Dina Ercilia Boluarte Zegarra (Chalhuanca, Apurímac; 31 de mayo de 1962) es una abogada y política peruana que llegó a ser presidenta de la República del Perú, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo, desde el 7 de diciembre de 2022 hasta su destitución el 10 de octubre de 2025. Su gobierno fue el de mayor duración en medio de las constantes crisis políticas que vivió el país durante los quinquenios 2016-2021 y 2021-2026.
Fue funcionaria del Reniec, directora de bienestar en el Colegio de Abogados de Lima y presidenta del Club Departamental Apurímac. Inició su vida política en el año 2018 con el partido Perú Libre (PL) – del que fue expulsada en 2022 por discrepancias partidarias -, postulando, sin éxito, a la alcaldía del distrito de Surquillo. Fue electa como vicepresidenta al ser parte de la fórmula presidencial de dicho partido en las elecciones de 2021, cargo que ocupó desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022. También fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), entre julio de 2021 y noviembre de 2022.
Asumió la presidencia del Perú, por sucesión constitucional, tras el intento de autogolpe, y posterior vacancia, de Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia del país en la historia del Perú.
Si bien la propia Boluarte se ha autodenominado como «de izquierda progresista y moderada», su presidencia ha sido calificada de conservadora, oportunista, indiferente, pragmática e híbrida. Durante su mandato, recibió, bajo el argumento de la «gobernabilidad» y como figura de consenso, el apoyo de diversas bancadas del congreso, en especial de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. En el contexto de la crisis política iniciada en el 2021, algunas fuentes le atribuyen a su presidencia la permisividad de la erosión democrática mientras que otras, principalmente de derecha, le atribuyen un aspecto reformista que posibilitó el «desmontaje de la República Caviar [sic]».
El inicio de su gobierno estuvo marcado por protestas en su contra y la represión contra ellas que desembocó en la muerte de 49 personas, incluyendo las masacres de Ayacucho y de Juliaca. De forma paralela, afrontó el impacto del Ciclón Yaku, la epidemia de dengue, el conflicto diplomático con diversos países latinoamericanos que pedían la restitución de Castillo en el cargo presidencial, el terremoto en Tumbes y la crisis migratoria en la frontera con Chile. Durante su gobierno se impulsaron medidas para la reactivación económica y el destrabamiento de obras (como Chavimochic III y Majes-Siguas I), se inauguró la Central Solar San Martín y el Proyecto Quebrada Huaycoloro, se creó programas sociales (como «Ciclo Olímpico» y «Gratitud») a la par de reestructurarse otros (como de «Qali Warma» a «Wasi Mikuna» y de allí al «Programa de Alimentación Escolar» (PAE)) e impulsarse estrategias sociales (como «Wasiymi»), se anuló la inscripción del FENATE (y se concluyó la designación de prefectos vinculados a esta organización y al CONARE-SUTEP), se construyó las denominadas «Escuelas Bicentenario» y obras de saneamiento, se modernizó e impulsó la industria de defensa, se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y se reestructuró la gestión de infraestructura, se creó la red de boticas públicas (FARMAMINSA) y el MINSA Móvil, se lanzó la Nueva Vivienda de Interés Social (Nueva VIS) y los planes «Hospitales Centenarios», «Mil» y «Wolbachia», se mantuvo una política exterior neutral aunque se fortaleció las relaciones bilaterales con la República Popular China y se buscó atraer inversiones extranjeras, se realizó la APEC 2024 (durante la cual inauguró el Puerto de Chancay junto al mandatario chino Xi Jinping), se impulsó la economía circular mediante la promulgación de una Hoja de Ruta y la creación de la Coalición por una Economía Circular Manufacturera, se incorporó la salud mental en el currículo educativo nacional y se promovió la prevención del suicidio en estudiantes, se impulsó la separación de personal docente procesado o sentenciado por delitos de abuso sexual o terrorismo, se defendió la posesión peruana de la Isla Santa Rosa en el incidente fronterizo con Colombia, se creó la Reserva Mar Tropical de Grau, se suscribió el Tratado de Alta Mar, se lanzó la ruta turística «Caminos del Papa León XIV», se capturó al «Camarada Carlos» (alto mando del Militarizado Partido Comunista del Perú responsable de las masacres de San Miguel del Ene y de Natividad), se realizaron los Juegos Bolivarianos 2024, el I Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 y el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 y se impulsó la creación del puerto espacial peruano y medidas de desarrollo ferroviario (como la modernización del Tren Macho). Sin embargo, se produjeron tensiones con organismos internacionales y ONGs (a los que acusó, recurriendo a un discurso nacionalista y soberanista, de tener una política de injerencia) y la criminalidad, creciente desde la gestión anterior, se desbordó, ante lo cual impulsó medidas (como el denominado «Plan Boluarte», el «Cuarto de Guerra», estados de emergencia, la creación de regiones policiales adjunto a sus unidades ejecutoras, la inauguración de laboratorios PNP de identificación balística, la modificación del Decreto Legislativo 1186 para abatir a delincuentes en situaciones de flagrancia, la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la minería ilegal en apoyo de la policía (creándose el Comando Unificado Pataz), la creación de grupos especiales (GRECCO, Brigada contra Extorsiones y Grupo de Patrulla a Pie), la creación de la Central 111 para denuncias de extorsión, la aprobación de la Estrategia contra la Minería Ilegal al 2030 y la reapertura del Penal de El Frontón) que fueron consideradas insuficientes y motivaron críticas y manifestaciones, en especial del sector transporte, en su contra.
Además, durante su gestión se reinauguró de forma controversial el aeropuerto Jorge Chávez y estallaron diversos escándalos que involucraron a su círculo cercano (como a su hermano Nicanor en el Caso Waykis en las Sombras o las intoxicaciones a escolares y denuncias de corrupción de funcionarios que derivó en la reestructuración de Qali Warma) así como denuncias en su contra como el Caso Rolex (por presunto enriquecimiento ilícito), el Caso Cofre (por su presunta colaboración en la huida de Vladimir Cerrón, líder de PL), el Caso Qali Warma (por el presunto favorecimiento, mientras era ministra, a empresas abastecedoras del referido programa social) y el Caso Cirugía (por el presunto abandono de funciones al someterse a una cirugía sin reportarlo). Ante los escándalos, la presidenta Boluarte ha sido evasiva con la prensa y ha acusado a los «poderes fácticos», denominados como los «caviares», de hacer activismo judicial y mediático y politizar la justicia mediante el lawfare, además de hacer uso de un discurso que ha sido calificado de demagógico.
Su gestión fue crónicamente impopular, con una desaprobación que se mantuvo estable por encima del 80% y con niveles de aceptación bajísimos hasta llegar al 2% en mayo de 2025, siendo considerada como la presidenta más impopular del Perú en los últimos 40 años por la prensa local y del mundo por los medios extranjeros.
Fue vacada el 10 de octubre de 2025 por el congreso por incapacidad moral permanente, luego del atentado a la agrupación musical Agua Marina, siendo sucedida por José Jerí, que hasta entonces se desempeñaba como presidente del congreso.
Nació el 31 de mayo de 1962, en la ciudad peruana de Chalhuanca, Apurímac. Sus padres son Nicanor Boluarte Román y Petronila Ercilia Zegarra Pimentel, siendo la menor de 14 hijos. Si bien su idioma principal de comunicación es el castellano, es también una hablante de herencia del quechua chanca, propio de su zona de origen, con un alto grado de fluidez.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad y en 2005 se graduó como abogada en la Universidad de San Martín de Porres, posteriormente realizó una maestría en Derecho Notarial y Registral, por la misma universidad.