Las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son víctimas del crimen de desaparición forzada antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar que hubo en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Encerradas en centros clandestinos de detención, eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas. Las primeras desapariciones y los primeros centros clandestinos de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.
Documentos del gobierno de Estados Unidos desclasificados en 2006 revelan que un agente de la inteligencia chilena habría manifestado, en un cable enviado a sus superiores en 1978, que militares argentinos pertenecientes al Batallón 601 le habrían manifestado que estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. Por la misma fecha, y según los mismos documentos desclasificados, el entonces embajador en Buenos Aires, Robert Hill habría manifestado: "Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica".
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) registró 8.961 casos documentados en su informe Nunca Más, pero señaló que se trataba de una lista abierta e incompleta debido al carácter clandestino de la represión y a las limitaciones para recibir denuncias. Diversas investigaciones académicas y organismos de derechos humanos coinciden en que la magnitud total de las desapariciones es imposible de establecer con precisión, por lo que la cifra de 30.000 se utiliza como una estimación histórica y simbólica de la escala del terrorismo de Estado.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, firmada en 1994, lo considera como un delito de lesa humanidad imprescriptible y lo define del siguiente modo:
Los gobiernos militares del período de 1976 a 1983 impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce como el terrorismo de Estado en Argentina. Esas prácticas fueron usadas en otras dictaduras de América Latina en el marco de la Operación Cóndor en Sudamérica y la Operación Charly en Centroamérica.
La razón de que un Estado totalitario recurra a este método es que busca la impunidad al dificultar la prueba del cuerpo del delito, el desconocimiento del destino de los desaparecidos infunde terror en las víctimas y en la sociedad y la falta de certeza acerca de lo sucedido dificulta la acción de los ciudadanos y favorece su división. La desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer, es decir unas personas que pueden ser asesinadas impunemente.
El procedimiento de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por eso, saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad, se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Una de las consignas que refleja esta preocupación, cantada en las marchas de protesta contra el gobierno militar, decía: «¡Los desaparecidos, que digan donde están!».
La desaparición de personas genera una situación de agravamiento de la represión y las heridas, debido a las dificultades para los familiares de «dar por muertos» a sus seres queridos y finalmente dar por finalizada la búsqueda de sus restos y la averiguación de lo que realmente les sucedió.
Decreto de Noche y Niebla de Hitler
El sistema de desaparición de personas fue racionalizado por primera vez por el nazismo, a partir del Decreto Noche y Niebla (Decreto Nacht und Nebel) de Hitler, del 7 de diciembre de 1941, cuyo texto fue reconstruido por el Tribunal de Núremberg. Los ideólogos del nazismo sostenían que el Decreto daba inicio a una «innovación básica» en la organización del Estado: el sistema de desapariciones forzadas.
La orden básica del Decreto de Noche y Niebla de Hitler era:
Según palabras textuales de Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante «la noche y la niebla» (por el Decreto Nacht und Nebel) y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información que el hecho de su detención.
Entre los fundamentos del decreto se explica que:
El texto reconstruido precisa que:
En Argentina, un camionero testigo de los vuelos de la muerte declaró que le preguntó a un militar sobre el destino de los cadáveres que traía, y este contestó: «Van a la niebla de ninguna parte».
El Decreto de Noche y Niebla de Hitler es mencionado como antecedente de la política de desapariciones forzadas en Argentina, en algunas resoluciones judiciales. El juez español Baltasar Garzón lo menciona en una resolución del 2 de noviembre de 1999, por la que dispone procesar a 98 militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad:
También es mencionado en la sentencia que en 2006 pronunció el Tribunal Oral en los Criminal n.º 1 de La Plata en el caso «Etchecolatz»:
La desaparición de personas como método represivo fue introducida en la Argentina por la llamada «Escuela militar francesa» desde los últimos años de la década de 1950. Francia había sufrido en 1954 la catastrófica derrota militar en la Batalla de Dien Bien Phu, contra la Liga para la independencia de Vietnam (Viet Minh), que puso fin a la guerra de Indochina y abrió el camino a la independencia de Vietnam. La derrota de Dien Bien Phu ante fuerzas militarmente inferiores pero con fuerte apoyo de la población, inconcebible antes de la misma, que llevó a la pérdida de la colonia de la Indochina francesa, produjo un shock en las fuerzas armadas francesas, formadas en la guerra convencional entre países. De esa coyuntura, surgió desde los propios militares franceses, la noción de «guerra subversiva», concepto que poco después fue reemplazado por «doctrina de la guerra revolucionaria» (DGR).