La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un tribunal internacional con sede en San José, Costa Rica. Fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado de derechos humanos ratificado por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que entró en vigor en 1978. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundada en 1959, constituyen las dos principales instituciones de derechos humanos del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos.
En virtud de la Convención, este tribunal trabaja con la Comisión Interamericana para defender y promover los derechos y libertades fundamentales. Tiene jurisdicción en unos 20 de los 35 estados de América que han adoptado medidas para adherirse a su autoridad, la gran mayoría de América Latina. El tribunal resuelve reclamaciones por violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos y emite opiniones consultivas sobre la interpretación de determinadas cuestiones jurídicas. Veintinueve miembros de la OEA son también miembros de la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 1969 se celebró en San José, Costa Rica, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este instrumento entró en vigor el 18 de julio de 1978, una vez depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA.
A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado la Convención o se han adherido a ella: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. No obstante, Trinidad y Tobago la denunció mediante comunicación dirigida al Secretario General de la OEA el 26 de mayo de 1998, y Venezuela hizo lo propio el 10 de septiembre de 2012.
Este tratado regional es obligatorio para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, y representa la culminación de un proceso iniciado a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y acordaron redactar una declaración sobre derechos humanos que pudiera adoptarse eventualmente como convención. Dicha declaración —la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona— fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención estableció dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió a sus primeros miembros. La Corte, en cambio, no pudo establecerse sino hasta la entrada en vigor de la Convención.
El 22 de mayo de 1979, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, los Estados Partes eligieron a los juristas que, a título personal, serían los primeros jueces de la Corte Interamericana. Su primera reunión tuvo lugar el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington D.C.
La Asamblea General de la OEA había recomendado el 1 de julio de 1978 aceptar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país, decisión ratificada por los Estados Partes durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA se aprobó el Estatuto de la Corte; en agosto de 1980, esta aprobó su Reglamento, que incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009, durante el LXXXV Período Ordinario de Sesiones, entró en vigor un nuevo Reglamento, aplicable a todos los casos que se tramitan actualmente ante el Tribunal.
El 10 de septiembre de 1981, el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley N.º 6889 del 9 de septiembre de 1983, que regula el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, sus jueces, su personal y las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades del Tribunal, en particular mediante la protección de quienes intervengan en sus procesos. En cumplimiento del compromiso adquirido, el Gobierno de Costa Rica donó a la Corte, en noviembre de 1993, la casa que hoy ocupa como sede.
El 30 de julio de 1980, la Corte y el Gobierno de Costa Rica firmaron un convenio —aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley N.º 6528 del 28 de octubre de 1980— por el que se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Dicho Instituto se constituyó como una entidad internacional autónoma de naturaleza académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos con un enfoque multidisciplinario y énfasis en los problemas del continente americano. Con sede igualmente en San José, Costa Rica, el Instituto trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos.
Los antecedentes del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos se remontan a la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, en 1948. En esa misma conferencia, el gobierno de Brasil presentó una propuesta para la creación de una Corte Interamericana que garantizara los derechos del hombre, bajo la premisa de que la protección jurídica de los derechos reconocidos internacionalmente solo sería eficaz si emanaba de un organismo internacional. Con tal propósito, se encomendó a la Comisión Jurídica Internacional la elaboración de un proyecto de ley en materia de derechos humanos, el cual, tras su evaluación, fue discutido y aprobado en la Décima Conferencia Internacional Americana como la Resolución XXXI «Corte Interamericana para proteger los Derechos Humanos». En la Décima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Caracas, Venezuela, en 1954, se adoptó la Resolución XXXI relativa a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se encargó al Consejo de la Organización la continuación de los estudios sobre protección jurisdiccional de los derechos humanos, a fin de que la Undécima Conferencia pudiera abordar el asunto.
En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Chile en 1959, se aprobó la Resolución VIII sobre «Derechos Humanos», que encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de dos proyectos de convención: uno sobre derechos humanos y otro sobre la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la instrucción de que fueran remitidos a los gobiernos sesenta días antes de la instalación de la Undécima Conferencia Interamericana. En cumplimiento de dicha resolución, el Comité Jurídico Interamericano elaboró un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos durante su Cuarta Reunión, celebrada en Santiago de Chile entre el 24 de agosto y el 9 de septiembre de 1959. El proyecto, compuesto por 88 artículos, abordaba los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y preveía la creación de dos órganos de protección: una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las fuentes que inspiraron su diseño fueron el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y las disposiciones de la Carta de Roma relativas al Tribunal de Estrasburgo, adaptadas a las condiciones particulares del continente americano.