El Califato omeya de Córdoba (en árabe: خلافة قرطبة; transliterado Khilāfat Qurṭuba) o Califato de Occidente, y oficialmente como el Califato de Córdoba, fue un Estado musulmán andalusí gobernado por la dinastía omeya, tras la autoproclamación del emir Abderramán III como califa en 929. Su territorio abarcaba parte de la península ibérica y parte del norte de África, con capital en Córdoba, ciudad que ha mantenido su nombre hasta la actualidad. El Califato sucedió al emirato independiente instaurado por Abderramán I en 756.
El califato se desintegró a comienzos del siglo XI durante la Fitna de al-Ándalus, una guerra civil entre los descendientes del califa Hisham II y los sucesores de su háyib (oficial de la corte), Almanzor. En 1031, tras años de conflicto, el califato se fracturó en multitud de reinos musulmanes independientes conocidos como taifas. Por otro lado, la época del Califato de Córdoba fue la de máximo esplendor político, cultural y comercial de Al-Ándalus, aunque también fue intenso en unos de los reinos de taifas.
Abderramán I se convirtió en emir de Córdoba en 756 tras seis años de exilio después de que los omeyas perdieran el cargo de califa en Damasco a manos de los abasíes en 750. Con la intención de recuperar el poder, derrotó a los gobernantes islámicos de la Península y unió varios feudos locales en un emirato. Posteriormente, las incursiones aumentaron el tamaño del emirato; la primera llegó hasta Córcega en 806.
Los gobernantes del emirato utilizaron el título de «emir» o «sultán» hasta el siglo X. A comienzos del siglo X, Abderramán III tuvo que enfrentarse a una amenaza de invasión desde el norte de África por parte del califato fatimí, un imperio islámico chiita rival centrado en Ifriquía. Como los fatimíes también reclamaban para sí el título de califato, en respuesta Abderramán III reclamó el título de califa para él mismo. Antes de la proclamación de Abderramán como califa, los omeyas reconocían generalmente al califa abasí de Bagdad como legítimo gobernante de la comunidad musulmana. Incluso después de rechazar a los fatimíes, Aberramán mantuvo el título más prestigioso. Aunque su posición como califa no era aceptada fuera de al-Ándalus ni en sus filiales norteafricanas, internamente los omeyas españoles se consideraban más cercanos a Mahoma, y por tanto más legítimos, que los abasíes.
Los reinados de Abderramán III (929-961) y su hijo Alhaken II (961-976) constituyen el periodo de apogeo del Califato omeya, en el cual se consolida el aparato estatal cordobés.
Para afianzar la organización administrativamente de un territorio bastante extenso y de población heterogénea mayoritariamente no árabe, los soberanos recurrieron a oficiales fieles a la dinastía omeya, lo cual configuró una aristocracia palatina de fata'ls (esclavos y libertos de origen europeo), que fue progresivamente aumentando su poder civil y militar, suplantando así a la aristocracia de origen árabe. De esta manera tremendamente eficaz, se gestionó fiscalmente y de forma centralizada el cobro de los impuestos, diezmos, peajes, tasas aduaneras, derechos sobre mercados y joyas, sometiendo a la contribución del Califato incluso a los cortesanos.
En el ejército se incrementó especialmente la presencia de contingentes bereberes, debido a la intensa política califal en el Magreb. Abderramán III sometió a los señores feudales, los cuales pagaban tributos o servían en el ejército, contribuyendo al control fiscal del Califato, realizando con éxito una redistribución de la riqueza, tal como señala el geógrafo Ibn Hawqal.
Las empresas militares consolidaron el prestigio de los omeyas fuera de Al-Ándalus y estaban orientadas a garantizar la seguridad de las rutas comerciales. La política exterior se canalizó en tres direcciones: los reinos cristianos del norte peninsular, el norte de África y el Mediterráneo.
La fitna, guerra civil, comenzó en 1009 con un golpe de Estado que supuso el asesinato de Abderramán Sanchuelo, hijo de Almanzor, la deposición de Hisham II y el ascenso al poder de Muhámmad ibn Hisham ibn Abd al-Yabbar, bisnieto de Abderramán III. En el trasfondo se hallaban también problemas como la agobiante presión fiscal necesaria para financiar el coste de los esfuerzos bélicos.
A lo largo del conflicto, los diversos contendientes llamaron en su ayuda a los reinos cristianos. Córdoba y sus arrabales fueron saqueados repetidas veces, y sus monumentos, entre ellos el Alcázar andalusí y Medina Azahara, destruidos. La capital llegó a trasladarse temporalmente a Málaga. En poco más de veinte años se sucedieron 10 califas distintos (entre ellos Hisham II restaurado), pertenecientes tres de ellos a una dinastía distinta de la omeya, la hammudí.
En medio de un desorden total, se independizaron paulatinamente las taifas de Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia, Albarracín y Zaragoza. El último califa, Hisham III, fue depuesto en 1031, y se proclamó una taifa en Córdoba. Para entonces todas las coras (provincias) de Al-Ándalus que aún no se habían independizado se proclamaron independientes, bajo la regencia de clanes árabes, bereberes o eslavos. La caída del Califato supuso para Córdoba la pérdida definitiva de la hegemonía de Al-Ándalus y su declive como metrópoli.
El emir Abderramán III tomó el título de califa en 929, afirmando así la completa independencia del Califato de Córdoba del de los abasíes. Siguió el ejemplo de los fatimíes que habían fundado un califato chiita ismaelita en el Magreb después de la toma de Raqqada (capital de los aglabíes) en 909, antes de conquistar Egipto en 969 y establecerse allí definitivamente en 973.
La consecuencia de esta decisión fue que los califas omeyas de Córdoba padecían una mala reputación en la historiografía musulmana. De hecho, el califa, como "Comandante de los creyentes" tenía que ser único; este deseo de independencia religiosa fue visto como una disidencia que amenazaba la unidad espiritual de la comunidad de creyentes en el mundo árabe-musulmán clásico, ya socavada por el establecimiento del califato fatimí. Sin embargo, otros siguieron.
El apogeo del califato cordobés queda de manifiesto por su capacidad de centralización fiscal, que gestionaba las contribuciones y rentas del país: impuestos territoriales, diezmos, arrendamientos, peajes, impuestos de capitación, tasas aduaneras sobre mercancías, así como los derechos percibidos en los mercados sobre joyas, aparejos de navíos, piezas de orfebrería, etc. Asimismo, los cortesanos estaban sometidos a contribución. Administrativamente, el califato dividió su territorio en demarcaciones administrativas y militares, denominadas coras, siguiendo a grandes rasgos la anterior división administrativa del Emirato.
Durante el Califato de Córdoba el nombramiento funcionarial máximo era el de visir, el acceso a una alta magistratura permitía la promoción y ascenso de hijos y parientes próximos, lo mismo que el cese los arrastraba. El háyib o canciller ejercía todas las acciones que el califa delegaba en él, dirigía las aceifas y organizaba la política administrativa de las provincias. Era el primero de los visires y responsable de la gestión de estos. También fue muy destacado el puesto de zalmedina de Córdoba, con rango de visir. Su misión era la aplicación de la ley en asuntos de extrema gravedad, la regencia del reino en ausencia del califa, la jefatura por delegación de la Casa Real, la facultad de recibir la adhesión del pueblo en la Mezquita Mayor durante la coronación de los emires o califas y la recaudación de los impuestos extraordinarios. Subordinados suyos eran el jefe de policía y el Juez de Mercado. La importancia de este cargo quedó reflejado en la propia evolución política de Almanzor.
La administración de la justicia descansaba en los cadíes, estos ejercían sus funciones de acuerdo con el Corán y la tradición ortodoxa de la escuela malikí. El primer magistrado tenía su residencia en Córdoba y luego cada provincia tenía su juez con plena jurisdicción. Los cadíes también administraban los bienes de la comunidad y dirigían la oración en las mezquitas. En el Califato de Córdoba surgieron dos magistraturas extraordinarias: comes injustitiarum y el comes redditornum, el primero era un nombramiento del califa con poderes especiales para juzgar casos de especial importancia y el segundo juzgaba las denuncias contra los altos funcionarios.