La crisis económica española, también conocida como la Gran Recesión española, fue la parte española de la crisis financiera de la Unión Europea iniciada en 2008 y concluida en el año 2014, según la contabilidad nacional, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La crisis se enmarcó dentro de la denominada Gran Recesión que afectó a la mayor parte de países del mundo, en especial a los países desarrollados. La economía española tardó más años en recuperar los niveles previos a la crisis de algunas de las variables como el desempleo. La salida de la crisis se produjo a costa de un crecimiento de la desigualdad.
El comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión de otros problemas: el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo en España, de lo que derivó el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo así como cuestionar el sistema político exigiendo una renovación democrática. El movimiento más importante fue el denominado Movimiento 15-M, surgido en gran medida por la precariedad y las condiciones económicas de las clases media y baja; dos consecuencias de la crisis financiera. La drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto público, el elevado déficit público de las administraciones públicas, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo fueron otros de los problemas que también contribuyeron al agravamiento de la crisis. La crisis se extendió más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales.[cita requerida]
La entrada de España en la Unión Económica y Monetaria en 1999 condujo en los años posteriores a una caída de las tasas de interés y de la inflación, que convergieron con los niveles europeos. Como respuesta a estos hechos se produjo un ascenso del volumen de crédito que contribuyó a un aumento de la actividad económica, en la que el PIB y el empleo se elevaron por encima del promedio europeo. La expansión crediticia se manifestó en un fuerte incremento del endeudamiento privado tanto de las familias como de las empresas, que se duplicó entre 1999 y 2007.
Estos flujos financieros se dirigieron, en buena medida, al mercado inmobiliario, que vivió un fuerte incremento de la demanda propiciado por diversos factores: un aumento de la población derivado de la entrada de migrantes atraídos por la coyuntura laboral y económica, un aumento de renta per cápita de los ciudadanos, la relajación de los criterios de acceso a los créditos por parte de las entidades financieras y por último las expectativas de revalorización especulativa de los activos residenciales. Estos factores dieron lugar a la formación de una burbuja inmobiliaria en el país. La espiral especulativa se caracterizó por una escalada de los precios inmobiliarios y el desbocamiento de la deuda hipotecaria. La incapacidad del ahorro nacional para financiar el auge inmobiliario, llevó a recurrir a recursos financieros del exterior, los bancos, financiaron su expansión crediticia en buena medida mediante la emisión de bonos de titulización dirigidos a no residentes.
También durante los años descritos, la balanza exterior española sufrió fuertes desequilibrios por el incremento de las importaciones provocado por una parte por la caída experimentada de la competitividad frente al exterior, unido a la pujanza de la demanda interna que tiró también de las importaciones, mientras que las exportaciones permanecieron estables. Los déficits por cuenta corriente, que se financiaron en buena medida, mediante el endeudamiento exterior que se mencionó anteriormente. La diferencia entre los activos y pasivos de españoles frente al exterior, pasó desde el 35 % del PIB hasta el 80 % en esos años, nivel muy alto en la comparación internacional. No existieron tampoco mecanismos de detección y control de los desesequilibrios existentes, ni a nivel nacional ni europeo.
En materia fiscal, en el período de auge se produjo una caída significativa de la deuda pública desde el 61 % hasta el 36 % del PIB, en gran medida debido a los ingresos procedentes del ciclo inmobiliario y de su efecto sobre el resto de la actividad económica, mientras que los aumentos del gasto público tuvieron una naturaleza más estructural.
El nacimiento de la crisis, se enmarca en el contexto de una crisis económico-financiera mundial, que conllevó un fuerte ajuste de la industria de la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
El desplome del valor real de venta de la vivienda, y la sobrevaloración previa, junto al el encarecimiento de las hipotecas, desembocó en un crash económico bursátil mundial, que trajo el ascenso continuado de las cotas de desempleo continuado. Esta situación se produjo debido a que en zonas donde los precios se habían "inflado" (sobrevalorado) mucho, el precio real de la vivienda resultaba ser inferior al de la deuda hipotecaria contraída. Así, pues, numerosos embargos de primeras viviendas, locales, construcciones inacabadas, segundas residencias, así como desahucios se llevaron a cabo durante este período de crisis.
Las cifras fueron muy elevadas y aunque al comienzo de la crisis (2008) se lanzaron 27 000 ejecuciones hipotecarias, en 2017 se contabilizaron 600 000 personas desahuciadas.
Debido a la falta de recursos energéticos propios, España tradicionalmente, al igual que el resto de países de la U.E, han importado las materias primas como por ejemplo el petróleo; por lo que la crisis energética de los años 2000 produjo tendencia inflacionista.[cita requerida]
En junio de 2008 la inflación acumulada en los últimos trece años era del 5 %. La menor producción de crudo por parte de la OPEC, causó una abrupta subida del precio del petróleo entre el periodo 2008 - 2012, y, que junto al pinchazo confirmado de la burbuja, hicieron que el país entrara en un periodo de deflación en el gasto familiar, España comenzó a alcanzar desde 2009 la tasa de crecimiento más baja de los últimos 40 años.[cita requerida]
En marzo de 2009 se confirmó por primera vez, la primera mayor caída y recesión económica de la democracia Española y, que el Gobierno Español de corte Socialista (05/ 2004 - 21/12/2011), negó sistemáticamente, el que esto, estaba ocurriendo. De todo ello, existen datos registrados al respecto.
En octubre de 2010, la economía seguía contrayéndose al tiempo que aumentaba de nuevo la inflación. Entre 2011 y 2012, los precios subieron un 3,5 %, esta subida combinada con medidas de austeridad y un alto desempleo impactaron negativamente en el nivel de vida de los españoles. Al mismo tiempo los salarios medios decrecieron y el poder de compra se redujo notablemente.
El sistema bancario español se consideraba por muchos analistas económicos como uno de los más sólidos entre las economías de Europa Occidental y de los mejor equipados para soportar una crisis de liquidez, debido a la política bancaria restrictiva que obligaba a mantener un porcentaje de reservas alto. Sin embargo, este análisis resultó ser incorrecto por otros factores, durante la burbuja inmobiliaria en España esta política se relajó y el regulador, el Banco de España, actuó con omisión. El sistema contable de "aprovisionamiento contable" practicado en España no supera los estándares mínimos del International Accounting Standards Board, esto permitió dar una apariencia de solidez mientras el sistema se hacía vulnerable.
Contrastando fuertemente con otros países como Irlanda, la única nacionalización de importancia fue tardía. Previamente el gobierno había fomentado con dinero público una concentración bancaria. Dado que España tenía la red de oficinas bancaria más densa de Europa, esto llevó a un gran número de empleados "sobrantes" a aumentar el desempleo.
El FROB, (FONDO de Re - Ordenacion Bancaria) redenominado Autoridad de Resolución Ejecutiva a través del préstamo de 60.000 millones de Euros, concedido por el BCE, actuó como fondo de rescate y en su informe de diciembre de 2019, contabilizando las ayudas del FROB, Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la Sareb, señala que se han gestionado procesos de rescate de entidades del sistema bancario que representaban el 38,3 % del total de depósitos cubiertos en las siguientes entidades con los importes en millones de euros: Caja Madrid - Bankia (22 424), Caixa Catalunya (Catalunya Banc) (12 599), Caja de Ahorros del Mediterráneo (12 474), NovaCaixaGalicia (9404), Banco de Valencia (6103), Caja Castilla-La Mancha (4215), Sareb (2192), Unnim (1997), Caja Murcia - BMN (1645), Banco CEISS (1559), Cajasur (1192), Banca Cívica (977), Caja3 (407), Banco Gallego (245) y Liberbank (124).