Las desapariciones forzadas de Iguala de 2014, también conocidas como secuestro masivo de Iguala de 2014, caso Ayotzinapa, caso Iguala o los 43, fueron una serie de episodios de violencia ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en México, donde la policía municipal de Iguala, Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco, la policía estatal de Guerrero, elementos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México adscritos al 27.º Batallón de Infantería de Iguala participaron en la vigilancia, espionaje, seguimiento, persecución y ataque a estudiantes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ubicada a 257 kilómetros al sureste de Iguala, teniendo como resultado la desaparición forzada de 43 personas, 27 heridos y el asesinato de al menos 9 —entre ellos, periodistas y pobladores—. Todo ello con la vigilancia activa del Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) —ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Federal (PF)— hoy integrada a la Guardia Nacional.
Debido a la participación de representantes del más alto nivel del Gobierno de México, a la colusión de los mismos con el crimen organizado, a la supervisión y vigilancia en activo mientras transcurrían los hechos, la negligencia y la omisión en la investigación y persecución del mismo —especialmente con la creación de una conclusión apócrifa al caso llamada «verdad histórica»—, el caso fue un crimen de Estado. A lo largo de la investigación del caso han fallecido o han sido asesinadas 26 personas más.
Los antecedentes del caso Ayotzinapa se remontan a la resistencia emprendida por el estudiantado a la pretensión del Estado mexicano a lo largo del siglo XX y XXI de terminar con las escuelas normales rurales, surgidas en los años 20, mismas que forman principalmente a profesores rurales y tienen como modelo pedagógico la articulación de la educación y el trabajo. El surgimiento de las normales dio pie a la fundación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) en 1935, una organización estudiantil de orientación socialista que en la época actual tiene presencia en la totalidad de dichas instituciones.
Por tanto, la Normal ha emprendido diversas acciones de resistencia a su desaparición, siendo la primera en julio de 1940 cuando veinte normales se fueron a la huelga. En medio del fuerte macartismo de la Guerra Fría que acusaba de «comunistas» a las normales rurales, en 1950 el entonces presidente Miguel Alemán anunció la desaparición de las normales rurales, emprendiéndose a su interior diversas luchas de resistencia.
Las escuelas normalistas de Guerrero, en especial la Normal Isidro Burgos, están asociadas a las figuras icónicas de los luchadores sociales y guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, quienes fueron alumno y profesor de esa institución, respectivamente, y quienes fueron asesinados o desaparecidos en el contexto del terrorismo de Estado de los años 70, al igual que otros estudiantes y profesores de la Normal Isidro Burgos, señalada y acosada en lo particular como un foco rojo para el Estado mexicano. La organización social de la FECSM, la marcada tendencia ideológica de la Normal hacia la izquierda, así como la asociación de las figuras de Cabañas y Vázquez a la escuela reforzó a lo largo del siglo XX y XXI la visión del Estado y sus instituciones en gobiernos federales, estatales y municipales hacia el estudiantado de Ayotzinapa como un enemigo.
A pesar de la resistencia emprendida por las rurales, 30 de las 46 escuelas habían sido extinguidas en 2014. Entre las resistencias emprendidas por las normales están la obligatoriedad de la evaluación por el CENEVAL a finales de los años 90, así como la serie de reformas a partir de la Alianza por la Calidad de la Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A la par de las acciones de lucha social, que implican acciones como asambleas, marchas, mítines y bloqueos carreteros por parte de los estudiantes normalistas, en 2008 ocurre una fuerte represión por parte de la Policía Estatal de Michoacán que detiene con violencia a 130 estudiantes en los alrededores de la Normal de Tenería; en 2010 la policía de Aguascalientes desaloja con violencia un bloqueo carretero y detiene arbitrariamente a 13 alumnas.
En 2012 la pretensión del gobierno estatal de Michoacán de integrar la evaluación obligatoria a las normales rurales michoacanas lleva a la toma y paro del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, la Escuela Normal Indígena de Michoacán y la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío. Además de las tomas de los centros educativos, los normalistas de dichas escuelas retienen autobuses para presionar al gobierno a dialogar. En respuesta el gobierno, encabezado por el político priísta Fausto Vallejo Figueroa, ordena la ocupación de las escuelas con un total de 1500 policías federales, estatales y municipales mismas que ocurren con un uso desmedido de la fuerza, brutalidad policiaca, torturas, golpes y violencia sexual. Fueron detenidos 176 estudiantes, quienes son enviados a un reclusorio estatal acusados de diversos delitos.
El 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, ocurre el episodio del Desalojo de la Autopista del Sol de 2011, cuando la policía federal, estatal y militares del 27º Batallón de infantería de Iguala, desalojaron la Autopista del Sol bloqueada por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en protesta por la desatención a sus demandas como aumento de presupuesto a la normal para alimentos, subir las plazas de 140 a 170 y la negativa a aceptar a Eugenio Hernández García como director, para lo cual demandaban una audiencia pública con Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador guerrerense, quien no llega en cuatro ocasiones al diálogo planteado por los protestantes. Ante la última cancelación del diálogo público por parte de Aguirre, los estudiantes deciden a las 11 de la mañana del 12 de diciembre bloquear indefinidamente la Autopista del Sol hasta no dialogar.
Un estimado de 500 elementos policiacos y personas vestidas de civil a su mando armadas acuden al punto, cercano a Mezcala. En un hecho sin precedentes, desde el lado policiaco se detonan armas fuego por espacio de 30 minutos desde los dos sentidos de la autopista contra los estudiantes para abrir la carretera con fusiles de asalto tipo AK-47, AR-15 y Heckler & Koch G36, asesinando a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús e hiriendo a otros.
En consecuencia el gobernador Aguirre niega haber abierto fuego pero medios de comunicación toman fotografías de elementos disparando fusiles de asalto. El subsecretario de Seguridad de Guerrero, Ramón Arreola, confirma la orden de «limpiar la carretera» por parte de Aguirre. Ocurren acusaciones mutuas entre los gobiernos federales y estatales de quienes dispararon. Además de los estudiantes, un trabajador falleció por quemaduras cuando estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio, al observar como son asesinados y heridos sus compañeros. Un caso judicial radicado en Alemania contra la empresa Heckler & Koch tomó como evidencia los crímenes contra los estudiantes en la autopista, al probar con ello como la empresa alemana fabricante del fusil G36 vendió armas a gobiernos con antecedentes de violencia y violaciones graves a derechos humanos como los de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y el propio Guerrero, contraviniendo las pautas comerciales establecidas por el gobierno alemán que lo niegan.
Alumnos de la normal de Ayotzinapa tenían un historial de retención de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba enfrentamientos con la policía. A partir de los hechos de 2014, choferes y líneas de autobuses comenzaron a consensar y acordar el uso de los autobuses con condiciones como que los estudiantes no los manejen.
Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre de 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, estudiantes habían retenido autobuses y robado combustible a lo largo de una semana, para concentrarlos en la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apropiarse de otros vehículos, pero la policía local los detuvo sin incurrir en arrestos ni confiscar las unidades en que iban.