Elena Inés Highton de Nolasco (Lomas de Zamora, 7 de diciembre de 1942) es una abogada argentina quien fue jueza ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde 2004 hasta 2021.
Se convirtió, en 2004, en la segunda mujer en ser nominada y la primera mujer en acceder a dicha Corte durante un gobierno democrático ya que la primera jueza en integrar el Tribunal, Margarita Argúas, fue designada durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Se desempeñó como vicepresidenta de la misma entre 2005 y 2021.
Highton de Nolasco permaneció en la Corte Suprema a pesar de que el artículo 99 de la Constitución Nacional establece para el cargo una edad límite de 75 años, cumplidos por la magistrada en diciembre de 2017.
El 30 de septiembre de 2021 presentó su renuncia al cargo, la cual se efectivizó a partir del 1 de noviembre del mismo año.
Hizo sus estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ingresando en 1961 y graduándose en 1966, obteniendo títulos de abogada, procuradora y escribana. Hizo varios estudios de postgrado posteriormente. En 1980 se graduó como doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También hizo cursos en la escuela de Leyes de Harvard, en el Judicial College de Nevada y se especializó en el campo del Análisis Económico del Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella.
Su carrera comenzó en diciembre de 1973 cuando fue defensora oficial de menores e incapaces. Fue nombrada jueza de la Nación en mayo de 1979. En junio de 1994 fue designada jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Nombramiento como jueza de la Corte Suprema
Tras la destitución del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo Moliné O'Connor en 2004, fue propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner para reemplazarlo el 17 de febrero de ese año.
El 9 de junio de 2004 fue finalmente designada ministra de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, tras ser aprobada su candidatura con 51 votos afirmativos y 5 negativos.
El 1 de septiembre de 2005 fue designada vicepresidenta de la anteriormente mencionada Corte, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio.
En 2011, fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
Presentó su renuncia al cargo de juez de la Corte Suprema el 30 de septiembre de 2021, con efectos a partir del 1° de noviembre del mismo año, lo que abrirá una vacante en el máximo tribunal argentino luego de cinco años.
Continuidad en el cargo y controversia al respecto
El Art. 99 de la Constitución argentina especifica las facultades del presidente de la nación, y en el inciso 4 se establece que una de ellas consiste en nombrar los jueces de la Corte Suprema con aprobación del Senado y que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años."
A fines de 2016, Highton de Nolasco presentó un amparo para continuar en el cargo de jueza de la Corte Suprema más allá de los 75 años, que cumplió en diciembre de 2017.
Al respecto, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, pidió que se rechace la acción de amparo promovida por la jueza. El fallo de primera instancia fue favorable a Highton de Nolasco coincidiendo con la resolución similar que se había dado en el caso de Carlos Fayt y el gobierno decidió no apelar, por lo que continuó en el cargo luego de diciembre de 2017. La medida fue criticada alegándose que respondía a una posición corporativa. El miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en cambio, había optado por otro criterio y presentó la renuncia en 2014 "en el acatamiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución Nacional."
Polémica respecto de fallo que aplicaba el cómputo 2×1
El 3 de mayo de 2017, integró junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti el voto de la mayoría en la sentencia por la que la Corte Suprema de Justicia declaró que conforme al principio in dubio pro reo la fórmula de cómputo de la pena de la Ley 24390 –transcurridos dos años en prisión preventiva, cada año de detención equivale a dos años de prisión, conocido como "dos por uno"- es aplicable a todos los juicios penales sin excepción, incluidos los delitos de lesa humanidad. La Ley 24390 estuvo vigente desde 1994 hasta 2001 en que fue derogada. Rosenkrantz y Highton consideraron que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, que surge del Código Penal, resulta extensivo a todos los delitos y que su posición es "aquella internacionalmente aceptada". Por su parte Rosatti sostuvo que "si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez".