La Constitución de Weimar fue la norma fundamental sancionada el 14 de agosto de 1919, que estableció la República de Weimar; una república federal con dieciocho estados y la elección de un presidente por votación popular, el cual a su vez tenía la facultad de elegir al canciller para que formara un gobierno. El presidente podía disolver el gabinete y vetar las leyes del Reichstag (poder legislativo). Además, con el fin de mantener el orden y la seguridad pública, el presidente podía suspender las libertades públicas y obligar a los estados federados, por la fuerza llegado el caso, a cumplir con sus obligaciones.
Esta constitución junto a la Constitución de México sancionada dos años antes, dieron origen al constitucionalismo social, que estableció el Estado del bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores.
A pesar de todo el poder del presidente, la República de Weimar mantuvo principios democráticos conservadores. Además se establecieron los colores negro, rojo y dorado como símbolos de la Gran Alemania, que en teoría debía incluir a Austria, aunque esto no se hizo inmediatamente debido a que el Tratado de Versalles no lo permitía.
La República de Weimar estuvo siempre muy ocupada tratando de mantener a raya a los bolcheviques, mientras tanto los socialdemócratas se iban aliando con los veteranos de la guerra. La República de Weimar tuvo una votación de 38%, muy buena, pero no era suficiente para emprender acciones en contra de los partidos extremistas.
Las cuestiones sociales fueron una novedad tratada en la Constitución de Weimar para los países europeos; ya en México se había promulgado la Constitución de 1917, pues se rompe la idea de la igualdad social absoluta, tomando en consideración que, para efectos prácticos, los trabajadores vivían en una situación económica inferior y deprimida. Este reconocimiento supone que el "derecho social" se redefina y establezca que la justicia se realiza únicamente en el caso de que se establezca un tratamiento igual para situaciones iguales, pero desigual para casos desiguales. Es así, como tanto la Constitución de Weimar como la Organización Internacional del Trabajo, en 1919, establecen los principios del derecho social y reconocen los denominados "derechos de segunda generación" o derechos económicos, sociales y culturales, ampliando el campo de derechos fundamentales que ya había sido trazado en las leyes europeas a lo largo del siglo XIX.
Si bien la nueva Constitución reconocía a los alemanes diversos derechos que ya estaban plasmados en la antigua Constitución del Imperio alemán, se amplió el rango de derechos básicos para abarcar cuestiones como la libertad de culto, el derecho a la educación, el derecho a la libre empresa y a la libre afiliación a clubes y asociaciones, etc. Tales elementos reconocían los cambios sociales que la industrialización había generado en la sociedad alemana durante los últimos 40 años, al punto que era necesario ajustar la ley constitucional para servir a una comunidad muy diferente a la que existía en la época imperial.
El Reichstag (tdl. ‘Dieta Imperial’) era la institución central de la República de Weimar como sistema político y el órgano legislativo supremo de la nación. Al igual que en otros sistemas parlamentarios, tenía el monopolio del poder legislativo a nivel nacional y era la fuente de toda la autoridad ejecutiva. Tenía la facultad de elegir al canciller imperial y a su gabinete. Para formar gobierno, un partido tenía que tener mayoría absoluta en el Reichstag. De no ser así, tenía que formar una alianza o coalición con otros partidos, que juntos constituían una mayoría en el Reichstag.
El canciller y los ministros se veían obligados a dimitir en caso de que el Reichstag aprobara una moción de censura. Sin embargo, no se trataba de una moción de censura constructiva, que requiere una mayoría positiva para el sucesor propuesto antes de poder retirar la confianza. Bajo la Constitución de Weimar, la moción de censura solía dificultar la formación de nuevas coaliciones y generar cierta inestabilidad parlamentaria que, a la larga, resultaba fatal para la República.
Todas las leyes tenían que tener su origen en el Reichstag con una excepción: la Constitución disponía que las leyes pudieran promulgarse mediante un referéndum, un voto directo del pueblo. Se podría celebrar un referéndum nacional si el 10% de todos los votantes calificados firmaban una petición que lo solicitaba sobre una ley en particular o sí el 5% de todos los votantes calificados firmaban dicha petición y la petición contaba con el apoyo de al menos un tercio de todos los miembros del Reichstag.
El Reichsrat (tdl. ‘Consejo Imperial’) representaba a los estado federados (länder). Sus miembros no eran elegidos directamente por la población, sino designados por los gobiernos de los estados. Cada Estado disponía de un número de votos relacionado con su población, aunque la Constitución limitaba la influencia de los estados más grandes para evitar el dominio absoluto de Prusia. Sus funciones incluían participar en el proceso legislativo, formular objeciones a las leyes aprobadas por el Reichstag y defender los intereses de los estados frente al gobierno central. Sin embargo, el Reichsrat tenía menos poder que el antiguo Bundesrat del Imperio alemán. Si el Reichsrat rechazaba una ley, el Reichstag podía superar esa objeción mediante una nueva votación. Por ello, el Reichstag conservaba la supremacía legislativa.
Poder ejecutivo: Reichspräsident
El Reichspräsident (tdl. ‘presidente del Reich’ – lit. ‘presidente imperial’) era elegido mediante sufragio universal, igual, directo y secreto. Su mandato tenía una duración de siete años y podía renovarse indefinidamente. Esta elección directa le otorgaba una legitimidad democrática propia e independiente de la del Reichstag, constituyendo una diferencia fundamental respecto de sistemas parlamentarios como el de Westminster, donde el jefe de Estado no deriva su autoridad de una elección popular.
Entre las principales facultades del presidente figuraban la representación internacional del Reich, la acreditación de embajadores, la firma y ratificación de tratados internacionales, el mando supremo de la Reichswehr (fuerzas armadas) y la promulgación de las leyes aprobadas por el poder legislativo.
Era el responsable de la designación del canciller, pues la Constitución no exigía que este hubiese sido elegido previamente por el Reichstag, por lo que el presidente podía nombrarlo libremente. Sin embargo, para gobernar de forma efectiva, el canciller necesitaba conservar la confianza política del Reichstag, que podía obligarlo a dimitir mediante una moción de censura.
Los gabinetes presidenciales y el debilitamiento del parlamentarismo
Tras la disolución de la última gran coalición en el verano de 1930, los gobiernos del Reich dejaron de ser formados por el Reichstag y pasaron a basarse en lo que se conocía como «gabinetes presidenciales». Al carecer de mayoría parlamentaria propia, gobernaban esencialmente con la ayuda del Reichspräsident, quien promulgaba decretos en virtud de los poderes de emergencia que le otorgaba el artículo 48 de la Constitución de Weimar; esto marcó el inicio de un proceso gradual de reforma constitucional en detrimento del Reichstag. Si bien el primer canciller de dicho gabinete presidencial, Heinrich Brüning, del Partido del Centro, que ocupó el cargo entre 1930 y 1932, seguía comprometido con la democracia, sus sucesores independientes, Franz von Papen y Kurt von Schleicher, que asumieron el cargo en junio y diciembre de 1932 respectivamente, impulsaron abiertamente políticas destinadas a poner fin al sistema republicano-democrático. Finalmente el presidente Paul von Hindenburg, en el cargo desde 1925, nombró a Adolf Hitler el 30 de enero de 1933 para dirigir un nuevo gabinete presidencial, cuyos miembros provenían del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y del Partido Nacional del Pueblo Alemán. Este fue el último gabinete designado en un marco constitucional hasta 1949.