El golpe de Estado en Venezuela de 2002 fue un hecho histórico ocurrido el 11 de abril de ese año, derrocó al entonces presidente Hugo Chávez, pero fracasó en su intención de terminar con su gobierno, al ser restituido dos días después.
Fue precedido de un periodo de inestabilidad social y política en el que las fuerzas opuestas al gobierno lograron cohesionarse tras el éxito del conocido inicialmente como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001 en protesta contra la promulgación de las 49 leyes que impuso Chávez haciendo uso de la Ley habilitante, que logró paralizar una parte significativa del comercio urbano; una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CVT) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), luego de muchas protestas, marchas y paros entre febrero y marzo, tras lo cual el 7 de abril Chávez despidió a trabajadores de PDVSA, hubo un paro el 9 de abril, el cual los convocantes prolongaron hasta declararlo indefinido el 10 de abril, y se dieron los sucesos del 11 de abril de 2002.
Ese 11 de abril había convocada una marcha por un sector de la oposición; en principio recorrería los sectores caraqueños de Parque del Este, acabando en PDVSA Chuao, finalmente, arengados por los convocantes, los manifestantes se dirigieron hacia al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas, donde se encontraban simpatizantes del gobierno concentrados en sus alrededores desde el 9 de abril. Enfrentados estos grupos, con la presencia de francotiradores, se produjeron 18 muertos y unos 69 heridos que los militares juramentados justificaron como motivo del golpe momentos después: «La Constitución nos obliga a evitar más derramamiento de sangre y esa obligación pasa por la salida pacífica del presidente y la sustitución de alto mando».
Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el presidente Chávez es retenido en el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas, y el Estado Mayor anuncia que Chávez ha dimitido, aduciendo que hay un vacío de poder.
Los promotores del golpe de Estado redactaron después el Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, también conocida como el Decreto Carmona, en la cual se constituyó un nuevo gobierno de facto presidido por Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, disolviendo la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y suspendiendo al fiscal general, contralor general, los gobernadores y los alcaldes electos.
La respuesta de los partidarios de Chávez en la calle, el no reconocimiento del nuevo gobierno por gran parte de los países latinoamericanos, así como la acción de los militares leales al Gobierno, posibilitó que Chávez reasumiera la presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002. «Chávez llegó al Palacio de Miraflores en un helicóptero, mientras sus ministros lo esperaban allí», junto a manifestantes. Los imputados en el golpe alegaron que lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder originado por la declaración del Alto Mando Militar, según la cual Chávez habría dimitido (versión que el oficialismo niega), como también habría dimitido el vicepresidente Diosdado Cabello, y por el desconocimiento público de algunos oficiales a la autoridad de Chávez. Inicialmente, el recién instaurado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un veredicto dictando que lo sucedido el 11 de abril fue un vacío de poder, sentencia que posteriormente fue anulada en 2005.
En resumen, el decreto por parte de Chávez de las 49 leyes sin ningún tipo de discusión con los sectores empresariales, la creciente polarización de la sociedad, los despidos injustificados de PDVSA y la politización de la empresa contribuyeron al clima de conflicto que originó los sucesos del 11 de abril de 2002.
El 15 de enero de 2004, durante un discurso ante la Asamblea Nacional, Chávez posteriormente admitiría que con sus acciones facilitó a que ocurriera una crisis, declarando que «lo de PDVSA era necesario» y «cuando yo agarré el pito en un Aló Presidente y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis».
Fedecámaras empezó a distanciarse de Chávez durante la elaboración de la nueva Constitución venezolana de 1999. Pedro Carmona indica que la falta de diálogo del gobierno con los empresarios durante el proceso constituyente causó malestar general en estos últimos, a su parecer los puntos específicos del texto que irritaron al empresariado fue la eliminación del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas, el poder otorgado al Presidente frente a los ascensos militares, la eliminación del Congreso bicameral, el fortalecimiento del presidencialismo y la extensión del período presidencial a seis años con posibilidad de reelección inmediata, la pérdida del equilibrio entre los Poderes Públicos, y la reafirmación de una orientación estatista e intervencionista, lo que limitaría las libertades individuales y económicas. Vicente Brito, el entonces presidente de la cúpula empresarial, agregó una razón más al anunciar que la organización que presidía apoyaría el «No» en el Referéndum constitucional que venía, le había molestado una declaración que Chávez hizo el 18 de noviembre de 1999:
El 28 de julio de 2001, Carmona Estanga derrotó electoralmente a Alberto Cudemus, empresario cercano al chavismo, y sucedió a Brito en la presidencia de Fedecámaras. El 4 de agosto, Carmona coincidió con Chávez en la Academia militar de Venezuela, donde se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional; de acuerdo al empresario, el presidente le dijo que ya no quería conflictos con Fedecámaras, y planificaron una reunión el 22 de agosto en el Palacio de Miraflores. En la reunión, Carmona le propuso a Chávez un plan para bajar el desempleo, en 17% en ese momento, mejorando las condiciones en aras de aumentar la inversión privada hasta un 20% del PIB en cinco años, el último respondió con un plan de fortalecimiento del sector público.
Se creó entonces una mesa de diálogo entre Fedecámaras y el gobierno, este último representado por Jorge Giordani, ministro de Planificación. Las reuniones no trajeron resultados, a pesar de que ocurrían una vez a la semana y de que Chávez estuvo presente en una de ellas, el gobierno siguió elaborando las polémicas 49 leyes sin compartir su contenido con Fedecámaras o su equivalente agraria, Fedenaga, lo que en la opinión de los opositores, violaba los artículos 206 y 211 de la Constitución. En octubre de 2001 el contenido parcial de estas leyes se había filtrado como rumores, Carmona y Chávez coinciden en el Círculo Militar de Caracas. De acuerdo al empresario, ocurre el siguiente diálogo:
El 13 de noviembre, Chávez decreta las 49 leyes amparándose en la ley habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior, instrumento legal que le permitía legislar sin la aprobación del Poder Legislativo. Aunque originalmente dos tercios de la Asamblea estaban controladas por el chavismo, la situación había cambiado debido a que unos diputados se habían vuelto disidentes y era poco probable que Chávez lograse conseguir otra ley habilitante; razón por la cual el presidente aprueba estas leyes un día antes de que su poder especial expire. Aparecen entonces la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, etc., pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la potestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial; adicionalmente, el Estado ahora debía aprobar el uso que el propietario hace de la tierra; además, todos los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos antes del 18 de diciembre, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. De acuerdo a The Miami Herald, en ese momento el 95% de los terratenientes venezolanos no contaban con títulos firmes.