El caso Matute Johns es un caso judicial chileno referido al asesinato del joven penquista Jorge Eduardo Matute Johns. Su desaparición —ocurrida el 19 de noviembre de 1999— y el posterior hallazgo de sus restos el 12 de febrero de 2004 a orillas del río Biobío impactaron a todo Chile, convirtiéndolo en uno de los procesos penales más recordados del país.
El caso fue cerrado en 2010 sin que se establecieran responsabilidades en la muerte de Matute Johns, pero en enero de 2014 fue reabierto. El 20 de noviembre de ese año, un informe del Servicio Médico Legal confirmó que Matute Johns había sido asesinado mediante pentobarbital.
Jorge Eduardo Matute Johns nació el 24 de febrero de 1976 en el Sanatorio Alemán de Concepción, hijo del sindicalista Jorge Matute Matute y de María Teresa Johns. Cursó sus estudios en los colegios Sagrados Corazones y Salesiano de la misma ciudad. En este último, en 1993, formó la banda musical «Reacción en Cadena» junto a sus compañeros Marcelo Sepúlveda y Gerardo Roa. En 1994 ingresó a estudiar biología marina en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, aunque luego rindió nuevamente la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para postular a ingeniería forestal en la Universidad de Concepción.
El 19 de noviembre de 1999, Jorge Matute Johns (23 años) salió de su casa en la Villa Spring Hill, comuna de San Pedro de la Paz, rumbo a la discoteca «La Cucaracha» en Talcahuano, acompañado de sus amigos Gerardo Roa y las hermanas María José y María Paz Maldonado. La madrugada del 20 de noviembre fue la última vez que se lo vio con vida. Al día siguiente, Roa llamó a la familia de Matute Johns para informar que el joven no se había reunido con él, y luego avisó a la policía y al hospital. Poco después, la novia del estudiante recibió una llamada telefónica anónima en la que se le comunicó que algo grave le había ocurrido.
En los días posteriores a la desaparición se realizaron los primeros peritajes en San Pedro de la Paz sin resultados positivos. La familia del joven recibió llamadas en las que se exigían 50 millones de pesos para liberarlo.
Investigación inicial por secuestro
El 26 de noviembre de 1999, el padre del joven, Jorge Matute Matute, solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción la designación de un ministro en visita para la investigación, petición que fue rechazada. El 1 de diciembre, la familia interpuso una querella criminal por presunta desgracia ante el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción. La magistrada del tribunal, Flora Sepúlveda, realizó peritajes en la discoteca «La Cucaracha» e interrogó a su dueño, Bruno Betanzo, a su pareja y a tres trabajadores del recinto.
El 5 de enero de 2000 la investigación se reencuadró como secuestro y obstrucción a la justicia. El 21 de febrero, la jueza Sepúlveda decretó la prohibición de informar sobre el caso; los medios de prensa apelaron y la medida quedó sin efecto el 6 de marzo. En julio de 2000 el gobierno pidió nuevamente un ministro en visita, solicitud rechazada otra vez por el tribunal de alzada. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte de la querella el 4 de agosto de ese año.
En diciembre de 2000 fueron detenidos dos jóvenes testigos, Carlos Gajardo y Gisela Miranda, por presunta obstrucción a la justicia. Su defensa interpuso un recurso de amparo por estimar arbitraria la detención, y ambos fueron liberados el 31 de diciembre.
El 1 de enero de 2001, siete jóvenes —Cristián Herrera, Federico Homper, Óscar Araos, Jorge Bañados, Jaime Rojas, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón— fueron detenidos por los mismos cargos y procesados entre el 4 y 5 de ese mes. El 12 de enero recuperaron su libertad, pero la familia Matute Johns y el CDE apelaron a la Corte Suprema, que revocó la decisión el 30 de enero. El 20 de febrero los jóvenes obtuvieron la libertad provisional. Estas detenciones se dieron en el marco de pesquisas de un equipo de la Policía de Investigaciones de Chile.
Un informe del mayor de Carabineros, Andrés Ovalle, entregado a la jueza Sepúlveda el 23 de enero de 2002, liberó de responsabilidad a los siete jóvenes y estableció que los hechos apuntaban al dueño y a los dependientes de la discoteca. El 5 de abril de ese año fue demolida «La Cucaracha» a petición del propietario del terreno (actualmente ocupado por el complejo deportivo Pianura Sport).
En agosto de 2002, la familia del joven acusó a agentes de Carabineros de participar en la desaparición del estudiante. El 17 de septiembre se ordenó el arresto del mayor Ovalle por haber elaborado su informe con ayuda de los padres de dos de los jóvenes procesados. El 10 de diciembre, ante una petición de la Cámara de Diputados, la Corte de Apelaciones de Concepción nombró al magistrado Juan Rubilar Rivera como ministro en visita del caso.
La desaparición de Jorge Matute Johns llegó a su fin el 12 de febrero de 2004, cuando sus restos fueron hallados a orillas del río Biobío, en el kilómetro 22,6 de la Autopista de la Madera (Ruta CH-156, camino a Santa Juana). El 12 de marzo de ese año, el Servicio Médico Legal (SML) confirmó que la muerte había sido causada por terceros.
Sus restos pudieron ser sepultados en Concepción recién el 30 de abril de 2005, catorce meses después del hallazgo.
Primeras imputaciones y sobreseimientos
El 28 de octubre de 2005, el Consejo de Defensa del Estado solicitó al ministro en visita Juan Rubilar el procesamiento por homicidio de Jaime Rojas López y Óscar Araos Díaz, petición rechazada el 2 de noviembre y ratificada el 26 de abril de 2006 por la Corte de Apelaciones de Concepción. El 24 de mayo de ese año el magistrado dejó sin efecto el procesamiento de los siete jóvenes acusados de obstrucción a la justicia, y el 4 de diciembre decretó el sobreseimiento temporal del caso.
En mayo de 2007, un exempleado de la discoteca, Fabián Flores Silva, asumió su participación directa en la muerte del joven, lo que motivó la reapertura del caso. Sin embargo, ese mismo mes Flores confesó haber cometido falso testimonio. El 31 de diciembre el juez Rubilar dictó nuevamente el sobreseimiento temporal.
La familia del joven presentó un recurso de reposición, que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó en mayo de 2008. En 2009 se presentó nuevamente el recurso con nuevos antecedentes, lo que llevó al ministro Rubilar a ordenar la reapertura del caso. En enero de 2010, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción no aceptó la reapertura del sumario, cerrando definitivamente el caso.