Félix Antonio Augusto Ulloa (Chinameca, 7 de septiembre de 1929-San Salvador, 29 de octubre de 1980) fue un ingeniero industrial y académico salvadoreño, rector de la Universidad de El Salvador (UES), (1979-1980), presidente del World University Service (WUS), (1980) y vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades (IAU), (1980).
Ulloa desempeñó varios cargos al interior de la Universidad de El Salvador (UES). En 1969 fue nombrado Director de la Escuela de Ingeniería Industrial, en 1970, electo Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ulloa, representaba la visión progresista de los estudiantes y docentes que le propusieron para ese cargo.
Durante la ocupación militar de la UES en 1972, Ulloa fue capturado en la Facultad de Medicina junto a varios miembros del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, del cual era miembro fundador. Por su militancia política, sufrió el exilio académico de la UES mientras duró la administración del Consejo de Administración Provisional de la Universidad de El Salvador, CAPUES.
En 1979, después de haberse desempeñado como Jefe de Planificación durante el rectorado del Dr. Eduardo Badía, fue elegido Rector, cargo que desempeñaría hasta su muerte, ocasionada por un atentado perpetrado por grupos paramilitares ilegales el 28 de octubre de 1980.
Félix Ulloa nació en Chinameca del departamento de San Miguel, el 7 de septiembre de 1929. Eran tiempos difíciles aquellos. La gran depresión que a nivel mundial abatía al capitalismo, se agravó en esa región donde gente agobiada por la escasez de alimentos, se lamentaba de una plaga de langostas que había azotado parte de la zona oriental de El Salvador, barriendo con las cosechas de los distintos cultivos, especialmente de maíz. La ciudad igual que el resto del país y de todos los países que sufrían los efectos de la crisis mundial, estaba contraída económicamente. El patrimonio de los habitantes de la región, además de los pequeños cultivos agrícolas para el autoconsumo y el mercado local, era fundamentalmente las plantaciones cafetaleras que desde la cordillera Tecapa/Chinameca hacían resaltar algunas elevaciones que fueron bautizadas como el Cerro El Tigre, el Cerro El Imbo, la Laguna del Pacayal, hasta Chambala, donde iniciaba una planicie conocida como Las Placitas, ya en la faldas del majestuoso Volcán Chaparrastique, de San Miguel.
A esa fresca ciudad había llegado en calidad de Juez de Primera Instancia, el Dr. Adolfo María Eguizábal y Moran. Oriundo del departamento de Ahuachapán y graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala; este abogado bastante contestatario fue nombrado en una judicatura lejos de su ciudad natal, prácticamente al otro extremo del país, como castigo por sus opiniones contrarias al régimen oligárquico imperante en la época.
El joven abogado se instaló en el Barrio Dolores, desde donde caminaba hasta la casa de bahareque que albergaba los tribunales; valga decir los juzgados de Paz y el único de Primera Instancia del Distrito Judicial, pues en la ciudad de Chinameca como una de las dos cabeceras de Distrito del Departamento de San Miguel, funcionaba este importante tribunal de justicia. Las modestas instalaciones donde se ventilaban casos civiles y penales de las distintas localidades circunvecinas, no tenía pretensiones de ser un Centro Judicial.
En una de sus caminatas por la calle principal del Barrio San Juan, situado en la parte alta de la ciudad, dirigiéndose hacia “La Pilona” donde terminaba el empedrado y comenzaba la calle de tierra, que conducía al cerro El Imbo, se encontró con una joven cuya belleza lo deslumbró y en el acto quedó prendado de ella. La joven se llamaba Ana Josefa Ulloa y en su partida de nacimiento decía que había nacido en San Alejo el año 1901. A la fecha rondaba los veinticinco años de edad.
Sin la venia de su madre, que la consideraba casadera con alguno de los pretendientes locales, la joven Ana Josefa se fue a convivir con el juez bajo la promesa que se casarían en Ahuachapán, cuando él resolviera sus inconveniencias políticas que lo distanciaban de su ciudad y de su familia. Antes de que sus gestiones para retornar a su ciudad natal prosperaran, lo trasladaron a la jurisdicción de Santiago de María, Distrito del departamento de Usulután.
Transcurría el año 1933, El Salvador se convulsionaba por los sucesos acaecidos en la Zona Occidental, donde levantamientos campesinos habían sido reprimidos con brutalidad por el recién iniciado gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. “El tirano de las aguas azules”, como se le conoció posteriormente, llegó decidido a combatir todo tipo de movimiento reivindicativo. Cualquier opositor a su gobierno era acusado de comunista e inmediatamente sufría las consecuencias que podían ir desde el ostracismo social, la persecución y la cárcel, hasta el exilio o la muerte.
El triunfo en las elecciones del recién fundado Partido Comunista Salvadoreño ,PCS, así como la elección del laborista Ing. Arturo Araujo, en 1931 y su programa reformista, habían exacerbado las contradicciones con las clases dominantes, especialmente las vinculadas a los grandes latifundios, entre ellos por supuesto las grandes plantaciones de café. Las comunidades indígenas que se alzaron en 1932, tenían la remota esperanza de recuperar las tierra comunales que décadas anteriores se les habían confiscado mediante la ley de extinción de ejidos.
En Santiago de María, el joven juez con su compañera de vida y su pequeño hijo, vivían una vida tranquila, hasta habían comprado una serie de inmuebles gracias a cierta holgura económica que la práctica del notariado, le facilitaba. En esa época los jueces podían cartular, es decir autorizar actos notariales y escrituras públicas, utilizando sus propios libros de Protocolo, autorizados por la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia. Pero esa idílica existencia no podía perdurar en una sociedad cerrada y conservadora, donde familias vinculadas a la producción y procesamiento del café a escalas industriales, ambicionaban extender sus plantaciones despojando a pequeños propietarios campesinos.
En uno de esos conflictos, el juez probo y de convicciones democráticas, falló en contra de una de esas poderosas familias de esa ciudad. Hubo gestiones privadas para que cambiara su veredicto, las cuales no tuvieron ningún éxito, luego presiones directas, que tampoco prosperaron. Entonces se utilizó el mecanismo que no podía fallar y lo acusaron de enemigo del gobierno. Cuando fue destituido del cargo, le cancelaron el Libro de Protocolo de Notario y lo encerraron en la cárcel. Varios amigos le ofrecieron a Ana Josefa que con la venia de las autoridades locales, simularían una fuga y que el doctor debería salir hacia Honduras, El plan debía ejecutarse antes de que lo fueran a trasladar a San Salvador, donde ya no le podrían ayudar; esa misma noche, los caballos y aparejos para el viaje estarían listos y esperándolos a la salida del pueblo.
A la hora del almuerzo, junto con la comida que le había preparado, le llevó la noticia a la cárcel y le expresó su decisión de seguirlo en el viaje a Honduras o de regresar a Chinameca con su pequeño hijo al seno de su familia y reunirse luego. La respuesta fue tajante. No iba a huir como un delincuente por haber realizado un acto de justicia, como era la resolución de un conflicto de tierras, que además estaba basado en la ley. Por lo tanto, enfrentaría su traslado a la Penitenciaría Central en San Salvador, hecho que sucedió días más tarde. Se lo llevaron “por cordillera” como solían hacer con peligrosos delincuentes o con los reos desafectos al gobierno. Cuando le comunicaron que iría por cordillera, solo pidió que le permitieran traspasar sus bienes a Ana Josefa, pues estaba casi seguro que le aplicarían “la ley fuga”.
Ana Josefa tuvo que regresar a Chinameca, dejar al niño de 4 años de edad con su abuela y comenzar a vender los inmuebles que poseían para poder cubrir los gastos que implicó aquel traslado a la capital y las costas de un largo proceso que duraría años.