María del Carmen Calvo Poyato (Cabra, Córdoba, 7 de junio de 1957) es una jurista constitucionalista, profesora universitaria y política española miembro del Partido Socialista Obrero Español, actual presidenta del Consejo de Estado desde 2024.
Doctora en Derecho Constitucional, Calvo ha ocupado relevantes cargos dentro de la Administración del Estado, llegando a ser vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia entre 2018 y 2021, en diversos gabinetes de Pedro Sánchez, así como ministra de Cultura en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, también ha sido consejera de Cultura de la Junta de Andalucía (1996-2004). También, entre 2017 y 2021 fue secretaria de Igualdad del PSOE.
Es una conocida activista del feminismo, autora de varios libros sobre el tema. Ha sido también presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.Además, ha sido Diputada en las Cortes Generales en varias ocasiones.
Estudió en el colegio de las Madres Escolapias y el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1980 y se doctoró en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Es profesora titular (en excedencia) de esta misma materia en dicha universidad, donde después asumió el cargo de secretaria general y también el de vicedecana de la Facultad de Derecho (1990-1994). De 1992 a 1996 fue secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
No es hasta mediados de los años 1990 cuando decidió centrarse en su carrera política. Su primera responsabilidad política fue la de consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba, puesto que asumió de 1994 a 1996. Su interés por los temas sociales —se define como una convencida feminista— le acercó a la órbita del Partido Socialista Obrero Español.
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
En abril de 1996, Carmen Calvo fue nombrada consejera de Cultura de la Junta de Andalucía en la quinta legislatura autonómica, en un Consejo de Gobierno regional presidido por Manuel Chaves. Calvo, que había iniciado su trayectoria política en 1994 como independiente en las filas del PSOE, se afilió a dicho partido en 1999.
En el año 2000 logró un escaño en el Parlamento de Andalucía por Córdoba en las elecciones autonómicas de 2000 concurriendo como cabeza de lista del PSOE en la circunscripción. Manuel Chaves la mantuvo al frente la Consejería de Cultura hasta febrero de 2004.
De su etapa de ocho años como consejera destaca la inauguración del Museo Picasso Málaga de arte contemporáneo en 2003, la creación de la Biblioteca Virtual de Andalucía, con una base superior a 500 documentos digitalizados de acceso público, dentro de la ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, la exposición El esplendor de los Omeyas en Córdoba, presenta el Pacto Andaluz por el Libro, para apoyar y fomentar la lectura y apoya importantes inversiones para reformar iglesias y teatros —como el Teatro de la Maestranza de Sevilla— y en funcionamiento de más de un centenar de teatros y bibliotecas además de desarrollar del Plan de Calidad de los Museos de Andalucía, que incluía la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba. También apoyó a la ciudad cordobesa como Capital Cultural Europea para el año 2016.
En 2004 debutó como actriz con el director José Luis García Sánchez, que la incluyó en el montaje final de la cinta María querida, proyecto que apoyó en su etapa de consejera de Cultura en Andalucía.
Ministerio de Cultura (2004-2007)
En enero de 2004 dio el salto a la política nacional cuando José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del partido, la eligió como uno de los diez miembros de su Comité de notables, una agrupación de políticos socialistas destacados para asesorar su campaña para llegar al Palacio de la Moncloa.
Para las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 fue nombrada de nuevo cabeza de lista del PSOE para el Congreso de Diputados por Córdoba y destacó en el intento de incentivar el voto joven, que consideraba clave para el partido socialista. Tras su elección como diputada, fue nombrada ministra de Cultura, cargo que ocupó entre abril de 2004 y julio de 2007. Entre los compromisos electorales en cultura se encontraban la celebración en 2005 del cuarto centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha, aumentar la financiación destinada a la cultura, crear un Ministerio de la Cultura y la Comunicación que englobara las políticas de medios de comunicación, la creación del Consejo Estatal de las Artes en coordinación con autonomías y ciudades además de una Ley de Excepcionalidad Cultural e impulsar a una nueva ley de Mecenazgo o patrocinio cultural.
En junio de 2005, Sophie H. Hall, juez del Juzgado de Cook (Illinois, Estados Unidos), declaró en rebeldía por un delito de desacato a Calvo y a otros 25 políticos españoles miembros del consejo de administración del Fórum Universal de las Culturas 2004 por no comparecer a una citación judicial de marzo de 2005 relativa a una sentencia dictada en 2004 sobre el Fórum de Barcelona originada por el impago a una productora de cine norteamericana.
El 6 de julio de 2007 se anunció su relevo al frente del Ministerio de Cultura, siendo su sucesor César Antonio Molina, quien juró su cargo el 9 de julio de 2007.
Una decisión controvertida fue devolver parte de la documentación originaria de la Generalidad de Cataluña que había sido expoliada por parte de las tropas franquistas al acabar la Guerra Civil, así como otros documentos que, aunque nunca habían pertenecido a dicha institución, sí pertenecían a personas privadas o herederos de estas y que se conservaban en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Se devolvieron a la administración de Cataluña con base en acuerdos con el Gobierno y partidos catalanes y diversas asociaciones catalanas que reclamaban el regreso de los documentos. En su lugar, Calvo apostó por la creación de un Centro de la Memoria de Salamanca, con fondos documentales sobre la guerra.
Una de sus responsabilidades polémicas fue el Plan Integral Antipiratería (o Plan Integral para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual), que pretendía hacer una campaña de sensibilización contra el fenómeno de la piratería digital.
En un primer momento presentó también una disminución del IVA al 4 al 1 por ciento en productos musicales y editoriales cumpliendo una de las promesas electorales, pero se vio abocada a dar una controvertida marcha atrás después del anuncio, ya que las leyes de la Unión Europea no permitían una reducción inferior al 5 % para no distorsionar el mercado interior común.