La dictadura cívico-militar uruguaya fue un período de gobierno militar en Uruguay desde el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 hasta la recuperación de la democracia el 1 de marzo de 1985.
Este período histórico estuvo marcado por la ausencia de derechos constitucionales, la disolución del Parlamento, la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, la intervención en todos los niveles educativos, incluyó excesos del gobierno. En total, hubo alrededor de 205 personas detenidas-desaparecidas en el período.
La dictadura uruguaya estuvo coordinada con otras dictaduras de América Latina (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile) a través del Plan Cóndor. Las Fuerzas Armadas sostenían la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por los Estados Unidos y caracterizada por promover la ampliación del campo de acción de los militares, como garantes de la seguridad interna.
Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico, con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada por grupos de izquierda, entre los cuales se destacaron el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Partido por la Victoria del Pueblo y la Federación Anarquista Uruguaya. Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco se agudizaron aun más, y sus medidas de gobierno fueron enfrentadas por organizaciones como la Convención Nacional de Trabajadores. Por esa época aparecieron los grupos de extrema derecha Defensa Armada Nacionalista, que en realidad era en efecto, un escuadrón de la muerte, y la Juventud Uruguaya de Pie, cuyos objetivos eran los militantes sociales y políticos generalmente de izquierda, contra quienes realizaron atentados asesinando a varias personas.
El 9 de septiembre de 1970 el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El 16 de diciembre se creó la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 1971 asumió un nuevo gobierno el 1 de marzo de 1972 presidido por Juan María Bordaberry.
En abril de 1972, el Parlamento uruguayo votó por más de dos tercios de sus integrantes que el país estaba en un «estado de guerra». Mientras tanto, el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política continuó incrementándose. El 25 de octubre de 1972 Jorge Batlle denunció en televisión que había conversaciones y presuntos entendimientos entre militares e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en el cuartel del Batallón Florida, con el aval de los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi en un momento en que estaban técnicamente en «guerra». Batlle fue procesado por la justicia militar por el delito de «ataque a la fuerza moral del Ejército» y permaneció dos meses en prisión. El 31 de octubre de 1972 el ministro de Defensa, Augusto Legnani, tuvo que renunciar por no haber podido remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el ministerio. Posteriormente, los mandos militares del Ejército hicieron publicaciones contradiciendo al presidente de la República.
El 8 de febrero de 1973, con el propósito de controlar la efervescencia militar, el presidente Bordaberry sustituyó al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. En la mañana de ese día el nuevo ministro se reunió con los mandos de las tres fuerzas y solo encontró respaldo en la Armada.
Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de Estado.
En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica, Adolfo Wasem Alaniz, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura militar, es decir, hasta 1985. Los citados fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas (comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.
Los sucesos de febrero de 1973
Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, en febrero de 1973 nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El Ejército y la Fuerza Aérea respondieron emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los que «desconocían» la autoridad del nuevo ministro, argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas. A su vez, los militares daban la pauta de sus intenciones, no solo de «aportar seguridad para el desarrollo nacional», sino también de querer participar en la «reorganización moral y material del país».
El desconocimiento del Ministro y los planteamientos de participación en la vida política del país marcaron, de hecho, una insurrección de estas dos armas. La Armada Nacional, sin embargo, se mantuvo leal a la Constitución, y ocupó la Ciudad Vieja y las bases del Cerro. Inteligencia naval comunicó al comandante Zorrilla que tres generales se reunían en casas y conspiraban, que Trabal armó un esquema de guerra psicológica con apoyo de inteligencia tupamara, para convencer a cada partido opositor:
Frente amplio por el general Víctor Licandro; que sería un golpe peruanista y pondrían ministros comunistas y socialistas, convenció al general Líber Seregni y al PCU+
Blancos, por Mario Aguerrondo y algún naval, que las elecciones que perdió Wilson Ferreira Aldunate estaban arregladas, y que llamarían en tres meses a elecciones nuevas para que ganara Wilson.
Colorados, por Pacheco y por masones; que era para terminar con las obstrucciones de la oposición. No tenían idea que colorados como el vicepresidente Sapelli y el senador Amílcar Vasconcellos se pondrían de proa, y el pedido de informe de Vasconcellos revelando el golpe en marcha provocó los comunicados de los generales, contra la opinión de los coroneles y tenientes coroneles. Si el vicealmirante Juan José Zorrilla quien era constitucionalista y ordenó bloquear la Ciudad Vieja, detenía a los generales, nadie los apoyaría, le debía pedir permiso al presidente. Nunca se lo dio, ya estaba vendido.
Por eso nunca se le reconoció al comandante Zorrilla y los Infantes de Marina su heroica defensa de la democracia. Solamente la intendencia de Rivera, su patria chica.
Cuando se rebeló una unidad pequeña del tenderredes Huracán, no necesitaba permiso. Zorrilla ordenó hundirlo. Cuando el Jefe de la Flota no obedeció, era blanco y pidió tiempo para conversar, dejó registrada la orden incumplida y se fue para la casa. Allí tiraron tiros una vez, pero Inteligencia Naval avisó que si seguían, morían tres generales, y lo dejaron quieto.
Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara determinadas condiciones de los militares en el Acuerdo de Boiso Lanza. Para algunos, el Acuerdo de Boiso Lanza fue un prólogo de la quiebra institucional que vendría, mientras que para otros fue, de hecho, el golpe de Estado. Una de las consecuencias del Acuerdo de Boiso Lanza fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).