Almería. Manuel Ángel del Río Ruiz lo ha calificado como un proyecto de «disolución y de exterminio cultural», mientras que José Luis Gómez Urdáñez lo ha considerado como un proyecto genocida. Antonio Domínguez Ortiz ya lo había afirmado en 1976: «Ensenada planeó un verdadero genocidio».
Aunque no alcanzó su objetivo de acabar con la población gitana, el daño causado por la «Gran Redada» fue, según Manuel Martínez Martínez, «incalculable, pues causó una profunda brecha entre ambas comunidades [gitanos y no gitanos] y acentuó la pobreza y la marginalidad de una colectividad étnica que prácticamente en su totalidad se hallaba asentada y en proceso de completa integración». Una valoración similar sostiene Teresa San Román, que afirma que la «Gran Redada» provocó la ruptura traumática de los vínculos entre «castellanos» y gitanos, especialmente desde la perspectiva de estos últimos, que vieron traicionados sus esfuerzos de integración.
Aunque poco después de su llegada a la península ibérica, que se suele situar en torno a 1425, los gitanos fueron bien acogidos porque se presentaron como «peregrinos cristianos» perseguidos para poderse mover libremente en grupos de entre cincuenta y cien personas, pronto fueron objeto de «mecanismos de sistemática exclusión y arbitrario control social» con el «propósito de limitar sus movimientos y asentamientos, así como neutralizar la competencia entre gitanos y no gitanos en ciertos nichos laborales». Esta política culminó con la orden de expulsión por los Reyes Católicos en 1499, que fue renovada por Felipe II en 1537 y por Felipe III en 1619.
Un antecedente de la «Gran Redada» se produjo durante el reinado de Felipe II, cuando una vez instaurada en 1539 la pena de galeras para los gitanos, se decidió reponer los remeros perdidos tras la batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), a través de una leva general, en la que se hizo especial incidencia en la captura de todos los gitanos varones que fueran aptos para empuñar un remo. Desarrollada la redada en el invierno de 1571-1572, se ordenó sirvieran como forzados sin sueldo los que no estaban avecindados, y como buenas boyas con un pequeño sueldo los que lo estaban. La cantidad total de gitanos debió alcanzar las trescientas personas, si bien sólo algo menos de cien fueron a parar a galeras ante las dudas de muchas autoridades municipales y de las numerosas súplicas de los mismos condenados. Posteriormente, en 1637, los bancos de galeras requerirían de más remeros ante las nuevas necesidades bélicas, por lo que de nuevo se acordó llevar a cabo una redada a gran escala para capturar al mayor número posible de varones gitanos. Señalado el 19 de diciembre de 1639, al menos medio millar de ellos fueron presos, y enviados a galeras unos doscientos.
En los siglos XVI y XVII, especialmente en este último, abundaron las órdenes para limitar los movimientos y los asentamientos de los gitanos. La medida más radical fue su expulsión del Reino de Navarra, dictada en 1628. Todo ello se enmarcaba en la lucha contra la llamada «plaga social del vagabundeo», que también se daba en otros lugares de Europa donde las comunidades rom, denominadas de diversas formas (zíngaros, gitanos, egipcios, bohemios, etc.) eran encasilladas entre los «vagabundos de raza», siendo acusados sus miembros de «depredadores de lo ajeno», de «vagos», de violadores de los preceptos cristianos al casarse entre congéneres, a lo que hay que sumar las acusaciones de hechicería, canibalismo y rapto de niños. Sin embargo, habría que distinguir entre los gitanos itinerantes, rechazados y perseguidos ―su forma de vida «nómada» se consideraba predelictiva―, y los gitanos sedentarizados, «tolerados de alguna manera, aunque su reconocimiento siempre fuera precario y sujeto a imprevisibles arbitrariedades». De hecho se dieron casos de convivencia «interétnica» en algunas localidades, especialmente en Andalucía, donde residían unos 8000 «gitanos caseros» en el siglo XVII.
Para acabar con el «vagabundeo» de los gitanos una orden de 1717 del nuevo rey borbón Felipe V les obligó a residir en cuarenta y un municipios (seis de ellos en Andalucía: Córdoba, Jaén, Úbeda, Antequera, Ronda y Alcalá La Real), lo que tuvo un efecto paradójico pues obligó a los gitanos que vivían en otras localidades no incluidas en la lista ―y que por tanto ya estaban arraigados― a abandonarlas. «Contra lo que se creía, las leyes anteriores no habían sido tan ineficaces. Había muchos gitanos avecindados, sobre todo en el sur, conviviendo sin problemas desde hacía tiempo y ejerciendo profesiones necesarias como la de herreros, trujaleros de aceite, incluso panaderos o carpinteros y, desde luego, albéitares (curanderos de animales)». Por esta razón años más tarde se permitió que los gitanos pudieran permanecer en aquellos lugares en donde llevaran viviendo más de diez años, algo no siempre fácil de certificar. En 1745, ya con el marqués de la Ensenada en el gobierno, se aprobó que a los gitanos que fueran encontrados fuera de los términos de los cuarenta y un municipios en los que se les había obligado a avecindarse «sea lícito hacer sobre ellos armas y quitarlos la vida» ―hasta entonces a los gitanos la pena de muerte solo se había aplicado a los «acuadrillados» que llevaran armas de fuego―.
En realidad Felipe V se limitó a continuar con las políticas antigitanas aplicadas por los monarcas anteriores de la Casa de Austria. La visión que se tenía de que los gitanos constituían «un cuerpo enquistado en la sociedad española» se puso de manifiesto en la consulta emitida en 1723 por la Junta de Gitanos creada por Felipe V para abordar el problema. Según Antonio Domínguez Ortiz, la consulta describía a los gitanos «como gente refractaria a toda idea y práctica religiosa, como ladrones públicos y salteadores de caminos; sus mujeres entraban en los pueblos, unas con el pretexto de mendigar, otras con el de mirar las rayas de las manos y decir la buena ventura, a estafar y robar; su moral sexual era nula: las viejas se dedicaban al lenocinio y sacaban con engaños a las doncellas de las casas de sus padres, llevándolas en cuadrillas, donde muchas se adaptaban a su vida licenciosa. Sólo entraban en los templos para profanarlos y acogerse al seguro de su recinto a fin de disfrutar el producto de sus latrocinios».
Los primeros pasos con una clara vocación exterminadora empezarían a gestarse, según Gómez Alfaro, desde la elección de Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo, como presidente del Consejo de Castilla el 23 de agosto de 1746. En base a la documentación, sabemos que Fernando VI realizó una consulta con Tablada datada en el 5 de julio de 1747 para la adopción de "medios extraordinarios" para dar solución definitiva al "problema gitano". En esta consulta ya se hace mención, por parte de Tablada, de recoger simultáneamente a los gitanos en todo el país "en día fijo y señalado".
El plan de extinción de los gitanos
La idea del marqués de la Ensenada de que la única solución al problema gitano era la expulsión se encontró con un obstáculo: el asilo en sagrado al que se acogían los gitanos refugiándose en las iglesias cuando iban a ser detenidos. Así que recurrió a su buen amigo el cardenal Valenti, nuncio en España, quien consiguió que en abril de 1748 el papa Benedicto XIV concediera la extracción del sagrado bajo determinadas condiciones. Inmediatamente el Consejo de Castilla, a propuesta de Ensenada, acordó el arresto masivo de los gitanos para «sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América, donde se les diese qué trabajar con utilidad en reales fábricas y minas». Para obtener la autorización del rey Fernando VI el presidente del Consejo, Gaspar Blázquez Tablada, ganado para la causa de la expulsión por el marqués de la Ensenada, utilizó el siguiente argumento: