La crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008 (también referida como Crisis Andina) se desarrolló luego de que fuerzas militares y policiales de Colombia ejecutaran la Operación Fénix, una incursión en territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla, realizando un bombardeo donde murieron Raúl Reyes, otros 17 guerrilleros miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuatro estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano, quienes se encontraban pernoctando en un campamento fronterizo dentro de este país en la madrugada del 1 de marzo de 2008.
Los gobiernos ecuatoriano y venezolano reclamaron al gobierno colombiano por violar la soberanía del Ecuador al ejecutar allí una operación militar contrainsurgente sin autorización; a su vez el gobierno colombiano declaró haber encontrado, en la incursión, computadores que pertenecían al fallecido Raúl Reyes y que comprometen a dichos gobiernos con el apoyo a las FARC. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela sostuvieron que mantenían contactos con las FARC como parte de las negociaciones, junto con Francia, para liberar rehenes y avanzar hacia la paz en el conflicto armado colombiano. Para los gobiernos de ambas naciones, estas negociaciones habrían sido frustradas por la muerte de Reyes.
La crisis provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia y el anuncio del envío de tropas militares por parte de los dos primeros países a sus respectivos límites fronterizos con Colombia. El 7 de marzo de 2008 las tensiones se aliviaron durante la cumbre del Grupo de Río, aunque el impase no fue completamente solucionado y las relaciones entre estos países volvieron a tensarse en los años siguientes tras la masacre del Táchira, el acuerdo militar colombo-estadounidense de 2009 y posteriormente la crisis diplomática de 2010.
Las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas se vieron afectadas luego de que el gobierno colombiano finalizara la mediación de Hugo Chávez, y la senadora Piedad Córdoba para obtener el acuerdo humanitario. El anuncio fue realizado el 21 de noviembre de 2007, por el portavoz de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez. "El presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del Presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando". El detonante de la situación fue una llamada del presidente venezolano al comandante del ejército Mario Montoya, rompiendo un "pacto de caballeros", acordado en la última reunión de Chávez con el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en Santiago de Chile.
Al día siguiente, Chávez, en horas del mediodía, ordenó el retiro del embajador Pavel Rondón, y el anuncio de la congelación de las relaciones entre los dos países:
Horas después, el presidente Uribe respondió que:
Por otra parte, las relaciones entre Colombia y Ecuador, mantenían puntos de tensión frente a este mismo tema, cuando Colombia manifestó en octubre de 2007 su preocupación porque el gobierno ecuatoriano no había tomado acciones adecuadas para prevenir la presencia de grupos insurgentes colombianos dentro de su territorio, mientras Colombia no pone un solo soldado en la frontera. Además el presidente de Ecuador, Rafael Correa, había expresado su malestar con el gobierno colombiano debido a los efectos en la población fronteriza afectada por las fumigaciones aéreas indiscriminadas en la frontera con glifosato durante el transcurso del Plan Colombia. Este caso, considerado un abuso del gobierno colombiano, fue llevado a la OEA, al tiempo que se anunciaron acciones ante las Naciones Unidas y la petición de indemnizaciones para la población afectada.
El 1 de marzo de 2008, el gobierno colombiano, mediante su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, confirmó la muerte de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, durante el operativo en territorio ecuatoriano. El dirigente de las FARC muerto, estuvo inmerso en 121 procesos judiciales, tenía 57 expedientes por homicidio terrorista, 26 por terrorismo, 25 por rebelión, cuatro por secuestro y nueve por lesiones, además de otras catorce condenas.
El campamento donde se encontraba el líder insurgente en la zona fronteriza, donde murió a causa del ataque junto con otros 22 rebeldes, fue localizado a través de una llamada que habría hecho Reyes, lo que habría permitido al ejército colombiano ubicar el campamento. Los servicios de inteligencia de Colombia al captar la señal de la llamada, realizaron el rastreo técnico. Posteriormente establecieron que el guerrillero se encontraba en las inmediaciones de la frontera y comenzaron a seguirlo. Dicho hecho provocó protestas por parte del gobierno ecuatoriano y venezolano debido a que las tropas colombianas bombardearon el territorio ecuatoriano durante el operativo.
Los estudiantes Ulises Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron identificados por el gobierno ecuatoriano como desaparecidos que podrían estar entre los muertos hallados en el campamento de las FARC. Según el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, los estudiantes habían participado en un congreso bolivariano que se realizó en Ecuador durante el mes de febrero.
Tras la muerte de Reyes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa declaró que había sido informado de la situación por parte del presidente colombiano, y dijo que enviaría las fuerzas militares de su país a investigar los hechos ocurridos en porción ecuatoriana de la zona fronteriza ecuatoriana. Posteriormente, Correa declaró que Colombia había incursionado de manera ilegal en territorio ecuatoriano con el objetivo de bombardear al campamento de Reyes, lo cual rechazó afirmando que "aquí nadie puede entrar a nuestro territorio y menos aún armado, por más que sean fuerzas irregulares o regulares".
De acuerdo con las investigaciones del Ecuador, los guerrilleros fueron bombardeados y "masacrados" utilizando "tecnología de punta" mientras pernoctaban en el campamento, lo que fue llevado a cabo, probablemente, con ayuda de alguna "potencia extranjera", una vez realizados los bombardeos, el ejército colombiano cruzó la frontera con el fin de extraer el cadáver de Reyes, abandonando los demás. Concluyó diciendo que:
Además, el gobierno de Ecuador retiró a su embajador en Bogotá y envió una nota de protesta, en la cual se solicita a Colombia que explique el "indebido proceder de sus fuerzas militares", reiterando el que "ninguna fuerza militar regular o irregular puede actuar en el territorio de Ecuador que, con arreglo a su derecho a la legítima defensa y a la seguridad, repelerá, capturará y someterá a la justicia a quienes ingresen armados al territorio o se establezcan para desarrollar actividades al margen de la ley". Concluye que "el Estado ecuatoriano ha colaborado con autoridades colombianas en acciones apegadas a las leyes de los dos países y a los derechos humanos. Lamentablemente esta cooperación bilateral no se verificó en torno a los hechos descritos, que por tanto significan la vulneración de la integridad territorial y el ordenamiento legal de Ecuador".
En la noche del 2 de marzo de 2008, el presidente Correa anunció públicamente la expulsión del embajador colombiano en Quito y solicitó la inmediata convocatoria de los consejos permanentes de la OEA y la CAN, además de reiterar la movilización de tropas ecuatorianas a la frontera norte. Además, Correa exigió al gobierno colombiano "compromisos firmados de respeto a Ecuador" y no solamente disculpas formales, a las que calificó de "burla".
El 3 de marzo de 2008 el gobierno ecuatoriano anunció que rompía sus relaciones con el gobierno de Colombia. El comunicado emitido afirma que Correa ordenó proteger a una patrulla militar colombiana en Ecuador, que argumentaba estar rodeada por 200 miembros de las FARC durante la verificación de los hechos, comprobando posteriormente que era falso y que dicha patrulla "estaba ganando tiempo para poder regresar a su país" después del ataque. El gobierno ecuatoriano menciona la interceptación de comunicaciones en ese sentido y afirma que los militares colombianos "claramente sabían que era en nuestro territorio" ya que desde hace días seguían a Reyes "por medio del teléfono satelital". El comunicado concluye que "hoy que se devela la mentira, nos tratan de involucrar con las FARC, supuestamente por documentos, sin firma, que encontraron en tres computadoras que supuestamente capturaron en el campamento y luego de las explosiones quedaron intactas".