Los Cien Mil Hijos de San Luis (conocidos en Francia como «l'expédition d'Espagne») fueron un contingente del ejército del Reino de Francia que bajo las órdenes del duque de Angulema, sobrino del rey Luis XVIII, invadió España en 1823 para poner fin al régimen constitucional instaurado tras el triunfo de la Revolución española de 1820. Su objetivo primordial era «liberar» al rey Fernando VII del «cautiverio» al que supuestamente le tenían sometido los liberales. Apoyando a las tropas francesas también iban unos 30 000 realistas españoles como prolongación de la guerra civil de 1822-1823.
Con la derrota del ejército constitucional se puso fin al Trienio Liberal (los «tres llamados años», según sus detractores) y se dio paso a la segunda restauración absolutista en España (la «Década Ominosa», también por sus detractores). Una parte del ejército francés permanecería en España hasta el año 1828.
Como ha destacado el historiador Gonzalo Butrón Prida, «la invasión militar protagonizada por los llamados Cien Mil Hijos de San Luis resultó decisiva para la suerte del régimen liberal español restaurado en 1820». Josep Fontana coincide en que «la interferencia de la política exterior europea en la española» es la que determinará su hundimiento. El escritor Benito Pérez Galdós novelaría los hechos en Los cien mil hijos de san Luis, uno de sus Episodios nacionales.
La revolución española de 1820 causó una honda preocupación en las monarquías europeas que habían derrotado a Napoleón. El secretario del Foreign Office Castlereagh les escribió a los cancilleres de la Santa Alianza: «Los acontecimientos en España, a medida que se han ido desarrollando, han despertado, como era de esperar, la mayor inquietud por toda Europa». Todos ellos, como ha señalado Josep Fontana, «no deseaban en estos momentos un fermento revolucionario que podía crearles problemas internos de resonancia», pero sobre todo no querían que se extendiera su «mal ejemplo» por Europa. En julio de 1820 había triunfado una revolución liberal en Nápoles —que estaba tan influenciada por la española que había adoptado como propia la Constitución de Cádiz— y al mes siguiente en Portugal —que aprobó una constitución largamente inspirada en la española—. «A mayor abundamiento, España era el refugio de los agitadores europeos perseguidos en sus países, en especial los franceses que fracasaron en las diversas intentonas para derrocar a Luis XVIII y los carbonarios italianos proscritos en Austria».
En el Congreso de Troppau celebrado en octubre de 1820 Austria, Prusia y Rusia (las tres monarquías absolutas integrantes de la Santa Alianza) aprobaron el Protocolo de Troppau por el que se arrogaban el derecho de intervenir en «los Estados que hayan experimentado un cambio de Gobierno a causa de una revolución y como resultado de ello amenacen a otros Estados». El Congreso lo había convocado la Cuádruple Alianza —desde 1818 Quíntuple Alianza de facto por la incorporación del Reino de Francia— y en él se acordó aplicar el Protocolo lo que suponía «autorizar» al Imperio de Austria a intervenir en el Reino de Nápoles. La entrada de las tropas austríacas en la capital napolitana se produjo en marzo de 1821, en el mismo mes en que se iniciaba la revolución en el Reino del Piamonte, de brevísima duración y que como Nápoles también adoptó la Constitución gaditana. Asimismo sería aplastada por los austríacos.
En cuanto las revoluciones italianas fueron sofocadas toda la atención de las potencias absolutistas de la Santa Alianza se centró España. En mayo de 1821 el gobierno del Imperio Ruso enviaba una nota a sus embajadores en la que se manifestaba la «aflicción» y el «dolor» de los soberanos europeos y su desaprobación por «los medios revolucionarios puestos en práctica para dar a España nuevas instituciones». Por su parte, el canciller Metternich, el principal artífice del nuevo orden europeo posterior a Napoleón, llegó a considerar más peligrosa la Revolución española de 1820 que la Revolución francesa de 1789, porque la primera había sido «local» mientras que la española era «europea». Metternich en el Congreso de Laibach, donde finalmente se dio vía libre a la intervención austríaca en Nápoles, ya había presionado al representante del Reino de Francia para que interviniera en España —«Es necesario quitarse de encima ese peligro que tenéis a las puertas; es una amenaza para vuestro Gobierno», le había dicho— pero este respondió: «España no es una amenaza; la constitución se debilitará por sí misma y se verá obligada a modificarla».
Por otro lado, el rey Fernando VII desde el primer momento mantuvo una correspondencia secreta con los monarcas europeos, sobre todo con el zar Alejandro I —a través del conde Bulgari, su embajador en Madrid— y el rey francés Luis XVIII —quien le mostró un «doloroso interés» por su situación—. En junio de 1821 le insistió al zar que la única forma de salvar su persona y la monarquía española consistía en recibir «el poderoso auxilio de fuerza armada extranjera». Con fecha de 10 de agosto de 1822 Fernando VII le volvió a escribir una carta en la que en primer lugar desmentía la imagen que daban de él los liberales «como el hombre más cruel y tirano del mundo, cuando no hay un solo ejemplar de que yo haya abusado del poder que la divina providencia me tiene confiado. Mi compasivo y clemente corazón jamás ha sido dominado de semejante defecto». A continuación describía un país contrario a la Constitución que «solo la toleraba por estar subyugados por la rebelión militar y por el Gobierno. Las provincias de Cataluña, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa están levantadas en masa, y casi sucede lo mismo en Aragón, Valencia y Castilla, y no hay provincia en España que haya dejado de pronunciarse a mi favor». La carta concluía pidiendo su total apoyo a la intervención en España —de un ejército extranjero, no «en concepto de conquistador, sino de auxiliador»— que se iba a tratar en el próximo Congreso de Verona:
Las cartas secretas de Fernando VII eran completadas con las gestiones de sus agentes en el exterior. A uno de los más destacados, el exembajador en Roma Antonio Vargas Laguna que había sido destituido por negarse a jurar la Constitución, le escribió en diciembre de 1821: «Te pido que lo hagas saber a los soberanos extranjeros para que vengan a sacarme de la esclavitud en que me hallo y libertarme del peligro que me amenaza». Vargas Laguna cumplió con su misión y consiguió que el rey de Nápoles Fernando I enviara una carta a todos los monarcas europeos para que se interesaran por la suerte del rey de España. Para lograr el objetivo de recobrar su «libertad» Fernando VII llegó a prometer que cuando le libraran de su «cautiverio» no restauraría «su poder absoluto» (promesa que no cumpliría). En la carta del 10 de agosto también le había escrito al zar Alejandro lo siguiente: «No crea V.M.Y. que es mi ánimo volver a reynar baxo del régimen que llaman absoluto, y que exercí desde el año 1814 hasta el de 1820... No señor, estoy dispuesto a introducir en mi reyno variaciones que alejen de toda idea de semejante calumnia». En realidad esta actitud respondía a la presión francesa, cuyo embajador en Madrid le había comunicado a Fernando VII en un papel secreto que «la Francia no se prestará jamás al restablecimiento del sistema pasado y la Monarquía absoluta. El sistema actual de su Gobierno la pone en la decisiva imposibilidad de favorecer cualquier régimen absoluto». También le decía que el Ejército francés que estaba acantonado en los Pirineos, oficialmente para contener la epidemia de fiebre amarilla declarada en Cataluña, «está dispuesto a proteger y apoyar todos los esfuerzos que hagan los realistas para ejecutar planes razonables y moderados» (esta última palabra no debió gustarle a Fernando VII, apostilla Emilio La Parra López).
El falso «tratado secreto de Verona»
Aunque el tema principal debía haber sido la «cuestión de Oriente» (el levantamiento griego contra el dominio del Imperio Otomano), el Congreso de Verona celebrado entre el 20 de octubre y el 14 de diciembre de 1822 se ocupó especialmente de «los peligros de la revolución de España con relación a Europa». La representación británica la ostentó el duque de Wellington que acudió con el encargo de su gobierno de oponerse a cualquier tipo intervención en España. Los que se mostraron como los más firmes partidarios de esta fueron el zar de Rusia Alejandro I, que había recibido numerosas peticiones de auxilio por parte de Fernando VII, y el rey francés Luis XVIII, que también había recibido las cartas desesperadas del rey español y las peticiones de ayuda de los realistas, pero que sobre todo estaba muy interesado en rehacer el prestigio internacional de la Francia borbónica. El canciller austríaco Metternich, por su parte, propuso que se enviaran «Notas formales» al Gobierno de Madrid para que este moderara sus posiciones y en caso de no obtener una respuesta satisfactoria romper las relaciones diplomáticas con el régimen español.